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PROYECTO DE TP
Expediente 4256-D-2015
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO EFECTUADO ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2013 CON EL EMPRESARIO ALBERTO EDUARDO PAMPIN Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 11/08/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 100
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder
Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inc. 11 de la CN para
que por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia, Unidad
Ejecutora del Bicentenario, Sindicatura General de la Nación, Oficina
Nacional de Contrataciones; Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP); Inspección General de Justicia (IGJ) y demás
organismos competentes en la materia, procedan a informar acerca de
las razones por las cuales se contrató entre los años 2011 y 2013 por
la suma $17.953.656 con el empresario Alberto Eduardo Pampín, DNI
14.223.533, CUIT 20‑14223533‑2, domiciliado en Av. Scalabrini Ortiz
1278, 4º "A", C.A.B.A, que estaba condenado con sentencia firme por
delito doloso a la pena de cinco años de prisión y con inhabilidad para
ejercer el comercio con el Estado mediante su ex empresa, Pampín
Luces SRL CUIT: 30-64544968-8.
1.- Explicar los motivos
por los cuales Pampín Luces SRL CUIT: 30-64544968-8 obtuvo
certificados fiscales de la AFIP para ser contratista del Estado en
cuatro oportunidades una vez condenado: el 22 de junio del 2011
(certificado 47/13823/2011), el 16 de noviembre del 2011 (certificado
47/27231/2011), el 11 de junio del 2012 (certificado 47/13187/2012) y
el 25 de marzo del 2013 (certificado 47/6828/2013).
2.- Acreditar las razones
por las cuales se soslayó en el caso lo dispuesto por el "inciso D" del
artículo 28 del "Régimen de Contrataciones de la Administración
Pública" (Decreto 1023/2001), en tanto especifica que no podrán
contratar con la Administración Pública Nacional y están inhabilitados,
"los condenados por delitos dolosos", quienes no podrán realizar
negocios con el Estado por "un lapso igual al doble de la
condena".
3.- Remitir los
antecedentes relativos a todas las contrataciones efectuadas por el
Estado con la firma Pampín Luces SRL y/o Sr. Alberto Eduardo Pampín
desde 2003 a la actualidad.
4.- Remitir todos los
antecedentes relativos a inscripción, socios, modificaciones
estatutarias, cesión de cuotas parte, de las firma Pampín Luces SRL
inscripta en la Inspección General de Justicia bajo número 5488, en
el libro 94 del tomo de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, con el expediente correlativo
1540560.
5.- Certificar: a) si el 8 de
agosto de 2013 por Escritura Nº 108, pasada ante Escribana Mónica
Liliana Sanguineti, al folio 445 del Registro Notarial 1469 de la Capital
Federal, a su cargo, Alberto Eduardo Pampín, argentino, divorciado,
DNI 14.223.533, CUIT 20142235332, domiciliado en Scalabrini Ortiz
1278, 4º "A", C.A.B.A., cedió a título gratuito a su hijo Pedro Eduardo
Pampín, argentino, soltero, DNI 36.720.998, CUIL 20367209985,
domiciliado en Av. Scalabrini Ortiz 1278, 4º "A"., Capital Federal, 7.000
cuotas sociales.
b) Si las cuotas cedidas
representan el 70% del capital social y fue aprobada en reunión
unánime de socios del 26 de julio de 2013, cuya acta obra a fojas 25
del Libro de Actas de Reunión de socios número 2.
c) Si con esta cesión
gratuita de cuotas sociales Alberto Eduardo Pampín, perdió el carácter
de socio, manteniendo su cargo de gerente.
6.- Acreditar con el
sustento documental pertinente la totalidad de los pagos que el
gobierno nacional ha efectuado a Pampín Luces SRL desde 2003 a la
actualidad.
7.- Adjuntar copias de los
balances de Pampín Luces SRL correspondientes a los últimos diez
períodos fiscales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional viene
invirtiendo cientos de millones de dólares en sistemas de identificación
de sus ciudadanos, y otros tantos en controlar su vida impositiva. Sólo
precisa de unos segundos para saber si una persona cumple con
requisitos (nunca difundidos) para poder adquirir divisas; y, en breve,
el sistema de identificación biométrica hará posible saber al instante el
nombre e historial de cada persona captada por las cámaras de
seguridad.
