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PROYECTO DE TP
Expediente 4136-D-2008
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO, MEDIANTE DECISION ADMINISTRATIVA 310/08.
Fecha: 31/07/2008
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 97
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional
para que, a través del organismo que corresponda se sirva informar a esta
Honorable Cámara de Diputados lo siguiente:
1- Detalle de montos y motivos del
incremento realizado a la partida presupuestaria de los años 2007 y 2008
asignado al área de la Secretaría de Medios Públicos dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros para publicidad oficial.
2- Detalle de las empresas, agencias
publicitarias y medios de comunicación con los cuales se ha contratado de
publicidad oficial durante los años 2007 y 2008, especificando criterios adoptados
para tales contrataciones, montos de las mismas y campañas realizadas.
3- Listado de medios de comunicación
que solicitaron participar de la pauta publicitaria oficial cuya solicitud fuera
rechazada durante los años 2007 y 2008, especificando los motivos o criterios
para denegarla.
4- Detalle de los montos asignados al
proveedor Xesalud S.A. durante el año 2007, discriminando los conceptos de lo
contratado con este proveedor y especificando campañas realizadas, espacios
subcontratados y/o cualquier otra prestación específica llevada a cabo por la
empresa mencionada.
5- Detalle de las contrataciones
realizadas con el incremento de los recursos asignados a publicidad oficial para el
año 2008 asignados por la Decisión Administrativa Nº 310 de 7 de julio de 2008,
especificando criterios, empresas o medios y montos de las campañas
contratadas.
6- Detalle medidas dispuestas en la
Agencia Oficial de Noticias Télam S.E. a partir del hallazgo de dinero en la
Subgerencia General el día 2 de mayo de 2008, que motivó la denuncia judicial
por parte de su Presidente Martín Granovsky. Informe sumarios o investigaciones
administrativas tomadas a fin de esclarecer el hecho y/o evitar situaciones poco
transparentes en el circuito de pago de publicidad oficial.
7- Si se ha respondido a los
requerimientos realizados por la Fiscalía del Dr. Oscar Amirante en la causa
llevada adelante contra el Secretario de Medios Enrique Albistur y otros, a partir de
la denuncia presentada el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Dr.
Manuel Garrido en el juzgado federal 9, por la supuesta discrecionalidad en el
manejo de la pauta oficial por parte de la Secretaría de Medios de Comunicación.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de julio de 2006 presentamos junto
a otros señores diputados un proyecto de ley, expediente 3761-D-06, Régimen
para la Publicidad Oficial, Derecho a la Información Pública. En sus fundamentos
manifestábamos que el manejo de la publicidad oficial para recompensar a los
que apoyan acciones del gobierno y castigar a los que elevan sus voces críticas,
constituye una decisión arbitraria y temeraria que restringe la libertad de expresión
y el derecho de la ciudadanía a ser informado.
Dos años después de la presentación
del mencionado proyecto seguimos, lamentablemente, sosteniendo que desde el
Poder Ejecutivo Nacional, se continúa utilizando la pauta de publicidad oficial para
castigar a los medios de comunicación críticos al gobierno y para premiar a
aquellos medios amigos del poder central.
La Asociación por los Derechos Civiles
(ADC), desarrolla un monitoreo constante sobre la utilización de la publicidad
oficial y su impacto en la libertad de expresión y la independencia editorial, a nivel
nacional y provincial.
Recientemente acaba de publicar un
nuevo informe, "La Publicidad Oficial del Poder Ejecutivo Nacional durante 2007",
donde algunas conclusiones fueron que el gasto en publicidad oficial continúa en
una tendencia al alza verificada en los últimos años.
Del análisis de los datos obtenidos
surge que el Poder Ejecutivo Nacional invirtió 322.392.600,63 de pesos en
publicidad oficial en 2007, un 55 por ciento más que durante el año 2006.
Entre otras observaciones ADC
puntualiza, la dificultad para conocer con precisión el monto exacto distribuido a
cada medio, ya que la Secretaria de Medios entrega la información en forma
confusa. Destaca en ese sentido que hay medios que son considerados
individualmente mientras que otros figuran como proveedores que engloban a un
grupo de medios.
El informe también señala la ausencia
total de publicidad en medios específicos, como por ejemplo la Editorial Perfil, que
inició una acción de amparo contra el Gobierno Nacional por discriminación en la
distribución de la pauta oficial.
La ADC destaca, que la ausencia de
medios, como la Editorial Perfil, entre los proveedores del Estado en el rubro
Gráfica, aparece como una práctica discriminatoria que no se justifica bajo
parámetros razonables.
