La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio a la iniciativa propuesta por la Presidencia de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) a fin de legalizar la caza comercial de distintas especies de cetáceos.

Señor presidente:

La Comisión Ballenera Internacional (CBI) fue creada en 1946 por los países firmantes de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas con el propósito de "garantizar la conservación adecuada de las poblaciones de ballenas y, de esta manera, hacer posible el desarrollo ordenado de la industria ballenera". Su creación fue el resultado de la preocupación de la comunidad internacional ante el grave declive de las poblaciones de ballenas a escala mundial, amenazadas por la presión de las flotas balleneras.

En 1982, la CBI votó a favor del establecimiento en 1986 de una moratoria internacional sobre la caza de ballenas. Tras la entrada en vigor de esta moratoria, tres países desafiaron abiertamente la voluntad de la comunidad internacional de proteger a los grandes cetáceos. En 1987, Japón lanzó su programa de "investigación científica" como respuesta a las presiones para que este país abandonara la caza comercial. En 1993, Noruega sorprendió al mundo al anunciar que reanudaba la caza comercial de ballenas. Y en el año 2003, fue Islandia la que reanudó la actividad anunciando la captura de más de 500 ejemplares, también con fines científicos.

En la reunión de la CBI celebrada en Berlín en 2003, se aprobó la Iniciativa de Berlín. Una iniciativa que se basa en el Fortalecimiento de la Agenda de Conservación de la Comisión Ballenera Internacional. Durante el año 2004, la Comisión empezó el trabajo del Comité de Conservación acordado en Berlín.

Durante este tiempo, los países favorables a la caza de ballenas, liderados por Japón, han hecho todo lo posible para debilitar el trabajo de este comité, orientar su mandato hacia la explotación de las ballenas, o evitar que cuente con los medios y presupuestos adecuados. El trabajo de este Comité es fundamental para tratar de hacer de la CBI un organismo orientado a la conservación de los cetáceos en lugar de a su explotación.

En contrapartida, los países conservacionistas, con la ayuda de diversas organizaciones ambientalistas, realizan esfuerzos para salvar a las ballenas de la extinción y han podido establecer ciertos mecanismos. El de más reciente creación es el Santuario Ballenero Austral (SBA), un área marina que circunda la Antártida y en la cual está prohibida la caza comercial de las ballenas.

La resolución de crear el SBA fue aprobada por una mayoría abrumadora, con el único voto disidente de Japón. Los japoneses dejaron constancia de su objeción, y continúan cazando ballenas dentro del Santuario antártico. La justificación para ello es que no se trata de caza comercial, sino científica. Pero la CBI considera que el programa de "caza científica" japonés "no satisface necesidades críticas de investigación para el manejo de la caza ballenera en el Océano Austral", por cual es innecesario y debe detenerse.

En la reunión anual de la CBI en el año 2006, mediante una votación informal y sin ningún sustento científico, las naciones a favor de la matanza de ballenas aprobaron una resolución que culpa a los cetáceos de acabar con las pesquerías y poner en riesgo la salud alimenticia de las poblaciones costeras. Dicha resolución pone en riesgo el Santuario Ballenero Austral, que ha estado amenazado durante casi dos décadas por la Agencia de Pesquerías de Japón, que en más reciente temporada de cacería decidió unilateralmente matar casi mil ballenas, con permisos "científicos" autoconcedidos. (http://www.greenpeace.org/argentina/ballenas/cbi)

Actualmente, la CBI busca permitir la caza comercial con el otorgamiento de cupos a Japón, Noruega e Islandia, los únicos tres países que hoy capturan cetáceos. La reunión de los 88 países miembro de la CBI se hará en Marruecos este mes de junio y habrá una decisión al respecto. Se discutirá la propuesta que tiene la finalidad de que estos tres países puedan cazar cetáceos durante 10 años para hacer una evaluación de la disminución de las cuotas de caza. El fin es permitir cuotas de caza de subsistencia para especies en peligro de extinción, como la ballena de aleta o rorcual común, rorcual de sei, ballena jorobada, e incluso aumentarla en la ballena gris, que arriba a las costas de Baja California Sur.

Es decir, este nuevo acuerdo propuesto, que tiene una posibilidad realista de ser aprobado en la conferencia, permitiría a estos tres países que han continuado la matanza de ballenas grandes -en desafío al veto- reanudar la caza legalmente, a cambio de reducir el número de capturas.

El argumento del presidente de la CBI, el chileno Cristian Maqueira -que contaría con el apoyo de Estados Unidos- es que, con estrictos monitoreos sobre la caza que haría la CBI, podría bajarse la cantidad de ejemplares que mueren por esa causa. Si bien la iniciativa no contempla a los ejemplares de Ballena Franca -la especie que llega a las costas de la Provincia de Chubut- la propuesta genera preocupación tanto en organizaciones conservacionistas como en el Gobierno provincial por las consecuencias que su aprobación podría tener.

La moratoria de la caza comercial de ballenas, uno de los mayores logros mundiales en materia de medio ambiente, está en peligro de ser abandonada después de 24 años. Si se desmantela la moratoria, esta situación representaría uno de los retrocesos más dañinos para la conservación de la vida silvestre. La veda, que se pactó en 1982 y se puso en práctica en 1986, fue introducida luego de una campaña prolongada e intensa de grupos de presión tales como Greenpeace, los cuales protestaban por la intensa crueldad de la caza de ballenas.

