La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

A.- Informar que decisiones adoptará el Poder Ejecutivo con motivo de la renegociación de los contratos que otorgaron las concesiones viales actuales:

1. Tras haber fracasado la licitación que llevó adelante para reprivatizar los corredores viales a principios de año, el Ministerio de Planificación dejó al sistema de peajes en medio de una nebulosa que aún no ha sido resuelta. Luego de ese traspié, se resolvió mantener en forma transitoria el actual esquema y redefinir los pliegos para efectuar una nueva licitación.

2. Los contratos de los seis concesionarios actuales finalizaron legalmente el 31 de octubre del año pasado. Al no poder completar a tiempo el proceso licitatorio que había encarado para reprivatizar las rutas, el Gobierno decidió en ese momento prorrogar las concesiones hasta el 5 de mayo; posteriormente a esta fecha, se acordó de palabra con los actuales concesionarios una nueva prórroga que, en teoría, debe llegar hasta el próximo 31 de octubre

3. El problema es que esa extensión contractual que debía haberse firmado el 5 de mayo aún se encuentra en el aire y sin ninguna norma oficial que avale la continuidad operativa de las empresas que operan las rutas más transitadas; y además, desde principios de mayo, las seis operadoras de las rutas deben depositar todo lo que cobran en las cabinas en una cuenta especial del Estado y cubrir sus gastos y los sueldos con recursos propios, y por esa razón no pueden disponer de la parte de la recaudación de los peajes que les corresponde.

4. Confirmar si esa situación atípica llevó a las concesionarias a tener que negociar con el gremio de los peajistas el pago en cuotas de sueldos y aguinaldos. De acuerdo con los datos que manejan las empresas, una vez que se aprueben las prórrogas en juego, el Estado tendrá que girarles una suma total de casi $ 90 millones por las recaudaciones que tienen que cobrar de los últimos tres meses y medio.

5. Informar si más allá de la cuestión económica, que actitud adoptará el Estado por la existencia de otro aspecto que también es preocupante. Al no estar las prórrogas al día, no habría ningún sustento legal para seguir cobrando los peajes que figuran en los contratos. Que pasaría si un usuario se niega a pagar y acude a la Justicia con el argumento de que los contratos no están vigentes.

6. Informar de acuerdo a esta situación actual, si el Estado renovará las concesiones vigentes y detallar en que condiciones, con un nuevo contrato o directamente se extiende el plazo a expirar

7. Informar si solamente prorrogará las mismas por un período corto, hasta que se convoque a licitación nuevamente y detallar las condiciones a exigirse, a los operadores que mantendrán el cobro de peajes en los corredores viales más transitados del país. por un período de cuatro años y con un nuevo formato de obras e inversiones

8. Informar si la demora de la Autoridad de Aplicación en prever las nuevas condiciones de las Concesiones Viales están motivadas al atraso registrado en los relevamientos técnicos y definición de las nuevas obras que se deben incorporar en cada corredor, y también por que muchas obras que habían quedado a cargo del Estado arrastran un marcado atraso por fallas de gestión y problemas presupuestarios.

9. Detallar si en las nuevas condiciones se mantendrá el esquema actual dejando todas las ampliaciones y repavimentaciones en manos de Vialidad Nacional y el OCCOVI, el órgano de control vial; ó a diferencia del esquema actual, donde los concesionarios sólo tienen a su cargo el "mantenimiento elemental" de las rutas, los futuros operadores incluirá un nuevo formato de obras e inversiones del sistema por peaje y recursos presupuestarios, y tendrán que realizar los "trabajos de conservación y las obras estructurales" a abonarse por el Estado.

