La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudio ataques a Grupo Clarín

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Expresar su repudio a los ataques sufridos por el Grupo CLARIN y algunos de sus directivos, actos claramente intimidatorios que constituyen una afrenta a las libertades de prensa y de expresión.

2. Manifestar su preocupación por las imprudentes declaraciones por parte de la Presidente de la Nación y otros funcionarios nacionales que alientan un clima de violencia hacia dichos medios por parte de agrupaciones políticas que les son afines.

3. Formular su más enérgico rechazo a toda manifestación que condicione o intimide la libertad de prensa.

Señor presidente:

El presente proyecto persigue que la Cámara de Diputados de la Nación exprese su repudio y su más enérgico rechazo respecto de actos que atentan contra la libertad de prensa y de expresión.

La historia argentina tiene trágicos ejemplos de restricciones y violaciones al derecho de libertad de prensa que nos obligan como representantes del pueblo a manifestarnos prontamente ante cualquier acto que pueda regresarnos a aquellas épocas oscuras.

Los hechos que motivan el presente proyecto son de público conocimiento. El Grupo Clarín ha sufrido una serie de ataques que constituyen actos de intimidación a las libertades de prensa y de expresión reconocidas por la Constitución Nacional y diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que generan responsabilidad internacional de nuestro país.

El fin de semana pasado la casa del abogado Pablo Casey, gerente de Asuntos Públicos del Grupo Clarín fue atacada con huevos y pintura, por su parte el director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, Jorge Rendo, denunció que fue "custodiado" por un automóvil con tres personas a bordo que permaneció frente al edificio donde reside.

Asimismo aparecieron pegatinas de afiches en la Capital Federal y varias ciudades del interior con leyendas críticas contra Clarín y sus directivos, firmadas por la JP y prolijas pintadas en las paredes de la ciudad con consignas adversas al Grupo y a sus principales ejecutivos. El 26 de agosto del corriente, un grupo de desconocidos violentaron por la madrugada las oficinas que Clarín posee en la ciudad de Rosario.

Estos hechos no son nuevos, en el mes de mayo en el marco de la Feria del Libro (i) un grupo de veinte a treinta jóvenes que se identificaron como miembros de la Juventud Peronista Evita, irrumpió en los stands de Clarín y de Radio Mitre, lanzaron panfletos y gritaron consignas contra los medios del Grupo Clarín: el diario, Mitre y la señal de cable TN, (ii) fueron lanzados panfletos frente al estudio que Radio Mitre instaló en uno de los pabellones de la rural con la consigna "Con Cristina tenemos aguante", y (iii) en el camino de acceso y sobre unos gigantescos banners de la revista cultural Ñ, manifestantes pegaron calcos de unos 10 x 15 centímetros con las leyendas "Clarín miente" y "Clarín quiere inflación".

Estas pegatinas no se limitaron a la Feria del Libro sino que desde hace algunas semanas también inundan las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano. Los afiches son firmados por las agrupaciones Evita 1, La Cámpora -que fuera dirigida hasta principios de mayo por el hijo de la Presidente de la Nación- y la Juventud Peronista. No deja de ser llamativo el costo de estas pegatinas que, según especialistas, implican un gasto diario de casi 200 mil pesos, y resulta preocupante pensar de dónde pueden surgir tales recursos.

Como preámbulo a todos estos hechos no podemos olvidar las desafortunadas declaraciones del ex Presidente de la Nación Néstor Kirchner expresadas hace meses atrás, desafiantes y agraviantes hacia algunos medios. Tampoco las imprudentes palabras de Luis D'Elía, auguró exultante la quiebra del Grupo Clarín. Evidentemente desconoce, o no le importa que de cumplirse sus deseos, más allá de la pérdida de un importante medio de expresión pública, miles de argentinos perderían sus trabajos. "Pistola en la cabeza a la democracia", "dictadura mediática", "terrorismo de estado con la honra de las personas" fueron frases disparadas por D'Elía en el programa televisivo "A dos voces", dirigidas al grupo Clarín.

Ninguno de los mencionados hechos generaron declaraciones por parte del gobierno nacional rechazando o repudiando los mismos, o por lo menos que inviten a la prudencia y la convivencia. Peor aún, la propia Presidente de la Nación, Cristina Fernandez, constantemente hostiga a los medios en sus discursos.

Uno de los últimos actos con mayor repercusión pública fue la intervención del Poder Ejecutivo en la ruptura unilateral del contrato suscripto entre la Asociación del Futbol Argentino y Torneos y Competencias SA, cuyo accionista es el Grupo Clarín. Esta jugada tiene un costo de PESOS SEISCIENTOS MILLONES ($600.000.000) por diez años para todos los argentinos.

La propia Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los ataques al Grupo Clarín y solicitó una "rápida investigación a fin de detener un brote de violencia que pudiera degenerar en mayores atropellos a la libertad de prensa", también mencionó las sorpresivas inspecciones de la AFIP a empresas cercanas al Grupo Clarín, entre éstas, Torneos y Competencias (TyC), Televisión Satelital Codificada (TSC) y Telerred Imagen Sociedad Anónima (TRISA).

Los argentinos no podemos vivir y trabajar en un país en constante convulsión política. La libertad de prensa es un derecho esencial para la vida democrática que no puede verse coartada desde el poder estatal. Resulta de una extrema gravedad que los poderes públicos incentiven o consientan actos de violencia contra medios independientes por el sólo hecho de no publicar lo que ellos quieren.

Desde el Congreso tenemos la obligación de fijar posición rechazando cualquier acto violatorio del derecho de libertad de prensa y expresión, por lo que solicito a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto de resolución.