La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; de la Secretaria de Energía, la Secretaría de Obras Públicas, del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), del Ministerio de Economía, del Banco de la Nación Argentina y demás organismos que resultaran competentes informe:

a) los informes y medidas de fiscalización técnico-contable mediante los cuales se adjudicó en el marco del Plan Energético Nacional las obras de Infraestructura para la provisión de gas natural a la empresa Norberto Odebrecht

b) Copia del Acuerdo Marco. Régimen de contrataciones establecido para la obra. Presupuesto Oficial. Presupuesto adjudicado. Copia de los diferentes Contratos suscriptos.

c) Nómina de funcionarios públicos involucrados en las diferentes operaciones, como así también sus declaraciones juradas.

d) Costo total definitivo y mecanismos de financiamiento de la citada obra. Nómina y montos de los diferentes contratos de locación de obras, servicios y suministros a los Contratistas y/o Proveedores, y/o las órdenes de compra, sujetas a la previa recomendación y rúbrica del ENARGAS y/o demás organismos competentes.

e) El contenido de las Notas Oficiales intercambiadas entre el ENARGAS, la Secretaria de Energía y demás organismos-empresas involucrados en la negociación por las adjudicaciones de las citadas obras.

f) Causas que motivaron redeterminaciones de costos produciendo modificaciones en los presupuestos originales. Si en base a la documentación legal que posee la Secretaria de Energía, el ENARGAS y los demás organismos involucrados, consideran existieron o no sobreprecios en la adjudicación/ejecución de las obras. Medidas que se implementaron o piensan implementar para solucionar las irregularidades detectadas.

Señor presidente:

En Mayo de 2004, en medio de la crisis energética, el gobierno anuncio la expansión del sistema de transporte de gas natural, en el marco de lo que llamó un Plan Estratégico para el Sector Energético. Este desemboco en la constitución de diversos Fondos Fiduciarios con la finalidad de financiar obras con el objeto de ampliar la infraestructura energética del país. Una de tantas fue el Fideicomiso de Gas-Fideicomisos Financieros. Se realizó en el marco de lo establecido en la Ley Nº 24.076 y el Decreto Nacional Nº 465/05 cuyo marco normativo fue creado por la ley Nº 24.441 y específicamente mediante la Resolución Nº 185/2004 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Dicha resolución establece en su artículo 12 que la Secretaría de Energía deberá determinar los términos y condiciones en base a principios de racionalidad económica, equidad y beneficios operativos para el conjunto del sistema, bajo los cuales calificarán los proyectos que se ejecuten al amparo de los fideicomisos constituidos cuyo objeto sean obras de expansión.

En forma previa a la calificación, los proyectos junto con sus montos y cargos tarifarios respectivos deberán contar con la aprobación del Ente Nacional regulador del Gas (ENARGAS). En el artículo 13 se establece que la Secretaría de Energía deberá definir el régimen de contrataciones de todas las obras que se realicen en el marco de lo dispuesto en la norma.

Del mismo modo, mediante el Decreto Nº 1216/ 06 se fijó el procedimiento para la constitución y aplicación de los cargos específicos, estableciendo que el Ministerio de Planificación Federal definirá los términos y condiciones bajo los cuales calificarán las obras que se ejecuten al amparo de los Fideicomisos; que con la asistencia técnica de la Secretaria de Energía y de los respectivos entes reguladores fijará el valor de los cargos específicos, y que por intermedio de la Secretaría de Energía o de los Entes Reguladores, en los casos que las normas aplicables a cada sector así lo requiera, convocará a audiencia pública la cual deberá celebrarse previo a la fijación del valor de los cargos específicos; que determinará a qué Fondo Fiduciario se destinará el monto recaudado por los cargos específicos.

Esta alternativa que supuestamente es un mecanismo simple, transparente y de máxima eficiencia, a nuestro criterio y en base a las recientes investigaciones por pago de sobornos, se ha desvirtuado. Los Fondos Fiduciarios se han transformado en una herramienta que el Poder Ejecutivo utiliza de manera discrecional de acuerdo a la coyuntura política con dudosa finalidad.

En el año 2005, dentro del marco del Plan Energético Nacional se convocó a las empresas transportistas para que evaluaran los costos para ampliar la capacidad de transporte de los gasoductos troncales. El cálculo global que hicieron TGN y TGS era de USD 1.599,75 millones. El valor de referencia oficial se estableció en USD 2.347 millones. En ese expediente, las obras correspondientes al contrato con la empresa Norberto Odebrecht se fijó en USD 1.386 millones. Finalmente, luego de prolongadas negociaciones, el Enargas estimó el costo total en USD 3.239 millones, más del doble de lo que había calculado en principio. En marzo del 2007, dentro del contexto de acusaciones por pago de sobornos y sobreprecios, se realizó una revisión del presupuesto reduciéndolo hasta alcanzar la cifra de USD 2.347 millones, una reducción de aproximadamente USD 900 millones.

Son crecientes las versiones que afirman que existirían sobreprecios en la segunda etapa de las obras en cuestión. Según afirma el medio periodístico "Perfil" se habría enviado en mayo último al Secretario de Energía, Daniel Cameron, una nota proveniente del ex titular del Enargas, Fulvio Madaro, en el que se afirmaba que: "Focalizando la presente nota en los valores de los contratos oportunamente suscriptos por los cargadores Cammesa y Albanesi con la empresa constructora Norberto Odebrecht, se puede afirmar que los mismos se encuentran notablemente por encima de los valores detallados precedentemente, tal como puede observarse en los Cuadros I, II y III adjuntos". Los cuadros adjuntos explicarían que el contrato de Cammesa y Albanesi contendrían un desvío por sobre el presupuesto oficial de USD 349 millones y USD 137 millones respectivamente.

Esta mecánica de sobreprecios encubiertos, adjudicaciones cartelizadas y ausencia de controles por parte de los organismos pertinentes en la construcción de diferentes obras públicas, atentan contra la transparencia y la república. Hay miles de millones de pesos que esperan saber si pasaran por este sistema de corrupción y terminaran en el bolsillo de algún delincuente (empresario o funcionario público) o si, por el contrario, irán a atender las necesidades sociales y reales de una Argentina que las tiene y en grandes cantidades.

Por todo lo expuesto, y al considerar que es una función vital del Congreso controlar el uso eficiente de los fondos públicos, como así también asegurarse que el Poder Ejecutivo Nacional actúe dentro del marco de la ley, es que solicitamos la sanción del presente pedido de informes.