Pero todo este esfuerzo
pareciera fallar cuando se trata de un empresario ligado al poder que,
pese a estar condenado por haber sometido a una menor al
proxenetismo, entraba y salía de la Casa Rosada sin que el sistema de
seguridad de la sede de gobierno siquiera lo alertara. Y lo que es igual
de grave, fue cubierto por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), aun cuando su nombre figuraba entre los prófugos
buscados por Interpol.
Se trata de la historia del
empresario Alberto Eduardo Pampín, que en la actualidad cumple una
condena por haber sido hallado penalmente responsable de promover
la prostitución de una menor, que había sido entregada para
proxenetismo por sus propios padres.
El caso surgió a partir de
la revelación del diario Clarín, a comienzos de agosto de este año, en
donde relataba la historia de abusos que padeció una adolescente,
entregada por su familia a una red de prostitución que operaba en dos
departamentos de la Ciudad de Buenos Aires. Por este delito se
condenó -entre otros- al empresario del rubro de la iluminación, un
hombre de fuertes vínculos con uno de los grupos de artistas y shows
preferidos en la Casa Rosada: Fuerza Bruta.
Alberto Pampín, por otro
lado, se encontraba prófugo, aunque su abogado afirmó que su cliente
nunca había sido notificado de tal situación. Lo llamativo era que para
ese momento ya existía un pedido de captura de Pampín en la página
de Interpol. Y fue la chica abusada durante meses a comienzos del año
2001 quien dio con el paradero del empresario.
El proxeneta logró,
mientras tanto, millonarios contratos con el Estado desde el año 2011,
incluso cuando ya estaba condenado y con inhabilidad para ejercer el
comercio con el Estado mediante su ex empresa, Pampín Luces SRL.
Su principal contratante durante ese lapso fue nada más ni nada
menos que Tecnópolis, entidad perteneciente a la Unidad Ejecutora del
Bicentenario, dependiente de la Presidencia de la Nación.
Esta dependencia atiende
dentro de la Casa Rosada, por lo que no resulta aventurado decir que
Pampín debe haber entrado más de una vez a la sede de gobierno sin
que los controles de seguridad descubrieran que estaban dejando
pasar a un criminal condenado.
Una acordada de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación realizada el 11 de junio del 2013,
desestimó -por mayoría y sin tratamiento-, un recurso de queja
realizado por la defensa de Alberto Eduardo Pampín. La única firma en
disidencia perteneció al doctor Eugenio Zaffaroni. Se trata del mismo
magistrado que estuvo involucrado en otro incidente de proxenetismo
con unos departamentos a su nombre, aunque su caso fue cerrado
luego que el apoderado de sus bienes, Ricardo Montivero, se hiciera
responsable de las infracciones ante el juez Carlos Bruniard y pagara
una multa de $12.500 para extinguir la causa.
Cuando recibió la copia de
la causa de Pompín, Zaffaroni buscó "revivirla" intentando enviarla a la
Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. El intento de Zaffaroni fue
arruinado por la mayoría de los otros miembros de la Corte. No son
pocos los abogados consultados por el sitio web Eliminando Variables
que vieron como sugestivo este hecho, que hubiese beneficiado al
empresario Pampín, muy ligado a la Unidad Ejecutora del Bicentenario
con sede en Balcarce 50. No son menores las suspicacias que despierta
la cercanía entre la Casa Rosada que contrataba al proxeneta y el juez
de la Corte Suprema célebre por sus fallos que beneficiaron en el
pasado a personas acusadas de abusos carnales.
Mientras el recurso en la
máxima instancia judicial argentina era rechazado, Pampín continuó
realizando negocios con el Estado, al ganar 3 licitaciones públicas
destinadas a Tecnópolis, por la nada despreciable cifra de $6.370.180.
Es decir que mientras cargaba con la condena, seguía siendo
beneficiado con contratos sin que ningún funcionario se molestara en
corroborar los antecedentes de uno de sus grandes contratistas.
