La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado la creación de una Secretaría de Cambio Climático en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, dado que los efectos del cambio climático afectan seriamente a la población argentina.

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración tiene como finalidad expresar el sentimiento de agrado de esta Honorable Cámara si existiera la creación de una Secretaria de Cambio Climático, que aborde seriamente la temática e implemente las medidas necesarias la mitigación y adaptación al cambio climático en nuestro país.

La República Argentina, consciente de la importancia del ambiente, incluyó explícitamente su cuidado en la Constitución Nacional.

El artículo 41º de nuestra Carta Magna dice que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo."

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) abrió a la firma de los Estados la Convención Marco sobre Cambio Climático que se firmó en Nueva York con el fin de estabilizar "las concentraciones atmosféricas de gases de efecto de invernadero en un nivel que prevenga una perturbación antropogénica peligrosa del sistema climático". La Convención acuerda estabilizar para el año 2000 las emisiones de dióxido de carbono (CO2), a los niveles del año 1990 y luego reducirlos progresivamente. La Argentina aprobó la convención marco por la Ley 24.295.

La Convención quedó complementada, el 11 de diciembre de 1997, con el Protocolo de Kyoto que se propuso como objetivo la reducción de un 5,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, tomando como base los niveles de 1990, para el período 2008-2012.

Nuestro país ha participado activamente en las negociaciones que condujeron al establecimiento de la CMNUCC y del Protocolo de Kyoto.

La próxima Conferencia de las Partes (COP21) tendrá lugar en París en diciembre del presente año. Allí se asumirán compromisos vinculantes por los países participantes para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) persiguiendo limitar el incremento de la temperatura global a 2°C respecto a la era preindustrial. En una reunión recientemente realizada, el G7 se comprometió a descarbonizar totalmente sus economías para el 2100. Este es un mensaje político en miras a cerrar un acuerdo en París que garantice una meta global a largo plazo. En este orden de ideas, consideramos que es crucial que la Argentina aborde el tema de la gestión del cambio climático como política de estado.

Cuando hablamos de cambio climático estamos haciendo referencia a la variación significativa y persistente del clima durante un período largo de tiempo, susceptible de producir impactos en el medio físico, económico y social. Esta nueva situación climática debe llamar la atención a la sociedad, y en particular a su dirigencia política, acerca del real significado que posee en Argentina, cuyas consecuencias tienden a agravarse en el largo plazo, con impactos sociales y económicos que tenderán a ampliarse y profundizarse.

En la 3ra Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de fecha 26 de junio 2015 (1) se subrayó que las proyecciones indican en promedio un aumento de los índices extremos relacionados con las altas temperaturas y las precipitaciones extremas en la mayoría de las regiones del país.

Son ya numerosos los expertos en temas climáticos que señalan que en la zona central de la Argentina se ha producido en los últimos 30 años un aumento en los niveles de precipitaciones que ronda en un promedio del 40%, llegando en algunos sitios a ser del 50%. Estos aumentos se registraron en las últimas tres décadas.

Como consecuencia, en la región centro de nuestro país se han producido inundaciones con impactos catastróficos en lo económico y social ejemplo de ello es la inundación de Santa Fe de 2003 o la recientemente ocurrida en Córdoba en 2015 con crecidas que dejaron pueblos bajo el agua, más de 5000 evacuados y 12 muertos. Al factor climático, se suman los desmontes, la falta de obras de infraestructura, las urbanizaciones no planificadas, los efectos del monocultivo en la tierra y la inclusión de flora no autóctona, elementos que, según coinciden los especialistas, contribuyen a los desastres ocurridos en la zona centro del país.

Los perjuicios de estos eventos se ven agravados por la falta de conocimiento de esta nueva problemática por parte de los profesionales llamados a instrumentar las soluciones, ya que casi siempre siguen aplicando métodos y recetas que son sólo válidos en un contexto de clima estable.

El cambio climático también complicará el panorama con la previsible suba en el nivel del mar, ya que este aumento hará que los efectos de las sudestadas sean más severos sobre el Río de la Plata. Esto dificultará aún más el natural escurrimiento de aguas interiores hacia el mar generando mayores problemas en toda la ribera, las zonas bajas de las cuencas de los ríos y arroyos tributarios y en el delta del Paraná. A más largo plazo, 50 a 100 años, se espera la inundación de un área aún no determinada de la costa de la Bahía de Samborombón y la probable salinización de los acuíferos al sur de la ciudad de Buenos Aires.