10. Informar si los nuevos concesionarios deberán realizar las obras estructurales que serán pagadas por el Estado con fondos presupuestarios para no trasladar esas inversiones a los peajes

11. Informar si se le dará a los actuales operadores de los corredores viales la prioridad en caso de llamarse a licitación o se incorporaran otras ofertas con las condiciones que se tiene previsto o con el sistema actual

12. Informar si se está cumpliendo con lo convenido para que a partir del vencimiento del 20 de diciembre de 2008, en adición al pago de cada cuota de capital e intereses se cancelará el monto de los intereses de mora adeudados a la fecha, conforme al cuadro de amortización, previsto en el nuevo contrato entre el gobierno nacional y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que regulariza el pago de los vencimientos de préstamos otorgados en 1996 para cofinanciar el proyecto de corredores viales, modifica los plazos originales y establece que la Argentina deberá abonar semestralmente un total de 32 pagos consecutivos

13. Informar que actitud adoptará el Poder Ejecutivo ante la denuncia efectuada por Mondino, dado que para el defensor del pueblo, en su informe expresa que el proceso de renegociación en los últimos años resultó "inconstitucional a partir de la aprobación ficta de múltiples contratos: esa metodología es sostenida por el gobierno nacional y en ese esquema el usuario es transformado en rehén, en tanto que los empresarios resultan ser cómplices a partir de su rol pasivo; recordó que las empresas concesionarias "recibieron fuertes multas por cuestiones relacionadas con infraestructura, seguridad y preservación del ambiente", además de diversos informes negativos de la Auditoría General de la Nación.

14. Los corredores viales cuestionados son el 1, 2, 3, 4, 5 y 6: la prórroga significa "una total indiferencia hacia los intereses de los usuarios y del patrimonio nacional". además, elevó su informe para su "análisis e intervención" a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de Privatizaciones del Congreso

B.- Informar si previamente a la recepción de las rutas por expirarse el término de las concesiones otorgadas oportunamente por el sistema de peaje, dispondrá implementar Auditorías Técnicas y Económicas, para efectuar la evaluación del estado de dichas rutas, determinando el cumplimiento de las condiciones y requisitos contractuales que fueran establecidas para el término del plazo otorgado a los Concesionarios.-

C.- Detallar si el Poder Ejecutivo recibirá los corredores viales una vez que los parámetros que se indican a continuación tengan valores con resultados satisfactorios, tales como:

1. Índice del Estado del Pavimento (IE) que debe ser mayor o igual a siete y medio (7,5) calculado de acuerdo a la metodología de Evaluación de Estado de Pavimentos de la Dirección Nacional de Vialidad

2. Capacidad Estructural de los pavimentos en servicio, a fines de cubrir las necesidades demandadas por el tránsito de circulación. Si no se cumpliera esta condición el concesionario deberá realizar tareas de refuerzo necesarias.

3. Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) mayor o igual a dos coma ocho (2,8) calculado de acuerdo a la Metodología de Evaluación de pavimentos de la DNV., con niveles de rugosidad, ahuellamiento y fisuración de rutas.

4. Condiciones exigibles para banquinas pavimentadas y de suelo, de acuerdo a las normas de diseño vigentes en la DNV

5. Conservación de alcantarillas y obras de arte, en perfecto funcionamiento y condiciones de limpieza.

6. Señalamiento horizontal de acuerdo a la Ley 24.449,de Tránsito y Seguridad Vial, normas vigentes de la DNV y especificaciones contractuales con determinación del valor de integridad superficial y garantizando la reflectividad estipulada en las especificaciones técnicas

7. Cumplimiento de las medidas y recaudos adoptados para la satisfacción de la preservación del ecosistema que se hubiere requerido en las obras contratadas

Señor presidente:

Por expediente 6515-D-2008, se presentó un proyecto de esta temática que no tuvo tratamiento parlamentario, y que ahora actualizado tiene los contenidos del presente proyecto.

Al cumplirse los plazos estipulados contractualmente, al otorgarse las Concesiones de los Corredores Viales, se hace necesario adoptar recaudos y tomar medidas para proceder a recibir las rutas verificando el estado de las mismas, dentro de las especificaciones técnicas y económicas contractuales, evitando que el Estado deba afrontar las consecuencias del incumplimiento de las mismas, asumiendo los costos y perjuicios correspondientes, además de los inconvenientes que ocasionará a los usuarios y a la sociedad toda.