Por otra parte llama poderosamente la
atención algunas de las conclusiones a las cuales se arriba con el informe de
ADC, que debieran explicarse con absoluta contundencia. Durante el año 2007, el
Estado Nacional, a través de los fondos destinados a publicidad oficial, gastó más
del 11 millones de pesos en una productora privada de nombre Xesalud S.A.,
aparentemente intermediaria entre el Estado y las productoras televisivas y
radiales, monto aquél sumamente superior al de la contratación efectuada por
pauta publicitaria con los dos canales televisivos de mayor audiencia del país.
Esta productora privada gerenciada,
según los registros oficiales, por Jorge Cesari y Néstor Kohlhuber, fue la cuarta
proveedora del estado que más pauta oficial recibió luego de los diarios Clarín,
Página 12 y La Nación, obteniendo durante 2007 una cuenta más que
abultada.
De ratificarse esta información, los
responsables de las áreas respectivas, deberán rendir cuentas de los criterios que
se adoptaron para contratar con una intermediaria la publicidad oficial cuando
podrían contratar directamente con las productoras televisivas o radiales o las
agencias responsables de campañas gráficas.
Por otra parte este proyecto pretende
que se informe detalladamente razones por las cuales se asignó un incremento de
la partida presupuestaria para el programa 19, Prensa y Difusión de Actos de
Gobierno, en la jurisdicción 25 de la Jefatura de Gabinete de Ministros a partir de
la Decisión Administrativa nº 310, publicada en el boletín oficial Nº 31.441 del 7 de
julio de 2008.
Ese incremento presupuestario que
asciende a 25 millones de pesos, debe tener una justificación significativa para
incrementar el presupuesto oportunamente asignado a un área sospechada de
manejo discrecional de los recursos para la pauta oficial, y contar con un
pormenorizado detalle de los destinos específicos de esos fondos.
La Declaración de
Chapultepec en el Principio Nº 10 expresa: "Ningún medio de comunicación o
periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o
denuncias contra el poder público". En la actualidad vemos como ese principio en
la Argentina no se cumple, ya que la crítica por parte de los medios de
comunicación al gobierno, tiene sus perjuicios directos como por ejemplo, el retiro
total de la pauta publicitaria oficial.
El informe de la Relatoría Permanente
de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) del
año 2003 cuestiona también la distribución de la pauta en Argentina y señala la
falta de reglamentación a través de una ley de alcance nacional.
La Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) en distintos informes, objeta la distribución de la
publicidad oficial en nuestro país. En su informe del año 2007, la SIP pondera la
decisión de la Corte Suprema en el caso "Editorial Río Negro c/ Neuquén
Provincia del s/acción de amparo", considerando que existió discriminación en la
distribución de publicidad oficial hacia el medio señalado cuando el gobierno de
Neuquén retirara en diciembre del 2002 su pauta publicitaria como reacción de
una denuncia publicada por el periódico sobre la compra de voluntades en la
Cámara de Diputados provincial.
"No debe perderse de vista que la
publicidad oficial puede suponer una fuente de ayuda o castigo indirecto a la
prensa, y que representa un eslabón de relativo peso en el complejo entramado
económico y financiero que rige las relaciones entre los medios de comunicación y
el estado" señala el fallo de la Corte Suprema.
Respetar y promover el pluralismo y
resguardar los derechos consagrados en la Constitución Nacional son deberes
indelegables del Estado Nacional. Desde esta Cámara de Diputados venimos
sosteniendo y denunciando, que el Poder Ejecutivo Nacional, no toma medidas
concretas para asegurar transparencia y equidad en la entrega de la publicidad
oficial.
La publicidad oficial, como ya
señalamos, es la herramienta para la difusión de los actos de gobierno, su
utilización debe ser a favor del acceso a la información y de ninguna manera debe
condicionar la libertad de prensa. La distribución discrecional de la misma supone
ir en contra de estos principios.
El proyecto de ley mencionado sobre
Régimen para la Publicidad Oficial, Derecho a la Información Pública, fue
representado el día 3 de marzo de 2008, bajo el expediente Nº 0015-D-08 y,
habiendo pasado mas de dos años, este proyecto sigue aún sin tratamiento en
esta Honorable Cámara. Cabe destacar que no a sido
el único proyecto presentado con la
intención de legislar en esta materia, también se encuentran en estado
parlamentario y por ende en condición de tratarse, los de los Sres. Diputados
Martínez Garbino (Expte. 3247-D-08), Fernando Sánchez (Expte. 1581-D-08),
Federico Pinedo (Expte. 812-D-08), Solanas (Expte. 4401-D-07), Jerez (Expte.
2707-D-07) y Linares (Expte. 4048-D-08).
Evidentemente no se está teniendo en
cuenta ningún tipo de recomendación, ni la necesidad de discutir este tema que
permita contar con una norma clara que facilite lograr la transparencia y terminar
con a arbitrariedad, el abuso y la inequidad en el uso de los recursos asignados a
la pauta de publicidad estatal.