Algunos impactos del cambio climático pronosticados para Argentina son: aumento de la temperatura media en el norte del país, la disminución en la zona cordillerana, el aumento en el nivel del mar y del Río de la Plata, con los consecuentes "daños colaterales" como dificultades en la provisión de agua potable, enfermedades tropicales (dengue), "stress hídrico", o mayor riesgo de incendios forestales.

Los ejemplos citados hacen imprescindible el urgente diseño de políticas públicas para hacer frente a las posibles consecuencias dañinas del cambio climático, que ya viene afectando a todo el territorio nacional.

El cambio climático plantea un escenario de mayores eventos meteorológicos extremos y se hace muy difícil que la adaptación al mismo pueda mitigar totalmente sus efectos. Esto significa que en este escenario se harán más frecuentes las llamadas "catástrofes" climáticas, lo que supondría tener que aumentar nuestra capacidad de respuesta ante estos eventos. Ello evidencia la necesidad de implementación de un plan de emergencia impulsado por el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaria de Cambio Climático con especial foco en poblaciones en zonas de riesgo.

Es importante resaltar que si bien el cambio climático plantea un desafío de enormes proporciones para la comunidad internacional y sus consecuencias afectarán a cada región del planeta, son los países más pobres los más vulnerables al mismo. Estos países son los que, por lo general, basan sus economías en una fuerte dependencia de los ecosistemas naturales y el clima, ya sea por la agricultura, pesca o silvicultura. Esto produce una alta vulnerabilidad de estas economías que son fuertemente dependientes de cualquier cambio en el sistema climático y los impactos que éste pueda generar en los ecosistemas. En la Argentina ya puede verse con contundencia esta situación cuando se evalúan económicamente los impactos que las inundaciones en la pampa húmeda ocasionan en términos de pérdidas de cosechas, ganado e infraestructura productiva.

La economía argentina es altamente vulnerable a los cambios en temperatura y precipitación debido a su perfil productivo, considerando que depende en un 19% del PIB del sector agro-exportador primario y de las industrias manufactureras asociadas a dicho sector (MAGyP, 2011), así como de la producción de energía eléctrica a partir de hidroelectricidad (40%) en las vertientes de los ríos originarios de la Cordillera de los Andes. Según los modelos predictivos de la CEPAL, bajo los escenarios de supuestos más conservadores (CEPAL, 2012), la proyección del costo económico del cambio climático es equivalente al 5% del PIB para el 2020 a 12% del PIB en el 2100.

Según el último estudio de la Dirección de Cambio Climático (año 2000) la "contribución" argentina en la emisión de GEIs es del 0,84%, que sitúa al país, por volumen, en el puesto 25 a nivel mundial y en el 53 en las emisiones per cápita. En América Latina, Argentina está tercera, después de México y Brasil. De acuerdo a la Segunda Comunicación Nacional de Argentina (SAyDS, 2007) con datos del 2000 las emisiones corresponden a: Energía con 47% (53% de gas natural, 45% derivados del petróleo, 1.2% carbón mineral, y 0.3% biomasa); Agricultura y ganadería con 44% (52% de óxido nitroso y 48% de metano); residuos con 5%; y procesos industriales con 4%. Cabe destacar que del total de las emisiones en el sector de energía, cerca de dos terceras partes corresponden al sector transporte. El resto corresponde principalmente a emisiones de la generación térmica distribuida, que han incrementado la utilización de diesel y gas oil, sustituyendo al gas natural.

Para que la Argentina pueda reducir las emisiones citadas, es necesaria una definición política del más alto nivel que defina el perfil productivo del país en los próximos 30 años. Esto significa que hay que transformar la generación de energía, la infraestructura, el transporte, la agricultura y gestión de residuos. De esta forma, el cambio climático impone grandes desafíos éticos, políticos y económicos que solo pueden ser encarados a partir de un plan de gestión con alcance nacional.