Además se hace imprescindible conocer que decisión adoptará el Poder Ejecutivo a partir de la extinción de las actuales concesiones, si prorrogará los contratos con los mismos operadores, se llamará a licitación y en que condiciones, manteniendo el esquema actual de contratación o se ha previsto otras características.

Tras haber cosechado un fracaso en la licitación que llevó adelante para reprivatizar los corredores viales a principios de año, el Ministerio de Planificación dejó al sistema de peajes en medio de una nebulosa que aún no ha sido resuelta. Los contratos de los seis concesionarios actuales finalizaron legalmente el 31 de octubre del año pasado. Al no poder completar a tiempo el proceso licitatorio que había encarado para reprivatizar las rutas, el Gobierno decidió en ese momento prorrogar las concesiones hasta el 5 de mayo. A principios de abril, cuando se abrieron los sobres con las propuestas para las nuevas concesiones, el Estado se topó con una desagradable sorpresa: sólo uno de los ocho corredores que estaban en juego tuvo una oferta admisible. Luego de ese traspié, los funcionarios de Planificación resolvieron mantener en forma transitoria el actual esquema y redefinir los pliegos para efectuar una nueva licitación. En esa línea, se acordó de palabra con los actuales concesionarios una nueva prórroga que, en teoría, debe llegar hasta el próximo 31 de octubre.

Desde principios de mayo, las seis operadoras de las rutas deben depositar todo lo que cobran en las cabinas en una cuenta especial del Estado y cubrir sus gastos y los sueldos con recursos propios. La realidad es que hoy no tienen la prórroga aprobada y por esa razón no pueden disponer de la parte de la recaudación de los peajes que les corresponde.

Esa situación atípica llevó a las concesionarias a tener que negociar con el gremio de los peajistas el pago en cuotas de sueldos y aguinaldos,

De acuerdo con los datos que manejan las empresas, una vez que se aprueben las prórrogas en juego, el Estado tendrá que girarles una suma total de casi $ 90 millones por las recaudaciones que tienen que cobrar de los últimos tres meses y medio. Más allá de la cuestión económica, existe otro aspecto que también es preocupante. Al no estar las prórrogas al día, no habría ningún sustento legal para seguir cobrando los peajes que figuran en los contratos. Que pasaría si un usuario se niega a pagar y acude a la Justicia con el argumento de que los contratos no están vigentes.

Sobre obras viales en general tenemos un panorama poco eficiente, veamos:

SOBREPRECIOS Y SUBEJECUCIONES Las rutas más caras e inconclusas

Entre 2003 y 2007 representó un 30% de los recursos ejecutados en obras: sumaron más de 12.500 millones de pesos en esos cuatro años ejecutó el 80% de los fondos que le fueron asignados por las leyes de presupuesto de cada período, pero concretó menos del 60% de las obras prometidas.

En 2007 el programa reunió 4.340 millones de pesos: 2.255 millones se los asignó el Congreso mediante la Ley de Presupuesto y los otros 2.085 millones de pesos adicionales se los aportaron decisiones administrativas del jefe de Gabinete y decretos presidenciales de necesidad y urgencia, de las 340 obras de construcción de caminos, rutas y puentes que tenía previstas para el año 2007, la DNV inició 210, aunque de esas 117 avanzaron entre el 1 y el 30 por ciento. Es decir que sólo 97 obras, el 27%, tuvieron avances físicos superiores al 30 por ciento.