En efecto, los casi 6.4
millones de pesos ganados en el lapso de dos meses, a la vez, son
parte de los $17.953.656 que ganó Pampín Luces SRL con Tecnópolis
desde el año 2011 hasta mediados del 2013, cuando Alberto Pampín
era aún su titular. De hecho, al momento de iniciar las contrataciones,
el Tribunal Oral en los Criminal N° 17 ya había condenado a Pampín a
cinco años de prisión, hecho confirmado por la Cámara Nacional de
Casación Penal en noviembre del 2011.
El "inciso D" del artículo
28 del "Régimen de Contrataciones de la Administración Pública"
(Decreto 1023/2001), especifica que no podrán contratar con la
Administración Pública Nacional y están inhabilitados, "los condenados
por delitos dolosos", quienes no podrán realizar negocios con el Estado
por "un lapso igual al doble de la condena". Según la opinión
predominante tanto en doctrina como en jurisprudencia, la
prostitución y corrupción son delitos dolosos. "El dolo consiste en la
conciencia del que obra al estar promoviendo o facilitando la
prostitución o corrupción. El delito se tipifica también a través de la
satisfacción de deseos propios", explican profesionales del derecho
consultados.
Es decir que, desde el
2011, Alberto Eduardo Pampín estaba inhabilitado, como presidente de
Pampín Luces SRL, a realizar contrataciones con el Estado por un lapso
de al menos 10 años. Sin embargo, las 7 contrataciones ganadas por
esta compañía desde el 2011 y a las que se accedió, muestran que
"alguien hizo la vista gorda" en la Secretaría General de la Presidencia,
responsable de las contrataciones de la Unidad Ejecutora del
Bicentenario. Y tal como se verá más adelante, no fue hasta bien
ingresado el año 2013 que el proxeneta dejó la firma.
Incluso, aun procesado y
condenado, obtuvo certificados fiscales de la AFIP para ser contratista
del Estado en cuatro oportunidades una vez condenado: el 22 de junio
del 2011 (certificado 47/13823/2011), el 16 de noviembre del 2011
(certificado 47/27231/2011), el 11 de junio del 2012 (certificado
47/13187/2012) y el 25 de marzo del 2013 (certificado
47/6828/2013).
La AFIP es el mismo
organismo que muestra una impresionante efectividad investigativa
cuando se trata de evasores, contrabandistas o de negar un permiso
de compras de divisas a los contribuyentes comunes. Pero en este
caso, le dio certificados a una empresa liderada por un proxeneta sin
que sonara ninguna de las alarmas que se disparan cuando un
ciudadano común pretende, por ejemplo, comprar algunos dólares
para ahorrar.
No puede argumentarse
que la empresa ya estuviera desligada de Pampín. De acuerdo con
documentos a los que accedió este blog, el empresario condenado
cedió sus acciones en la compañía Pampín Luces SRL el 6 de agosto
del 2013, 56 días después de haber sido condenado y con pedido de
captura de Interpol. Lo hizo mediante las escrituras 107 y 108
realizadas ante la escribana Mónica Liliana Sanguinetti. Allí,
específicamente, Pampín entregó 7 mil cuotas sociales a título
gratuito, a su hijo Pedro Eduardo Pampín, mientras que vendió dos mil
cuotas sociales de la empresa a Bernardo Luis Doiny y María Gracia
Franco. Según el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 4331,
publicado el 3 de febrero del 2014, Pampin Luces SRL actualmente
pertenece a Bernardo Doiny, y desde julio de este año posee un
pedido de quiebra.
La base de proveedores
del Estado (SIPRO), muestra que Pampín Luces SRL tuvo su contrato
constitutivo el 31 de julio de 1991, con el objeto de realizar iluminación
para eventos y espectáculos. El nombre original de la compañía era
"Pampín & Pujía Luces SRL", y fue registrada bajo el número de
inscripción en la Inspección General de Justicia 5488, en el libro 94 del
tomo de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con el expediente
correlativo 1540560.
Hasta el 2010, según el
SIPRO, básicamente trabajaba con clientes privados. De hecho, entre
la selección de clientes dados a conocer por el mismo Alberto Pampín
el 2 de septiembre de ese año, afirmaba haber realizado trabajos para
los canales de televisión Telefé, América TV, y una agencia de
publicidad de primera línea en el mercado.