La caza se realiza disparando arpones explosivos contra esos mamíferos grandes e inteligentes. Además, muchas poblaciones de ballenas han sufrido una drástica reducción por la caza excesiva, que ha llevado a la ballena azul al borde de la extinción.

Si bien la veda puso fin a la caza en gran escala, y las poblaciones comenzaron a recuperarse, los tres países citados continuaron la matanza: Japón, que etiquetó su cacería como investigación científica, y los noruegos e islandeses, que presentaron objeciones formales. De 1986 a la fecha entre las tres naciones han matado más de 30 mil ballenas; los japoneses encabezan la cacería con más de mil al año, sobre todo de las especies minke, de Bryde, de aleta, sei y cachalote. De todas formas la suma total de muertes ha caído a una fracción de lo que era, y la moratoria ha sido un éxito absoluto desde el punto de vista de la conservación.

En nuestra legislación, el decreto 3162/46 ratificó la Convención para la Regulación de la Caza de las Ballenas firmada en Londres el 8 de junio de 1937 y el protocolo modificatorio del mismo, suscrito en dicha ciudad el 24 de junio de 1938. Argentina fue uno de los 14 países que la suscribió junto con Australia, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Francia, Holanda, Nueva Zelanda, Perú, URSS, Reino Unido, USA y Sudáfrica. Dicho instrumento establece la creación de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).

El propósito de la Convención es promover la conservación adecuada de los stocks de ballenas y así hacer posible el desarrollo ordenado de la industria ballenera. Con los años y dado el decrecimiento en las poblaciones de ballenas, la CBI fue tomando medidas más limitantes de la caza comercial, hasta su suspensión en 1986 para todas las especies, y asimismo fue incorporando otras temáticas vinculadas con las ballenas, como ser la actividad de avistaje con fines turísticos.

Las medidas tomadas por la CBI incluyen entre otras la promoción de la protección completa para algunas especies, la designación de áreas específicas como santuarios para ballenas, el establecimiento de límites en los números y tamaños de ballenas que pueden ser capturadas, la prescripción de estaciones y áreas abiertas y cerradas a la caza, y la prohibición de la captura de crías y hembras acompañadas por crías. Además la CBI promueve, coordina, financia y publica investigaciones realizadas sobre ballenas.

Por otra parte se han dictado en nuestro país diversas normas tendientes a la protección y cuidado de la fauna marina. Así, la ley 23.094 de 1984, declaró a la especie Ballena Franca Austral (EUBALAENA AUSTRALIS) como "Monumento Natural".

Asimismo, está vigente el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, aprobado por la ley 24.216 sancionada el 1º de mayo de 1993, que en su art. 3º inc. 1 establece "La protección del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, así como del valor intrínseco de la Antártida, incluyendo sus valores de vida silvestre y estéticos y su valor como área para la realización de investigaciones científicas, en especial las esenciales para la comprensión del medio ambiente global, deberán ser consideraciones fundamentales para la planificación y realización de todas las actividades que se desarrollen en el área del Tratado Antártico." Y en el Anexo II al Protocolo citado, en el título "Conservación de la Fauna y Flora Antárticas", en el art. 7 establece: "Ninguna disposición de este Anexo afectará a los derechos y obligaciones de las Partes derivados de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas."

La resolución 278/93 de la Secretaría de Turismo declaró prioritaria la adopción de medidas tendientes a prohibir la caza indiscriminada de la ballena en todos los mares del mundo. Por su parte, la resolución 351/95 de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano prohibe la caza, captura o apropiación y tránsito en jurisdicción nacional de determinadas especies de cetáceos y pinnípedos.

El decreto Nº 146 del 30 de enero de 1998 asigna a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (hoy Secretaría del Ambiente y Desarrollo Sustentable), el objetivo de "Asistir al Presidente de la Nación en todo lo inherente a la preservación y recuperación del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales renovables tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, en el marco de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional". Por su parte, el decreto 1408/99 de fecha 02/12/99 transfirió a dicha Secretaría las competencias, obligaciones y compromisos asignados anteriormente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y alimentación del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, ante la Comisión Ballenera Internacional.

La ley 25.577 de mayo de 2002 prohíbe "la caza total o captura intencional a través de redes, otras artes de pesca o por el sistema de varamiento forzado, de cualquiera de las especies de cetáceos que figuran en el listado que obra como Anexo I de la presente ley, en todo el territorio nacional, comprendiendo éste el mar territorial, la zona económica exclusiva y sus aguas interiores" estableciendo sanciones con multas a partir de un millón de pesos ($ 1.000.000). En el caso de reincidencias, las multas podrán incrementarse al doble del mencionado valor de infracción.

Recientemente, a través de la Resolución 89/07, la Legislatura de la Provincia de Chubut expresó su "más enérgica oposición a la propuesta de la Comisión Ballenera Internacional de legislación de la caza de cetáceos con fines comerciales".

Resulta indispensable que los agentes activos en el dictado de normas de cada país se comprometan firmemente con el cuidado del medio ambiente a fin de evitar mayores desequilibrios en este ámbito. De aprobarse la propuesta de la CBI solo se generará más daño del que ya se causa a los cetáceos actualmente y es por eso que creo fundamental la declaración de repudio a esta aberrante práctica.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.