En 2006 estaban programadas 261 obras del plan "Construcciones". Pero el 46%, 120 expedientes, no registró ningún movimiento, aunque figuraban en la Ley de Presupuesto. Los fondos no quedaron en el colchón ni se utilizaron para otros programas. Al contrario: esas obras recibieron por ley 1.240 millones de pesos, pero al finalizar el año habían consumido 2.582 millones. En el Presupuesto de 2007, la Dirección Nacional de Vialidad tenía acumuladas 277 obras cuyo plazo de concreción excedía los límites del ejercicio anual. Al comenzar el año, todas las obras tenían su presupuesto. En total sumaban 263 millones de pesos. A poco de andar, una decisión administrativa del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández dejó sin fondos 49 obras. Otras 159 obras mantuvieron administrativamente sus recursos -tenían asignado entre 3.606 pesos y 82.206.000 pesos, pero a lo largo del año sólo recibieron un peso ($1). Hubo, en cambio, un privilegiado grupo de 35 obras que no sólo absorbió sus fondos sino que además sumaron hasta un 39.060% más.

Ese grupo de 35 proyectos consumió 631 millones de pesos, casi el triple de lo que habían recibido las 277 obras iniciales para todo el año. Seis de ellas, todas de la provincia de Santa Cruz, concentraron el 44% de los recursos: $ 278.279.919. La Ley de Presupuesto de ese año les había asignado 5,3 millones de pesos. Ese cambio de destino del dinero implicó una transferencia de recursos del resto de las provincias a Santa Cruz

La reasignación de los fondos sólo explica una parte del "Plan Estratégico Territorial". Las millonarias diferencias de precios entre los presupuestos de los proyectos y los valores ejecutados expresan otra faceta de la redistribución K. Uno de esos seis proyectos privilegiados era un tramo de 41 kilómetros de la ruta 40 a la altura de la ciudad de Rospentek, en el austral departamento de Güer Aike, en Santa Cruz. El presupuesto inicial de la obra era de 100 millones de pesos, y debía ejecutarse el 0,19% en 2007: $190.972,22. Según la documentación oficial, la obra debía costar un promedio de 2,4 millones de pesos por kilómetro. En lugar de 190 mil, el proyecto 22-10-67 recibió 25.289.012,42 pesos. Según datos de la Contaduría General de la Nación, se ejecutó ese año el 9,39% de la obra. Es decir, menos de un kilómetro y medio de asfalto. Pero el precio estuvo lejos del presupuestado. Fue nueve veces superior, a un promedio de 18,3 millones de pesos por kilómetro. El Ministerio de Economía aprobó un nuevo contrato entre el gobierno nacional y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que regulariza el pago de los vencimientos de préstamos otorgados en 1996 para cofinanciar el proyecto de corredores viales. El contrato consensuado entre las partes más el Gran Ducado de Luxemburgo, en noviembre de 2008, modifica los plazos originales y establece que la Argentina deberá abonar semestralmente un total de 32 pagos consecutivos, de los cuales el primero venció el 20 de junio de 2000. "A partir del vencimiento del 20 de diciembre de 2008, en adición al pago de cada cuota de capital e intereses se cancelará el monto de los intereses de mora adeudados a la fecha, conforme al cuadro de amortización" previsto en el mismo documento,

Se solicita información sobre si se ha dado comienzo a su cumplimiento

Se desconoce que actitud adoptó el Poder Ejecutivo ante la denuncia efectuada por el defensor del pueblo, en su informe expresa que el proceso de renegociación en los últimos seis años resultó "inconstitucional a partir de la aprobación ficta de múltiples contratos: esa metodología es sostenida por el gobierno nacional y en ese esquema el usuario es transformado en rehén, en tanto que los empresarios resultan ser cómplices a partir de su rol pasivo.

Mondino recordó que las empresas concesionarias "recibieron fuertes multas por cuestiones relacionadas con infraestructura, seguridad y preservación del ambiente", además de diversos informes negativos de la Auditoría General de la Nación.

Los corredores viales en cuestión son el 1, 2, 3, 4, 5 y 6: la prórroga significa "una total indiferencia hacia los intereses de los usuarios y del patrimonio nacional". además, elevó su informe para su "análisis e intervención" a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de Privatizaciones del Congreso Por ello se solicita la aprobación del presente proyecto.