La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional para que, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informe a esta H. Cámara de Diputados de la Nación las siguientes cuestiones, en relación a la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela del Mercosur:

1- Solicitamos la ratificación o el rechazo de las declaraciones realizadas por el Presidente uruguayo acerca de la posibilidad de que Uruguay sea aislado del Mercosur, en caso de no aceptar la suspensión de Venezuela del Mercosur.

2- ¿Cuáles fueron las negociaciones llevadas adelante y qué funcionarios participaron de las mismas?

3- ¿Cuáles fueron las “sugerencias” y por quién fueron transmitidas para que el Presidente uruguayo sostenga que su posición estuvo condicionada frente al temor de represalias comerciales?

Señor presidente:

Como es de público conocimiento, el Presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, ha denunciado que, por temor a represalias fundamentalmente de tipo comercial del resto de los países del Mercosur, modificó su parecer en torno a la situación en la hermana República Bolivariana de Venezuela, y aceptó la propuesta de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay de suspender a Venezuela del Mercosur.

Esta suspensión se produjo en una reunión convocada de manera extraordinaria el sábado 5 de agosto, únicamente para tratar dicha cuestión. Más allá de las irregularidades y arbitrariedades de los autodenominados miembros fundadores del bloque para suspender a Venezuela, sin respetar los principios jurídicos establecidos en el mismo Mercosur, sorprendió el cambio de posición ya que unos pocos días antes, en la Reunión Ordinaria del CMC y Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, realizada en la ciudad de Mendoza el 21 de julio, los Presidentes habían consensuado una declaración en la cual manifestaron su preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria; hicieron un urgente llamado al cese de toda violencia, en el marco del pleno respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos; instaron al Gobierno y a las fuerzas opositoras al diálogo; y manifestaron su plena disposición a acompañar ese proceso de diálogo entre venezolanos de la manera en que sus actores estimen más conveniente.

Las graves declaraciones del presidente uruguayo acerca de la posibilidad de que los trabajadores uruguayos sean perjudicados por medidas unilaterales del resto de los piases del bloque por mantener una posición política diferente constituye un hecho sin precedentes en el escenario regional e internacional. El gobierno del Presidente Macri nos tiene acostumbrados a los argentinos a amenazar a los trabajadores y a responsabilizarlos por los errores del gobierno en la marcha de la economía. Ahora, se propone aplicar el mismo método con los trabajadores de un país vecino.

La conducta y actitud del gobierno argentino constituyen una violación a los principios del derecho internacional y del derecho de la integración, que consagra el principio del consenso para la toma de decisiones tanto a nivel presidencial como a nivel de cancilleres. Sin dudas, Macri y Temer, surgido del golpe parlamentario que destituyó al Dilma Rousseff, pretenden imponer al resto de los países su particular visión de la integración regional, una integración para pocos y con beneficios exclusivos y excluyentes para las empresas extranjeras. Por eso, suspendieron irregularmente a Venezuela y por eso, amenazan con represalias comerciales al gobierno uruguayo.

Las declaraciones del Presidente Vázquez, realizadas al semanario Búsqueda y reproducidas por infinidad de medios de comunicación , coinciden a su vez con el hecho de que su gobierno no participó de la reunión de Lima en la cual sólo representantes de 11 países de América Latina y el Caribe, fuera de todo organismo o foro multilateral, consideraron que en Venezuela se produjo una ruptura del orden democrático y manifestaron la necesidad de postergar la Cumbre de CELAC. Con lo cual, la ausencia de Uruguay en la reunión de Lima parecería confirmar que en el Mercosur la posición uruguaya fue condicionada por posibles represalias comerciales, que no podrían realizarse en otros ámbitos multilaterales como la UNASUR o CELAC.

Por todo lo anteriormente señalado, es imprescindible aclarar la situación planteada por el Presidente uruguayo, ya que sería inadmisible y violatorio al principio de igualdad jurídica y soberana de los Estados, tan caro a la política exterior argentina desde la Presidencia de Hipólito Yrigoyen, el hecho de amenazar o tomar represalias a un Estado por su posición política o sus convicciones ideológicas. Ese sólo hecho, que sería inaceptable ante cualquier otro Estado de la comunidad internacional, se perpetró contra un vecino país, que es miembro de nuestro bloque regional y que, por ser de menor tamaño relativo, el gobierno nacional considera que puede condicionarlo en sus definiciones externas. La sola sugerencia de ese condicionamiento y la posibilidad de tomar represalias, torna insostenible la decisión de los cancilleres del 5 de agosto ya que ha sido firmada contra la propia voluntad de una de las partes.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que nos acompañen en el presente proyecto de resolución.