Resulta de suma importancia que esta
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina también se informe,
respecto de las acciones desarrolladas desde los organismos del Poder Ejecutivo
Nacional con el objetivo de arribar al esclarecimiento de sendas denuncias
realizadas en su mismo ámbito, vinculados al manejo de los fondos destinados a
la pauta publicitaria del estado.
En el mes de abril del corriente año, el
Sr. Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Dr. Manuel Garrido, realizó
una denuncia contra el Secretario de Medios, Enrique Albistur, por el delito de
negociaciones incompatibles con la función pública. Dicha denuncia recayó en el
juzgado federal 9, a cargo del juez Octavio Aráoz de Lamadrid.
En su escrito de 43
carillas, el Fiscal Garrido explica que "la descripción hecha hasta el momento tiene
como fin demostrar que el Sr. Secretario de Medios, autoridad responsable de
efectuar la planificación y contratación de la publicidad oficial, junto con el
funcionario de su máxima confianza, el Sr. Subsecretario de Gestión de Medios, el
contador Alejandro Lenzberg -que tiene precisamente como función principal
asistir en la planificación y contratación de la publicidad oficial del Estado- han
distribuido pauta oficial en su propio beneficio, introduciendo así un 'interés'
indebido en beneficio propio o de tercero en contratos y operaciones en las que
han intervenido en razón de su cargo".
Esta denuncia fue tenida
en cuenta por el Fiscal Oscar Amirante, que promovió inmediatamente la
investigación. Según consigna el diario Clarín en su edición del 25 de abril de
2008, "El fiscal Oscar Amirante dio ayer (24 de abril de 2008) por verosímil la
denuncia del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido,
y abrió una investigación contra el Secretario de Medios de Comunicación de la
Nación, Enrique Albistur, y dos de sus colaboradores por supuestas
irregularidades en el manejo de casi 10 millones de pesos en publicidad
oficial"
El Fiscal Amirante, en su investigación,
solicitó información a la Secretaría de Medios, motivo por el cual se desea conocer
el grado de colaboración que se ha prestado a tal investigación.
Es sumamente importante destacar
que, conocida la denuncia del Fiscal de Investigaciones Administrativas, el Poder
Ejecutivo Nacional debiera haber separado inmediatamente del cargo a los
funcionarios sospechados, precisamente para garantizar la imparcialidad y la
transparencia en la investigación a desarrollar.
En otra área dependiente también de la
Secretaría de Medios de Comunicación, en este caso en la Agencia Oficial de
Noticias Télam S. E., el 2 de mayo de 2008, su Presidente Martín Granovsky, hizo
una denuncia que recayó en el Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del
Juzgado Federal Nº 8.
La denuncia daba cuenta del hallazgo
de un sobre con 15.000 pesos que no pertenecían ni a la Agencia Oficial de
Noticias ni a ninguna persona que desarrolla sus tareas laborales en la
misma.
Se sospecha que existe un nexo entre
el dinero hallado y la firma Action Media, "dejado" para facilitar la agilidad en los
trámites administrativos tendientes al cobro de facturas adeudadas a dicha
firma.
Fueron en consecuencia
las palabras del mismo Presidente de Télam descriptivas del hecho, "pediré al
juez, el doctor Marcelo Martínez Di Giorgi, que en nombre de Télam Sociedad del
Estado me tenga como parte querellante en la causa. Porque Télam no acepta
sobornos. Es una empresa pública: no se vende ni se alquila."
Ante esta situación se requiere la
información de las medidas adoptadas por la Agencia Oficial de Noticias Télam
S.E. con el objeto del esclarecimiento del hecho en virtud, además, de evitar en el
futuro, situaciones poco transparentes en el circuito de pago de la publicidad
oficial.
Finalmente esperamos que estos
hechos y acciones vinculados al manejo de los fondos que el Estado Nacional
destina para llevar adelante la publicidad de sus actos de gobierno, fondos
públicos, se esclarezcan a fin de garantizar transparencia y objetividad.
Situaciones todas que exigen asumir la
responsabilidad inmediata de legislar para lograr que la Argentina no esté más
sospechada ni cuestionada por el uso arbitrario y discrecional de los fondos
destinados a la publicidad oficial.
Por todo lo expuesto, Sr. Presidente es
que solicitamos la aprobación del presente proyecto de Resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GIUDICI, SILVANA MYRIAM | CIUDAD de BUENOS AIRES | UCR |
| BERTOL, PAULA MARIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| MORANDINI, NORMA ELENA | CORDOBA | MEMORIA Y DEMOCRACIA |
| MORINI, PEDRO JUAN | SANTA FE | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| COMUNICACIONES E INFORMATICA (Primera Competencia) |