Alberto Pampín figuró en
la mayoría de las modificaciones de directorio publicadas sobre Pampín
Luces en el Boletín Oficial, salvo cuando ingresaron gerentes en la
sociedad de responsabilidad limitada. El último "gerente" nombrado
durante el año 2012 fue Javier Alejandro Bustos, un monotributista y
especialista en la producción de espectáculos teatrales y
musicales.
Hoy el destino de la
empresa es incierto: Desde el 14 de julio del 2014, posee un pedido de
quiebra que se tramita en el juzgado comercial a cargo de la doctora
María Cristina O'Reilly.
Sin embargo, como se
vio, no todo fue zozobra en la vida de Pampín Luces SRL durante los
últimos años, lo cual hace más sugestiva la repentina decadencia de la
firma. Entre el 2011 y mediados del 2013, Pampín Luces SRL facturó,
solamente para el predio de Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia,
Tecnología y Art, un promedio anual de 6 millones de pesos en
concepto de alquileres y provisión de equipos de iluminación. Poco más
de doce meses después del cambio de accionistas, ocurrido en agosto
del 2013, pareciera que el dinero de la compañía se esfumó.
Por ejemplo, en el 2011,
Pampín Luces SRL fue beneficiada con la licitación pública 40/2011,
expediente 31.596/2011, por $6.220.000. La misma consistía en la
provisión, montaje y desmontaje, en calidad de alquiler, de iluminarias
a instalar en Tecnópolis.
En el 2012, Pampín Luces
SRL fue beneficiada con al menos 2 licitaciones públicas (más una
ampliación) realizadas también en Tecnópolis: la 43/2012 (expediente
34.937/2012), por un monto de $1.240.780, para instalar iluminarias;
y la 45/2012 (expediente 34.941/2012), con el fin de realizar un
servicio de iluminación ornamental en calidad de alquiler. El monto
contratado original fue de $3.435.580, al que un par de meses
después se le adicionó una ampliación por un monto de $687.116. Es
decir, el total facturado en la licitación pública 45/2012 fue por $
4.122.696, alcanzando en el año 2012 unos 5.363.476 pesos.
Ya en el año 2013,
también gracias a Tecnópolis, Pampin Luces SRL ganó 3 licitaciones
públicas por un total de $6.370.180. Las mismas fueron las licitaciones
25/2013 (expediente 35.597/2013), 26/2013 (expediente 35.524/2013)
y 28/2013 (expediente 38.570/2013). Las adjudicaciones fueron,
respectivamente, por $479.160, 4.610.900 y por $1.280.120.
Cabe destacar que en
todos los casos, las licitaciones mencionadas en el párrafo anterior
fueron realizadas por la Dirección de Patrimonio y Suministros
dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación.
La joven víctima que
actuando en solitario logró identificar y poner tras las rejas a Pampín
mostró tener más recursos que el Estado nacional para darle un final
lógico al caso. Y desnudó la dolorosa realidad de un sistema judicial
que no puede atravesar con su mirada los filtros que se construyeron
para opacar lo que sucede en ciertos pasillos del gobierno. Queda claro
que esos ámbitos, un condenado puede seguir haciendo sus negocios
y pasearse cerca del despacho presidencial sin que se active ninguna
de las alarmas que protege a la primera mandataria.
No menos importante es
la lección impositiva. No es tan grave doblegar las normas que impiden
contratar condenados por dolo en el Estado y asignarles millonarios
contratos; lo importante es que el ciudadano común esté al día con sus
impuestos y cumpla a rajatablas las normas si quiere conseguir un
permiso para comprar divisas.
Pampín es ahora el
ejemplo perfecto de un modo de hacer negocios dónde no pareciera
ser relevante tener un historial limpio. Apenas basta con saber dónde
esconderse y cómo hacer millones desde la clandestinidad (Fuente:
José M. Stella e Ignacio Montes de Oca, Eliminando Variables).
En virtud de lo
precedentemente expuesto, que reviste una innegable gravedad,
solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente
pedido de informes.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| OBRAS PUBLICAS (Primera Competencia) |