El Senado y Cámara de Diputados...

OBLIGATORIEDAD DE APROBAR POR LEY CON MAYORÍAS AGRAVADAS LAS CONDICIONALIDES EXTERNAS DE POLÍTICA ECONÓMICA IMPUESTAS POR ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Artículo 1º: OBJETO

Establécese que cuando las operaciones de crédito público contraído por el Poder Ejecutivo Nacional sean formalizadas con organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte, requerirán de una ley con mayoría agravada que las autorice expresamente en todos aquellos casos en que las mismas impongan condicionalidades de política económica para concretar los desembolsos.

Artículo 2º: MAYORÍAS AGRAVADAS

La ley de autorización expresa a la que refiere el artículo anterior, requerirá de mayorías agravadas de dos tercios de la totalidad de los miembros tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, por tratarse de una cuestión de soberanía de política económica.

Artículo 3º: VALIDEZ DE LOS ACUERDOS

Ningún acuerdo suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional con organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte tendrá validez, hasta tanto cuente con la sanción de la ley de autorización expresa con mayorías agravadas en los términos de la presente ley; y por lo tanto no podrá ser ejecutado en ninguno de sus términos hasta no contar con la sanción de dicha ley de autorización expresa.

Artículo 4º:

De forma.

Señor presidente:

Después de muchos años, Argentina ha vuelto a solicitar el auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional, que es uno de los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte. Tal circunstancia se da en un contexto económico y político muy complejo, y es por eso que ha suscitado el rechazo de gran parte de la sociedad.

Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, despierta en una gran mayoría de la ciudadanía argentina el temor de terminar en graves crisis internas, luego de severos ajustes, caída de actividad económica, consumo, inversiones y desempleo, con severas consecuencias sobre todo para los sectores medios y los más vulnerables de la sociedad.

Ante este acuerdo, que ya cuenta con la aprobación a nivel de staff técnico, pero que aún no cuenta con la aprobación del Board del Fondo Monetario, funcionarios y diputados de Cambiemos han dicho que no es necesario que pase por la aprobación del Congreso de la Nación. Para sostener tal afirmación aluden al artículo 60 de la Ley de Administración Financiera. Este artículo dice que: “ARTICULO 60.- Las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año respectivo o en una ley específica. La Ley de Presupuesto General debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas:- Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa; - Monto máximo autorizado para la operación; - Plazo mínimo de amortización; - Destino del financiamiento. Si las operaciones de crédito público de la Administración Nacional no estuvieran autorizadas en la Ley de Presupuesto General del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente”. Pero en el párrafo final menciona una excepción: “Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte”. Casualmente esta norma citada por el oficialismo para sostener la no necesidad de pasar por el Congreso, es el argumento principal de quienes sostenemos la absoluta necesidad de contar con una sanción legislativa para este tipo de acuerdos.

Quienes pensamos de este modo, también coincidimos en sostener que cuando se tome un préstamo de parte de organismos financieros internacionales de los que Argentina forma parte, no sería necesaria una nueva ley de autorización expresa. Pero este artículo citado nada dice de las condicionalidades externas que se exigen y por las que las decisiones de política económica dejan de ser soberanas. Si un crédito no tiene condicionalidades de política económica, no necesitarían de una ley, pero si comprometen decisiones soberanas de política económica de nuestro país, es impensado no contar con una ley específica que la autorice. Por lo tanto, los argumentos del oficialismo carecen de sustento, y podemos explayarnos sobre el particular.

Pese a que habitualmente se presentan este tipo de acuerdos como el respaldo del Fondo Monetario a políticas económicas autónomas diseñadas por el Poder Ejecutivo Nacional, sin embargo, las políticas económicas son diseñadas por el staff técnico del Fondo Monetario Internacional, que responde a un directorio y a la Argentina no le queda alternativa de ejecutarlas para poder disponer de los desembolsos. El reciente pre acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de fecha 12 de junio de 2018, se presenta como una serie de enumeraciones de políticas económicas supuestamente autónomas decididas por el Gobierno Argentino a las que el Fondo Monetario respalda y acompaña, pero la verdad es que son políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario a las que la Argentina tiene que ajustarse estrictamente si pretende recibir los desembolsos acordados. Esto significa ceder la soberanía de la política económica a un organismo internacional extranjero. La Constitución Nacional asigna el diseño de la política económica al Poder Ejecutivo Nacional. Pero nada dice respecto de aquella situación en la que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra condicionado, y por lo tanto, no dispone autonomía, ni independencia para tal diseño. Es por ello que mediante el presente proyecto de ley, se pone en orden esta cuestión que atañe a la soberanía de política económica, que no puede cederse a un estado extranjero o a un organismo financiero internacional extranjero. Argentina solo forma parte, es un integrante más, pero del Fondo Monetario Internacional y de otros Organismos Multilaterales, forman parte estados extranjeros que, en conjunto, obviamente ejercen mayor poder que el que pueda ejercer individualmente el Estado Argentino.

Por otra parte, Argentina tiene un historial de incumplimientos de todos acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, y esto tiene que ver directamente con la falta de respaldo que la mayoría de las veces concitan estos acuerdos. El mecanismo propuesto por la presente ley, casualmente apunta a que los acuerdos cuenten con un respaldo contundente e indiscutible de los dos tercios de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, lo que implica claramente un fuerte respaldo de la sociedad. Y cuando los acuerdos internacionales tienen un respaldo fuerte, su cumplimiento es posible.

Estoy convencido que aprobando esta ley, estaremos dando un marco para todos los acuerdos internacionales de crédito a los que acceda Argentina, y para que esos acuerdos tengan realmente un respaldo popular que los haga exitosos. Si los acuerdos son fruto de negociaciones de dos o tres funcionarios de uno y otro lado, y aprobados por un directorio internacional y un presidente de la nación, el riesgo de fracaso es altísimo, y la historia argentina lo demuestra.

Basta de cerrar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional a espaldas del pueblo. Basta de ajustes impracticables. Basta de plata sólo para pagarles a los especuladores financieros del mundo. Basta de concentrar la riqueza. Basta de excluir a los que ya están excluidos. Basta de disfrazar los ajustes como políticas beneficiosas para la gente. Basta de acuerdos a puertas cerradas. Basta de dar la espalda a los consensos. Basta de convocar a la oposición sólo para convalidar ajustes salvajes. Basta de mentirnos. Basta de tirar bombas de humo. Basta de creer que somos un país de infradotados. Basta de gobernar para unos pocos.

Por estas razones y por las que se expondrán en la oportunidad de su tratamiento parlamentario, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.