En general, se puede concluir que a la fecha Argentina ha dado los primeros pasos a nivel macro y a nivel federal para sentar las bases de una gestión pública que integre el concepto de cambio climático. Esto se refleja en el desarrollo de disposiciones legales, normativas, participación en acuerdos internacionales, y programas piloto de inversión a pequeña escala. No obstante, los avances realizados, existen aún grandes vacíos de gestión y de inversión para abordar en forma integral y efectiva los desafíos del cambio climático. A la fecha, el desarrollo de sectores productivos como energía, trasporte, agricultura, entre otros, así como los patrones de crecimiento urbano siguen un patrón de alto impacto ambiental y uso intensivo de recursos naturales y energéticos convencionales no renovables. Esto refleja que a nivel de políticas e inversiones sectoriales queda mucho por hacer para alcanzar modelos sostenibles de reducción de huella de carbono, así como para que cada sector internalice medidas de adaptación.

La asignación del presupuesto 2015 da una señal clara del foco del estado nacional, el 61% de los gastos se destinan a las funciones vinculadas a energía y minería, el 28% al transporte y solo un 1,3% a temas vinculados a medio ambiente y ecología. Por su parte, las partidas presupuestarias que se derivan de la utilización de fondos nacionales que se destinan a bosques o que correspondería destinar a glaciares, son menores a lo que debieran ser o carecen de un monto identificable. Esta asignación de recursos es contraria a la formulación de un plan contundente de gestión de cambio climático ya que se promueven medidas de corto plazo y de alto impacto ambiental en detrimento de una estrategia de sustentabilidad de largo plazo.

En general, debido a su abundancia relativa de recursos, hay una percepción generalizada de que en Argentina no existe un problema ambiental o que las vulnerabilidades y riesgos frente al deterioro ambiental y el cambio climático es bajo y la política no hay puesto su foco prioritario en estos asuntos. En este escenario, creemos que es crucial la existencia de un órgano de coordinación formal entre los distintos organismos nacionales que a su vez defina una política nacional de cambio climático que permita integrar y armonizar las distintas actividades vinculadas con la emisión de GEIs.

La creación de una Secretaría de Estado dentro de la estructura de gobierno, permitirá no solo incorporar la gestión del cambio climático en la agenda pública sino también manejar más eficientemente los problemas globales que enfrenta el país en materia de cambio climático, dando una respuesta unificada basada en las interacciones pertinentes de las políticas internas e internacionales, para beneficio del país en su conjunto.

La política estatal sobre cambio climático debe tender a contrarrestarlo, garantizando la seguridad del suministro de energía, promoviendo mercados competitivos dentro y fuera de la Argentina, así como contribuyendo a elevar el índice de crecimiento económico sustentable y a mejorar la productividad. Esta Secretaría debe trabajar en estrecha colaboración con las demás dependencias cuya labor tenga impactos importantes sobre el nivel de emisión de gases de efecto invernadero, teniendo a su cargo la política de cambio climático nacional e internacional.

La creación de la Secretaría dependiente de la Presidencia de la Nación permitirá asignar mayor énfasis a proteger y mejorar el medio ambiente natural para la salud y bienestar de todos, así como para proteger la vida silvestre y resguardar a la población de los riesgos ambientales. Dicho organismo deberá transformarse en líder del desarrollo sustentable en todos los niveles de gobierno, del consumo y producción sustentables, promoviendo la eficiencia de los recursos empresariales.

La mitigación del cambio climático plantea verdaderos desafíos financieros, tecnológicos y políticos. De no prestarle atención, nos conducirá a grandes retrocesos en el desarrollo humano durante el siglo XXI. Debemos buscar los medios y asumir la responsabilidad de evitar ese resultado. La mitigación precautoria del cambio climático es un reaseguro esencial para impedir mayores daños.

Por lo expuesto, creemos que desde el Estado Nacional se debe propender a tomar todos los cursos de acción que sean necesarios para tratar el tema con la urgencia que merece. Sin duda la educación y la información a la población deben ser prioritarias para lograr la concientización en la materia.

Es por ello que una participación pública que asegure la sostenibilidad ambiental reviste una importancia crucial y la participación regional e internacional a través de la firma de convenios, hace que el esfuerzo nacional sea mancomunado y respetuoso del trabajo que se viene llevando a cabo en distintos países del mundo y en diferentes foros internacionales.

Tengo el convencimiento que una Secretaría de Estado específica, dependiente de la Presidencia de la Nación, le dará la magnitud, importancia y jerarquía que el tema necesita.

Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis colegas diputados la aprobación del presente proyecto de declaración.