La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su solidaridad con los periodistas venezolanos Leocenis García y Padre José Palmar de "Reporte Diario de la Economía" a raíz de la persecución que sufren por denunciar actos de corrupción.

Asimismo, exhorta al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cesar la persecución a dichos periodistas y respetar de modo irrestricto el derecho a la libertad de expresión de todos sus habitantes, esencial para la plena vigencia de las instituciones democráticas.

Señor presidente:

A raíz de diversas denuncias de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A.-PDVSA formuladas por el periodista venezolano Leocenis García en Reporte Diario de la Economía fue ordenada su detención por autoridades judiciales de ese país. Simultáneamente el Padre José Palmar, presidente adjunto de dicho medio ha recibido amenazas por igual causa, según informan los medios de ese país -v.gr. El Universal del 16.08.2007, en la web

http://www.eluniversal.com/2007/08/16/pol_art_para-palmar-detencio_409169.shtml - .

Entre los hechos de corrupción denunciados se encuentran los episodios vinculados con el secuestro en el Aeroparque de Buenos Aires de una valija con ochocientos mil dólares en un vuelo procedente de Caracas fletado por ENARSA y en el que viajaban tanto personas ligadas al gobierno argentino cuando otras vinculadas con el venezolano.

Dicha situación persecutoria, importa una grave violación del derecho a la libertad de expresión tutelado en el artículos IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El libre ejercicio de este derecho es esencial para la convivencia en una sociedad libre y democrática, habiendo sido históricamente los regímenes totalitarios y tiránicos quienes habitualmente lo han conculcado.

En el ámbito regional ya en la Declaración Presidencial de las Leñas el 27 de junio de 1992 se dijo que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para la existencia y el desarrollo del MERCOSUR, principio que se ratificó en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR del 25 de julio de 1998, y se enriqueció con la Declaración Presidencial de Puerto Iguazú del 8 de julio de 2004 que destacó la alta prioridad que se asigna a la protección, promoción y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas que habitan el MERCOSUR y el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur, del 19 de junio de 2005, que precisó que La plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración.

Si bien, curiosamente, la República Bolivariana de Venezuela no ratificó expresamente el Protocolo de Ushuaia, el mismo, según su artículo 8, es parte integrante del Tratado de Asunción.

Por otra parte, estos hechos se agravan por la circunstancia de que se generen en la denuncia de notables episodios de corrupción atribuidos a autoridades de ese país y del nuestro, no debiendo olvidarse al respecto que, como establece la Convención Americana contra la Corrupción, la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

Por ello y conforme los principios de solidaridad continental que inspiran el pensamiento político argentino tal como lo expusieron, entre otros, el general San Martín y los presidentes Yrigoyen y Perón, así como los del respeto y tutela de los derechos humanos y libertades fundamentales y la lucha contra la corrupción -mandato constitucional según el art. 36 5° párrafo- justifican que esta H. Cámara exprese su solidaridad con los periodistas García y Palmar y reclame del gobierno venezolano el cese de la persecución.