La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, informe a la brevedad y por escrito sobre distintos aspectos referidos a la fuga de la dependencia de la Policía Federal Delegación Bahía Blanca del ex teniente coronel del Ejército Julián "Laucha" Corres, quién se encuentra procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, a saber:

1) Por qué en la Dependencia de la Policía Federal Delegación Bahía Blanca existe un déficit de cámaras de video y la cámara de seguridad no funciona desde el año 2000.

2) Por qué motivo dicho establecimiento no cuenta con el correspondiente libro de guardia.

3) Por qué razón no se llevaba registro de las visitas realizadas a Corres.

4) Si efectivamente se ha podido constatar que la puerta a la calle de dicha dependencia se encontraba abierta al momento de fugarse Corres.

5) Por qué motivo la Dependencia de la Policía Federal Delegación Bahía Blanca no cuenta con infraestructura ni personal capacitado para oficiar de guardia cárcel, siendo que los represores detenidos se encontraban, según declaraciones, por fuera de las rejas, incluso llegando a tener acceso a la cocina, donde ellos mismos se cocinaban.

6) Siendo que Corres se encontraba para ser trasladado a la unidad carcelaria de Marcos Paz desde abril último, por qué no se concretó dicho traslado.

7) Cualquier otra información que sirva al presente.-

Señor presidente:

El ex teniente coronel del Ejército, Julián "Laucha" Corres, de 56 años, se fugó en la madrugada del el día sábado 26 de julio de la delegación de la Policía Federal de la ciudad de Bahía Blanca. Aparentemente Corres se retiró, en horas de la madrugada, por la puerta principal de dicha delegación ubicada en Rondeau 139, en pleno centro de la ciudad.

Corres había sido procesado el 6 de junio del presente por el juez federal Alcindo Álvarez Canale por considerarlo 'prima facie' partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad (dos casos), privación ilegal de la libertad y tormentos (veintiún casos), privación ilegal de la libertad, tormentos y lesiones gravísimas (un caso), homicidio (un caso), privación ilegal de la libertad y homicidio (cinco casos), privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio (once casos), privación ilegal de la libertad, tormentos y desaparición forzada (seis casos); desaparición forzada de un niño nacido en cautiverio (un caso), utilizando para tales fines la estructura orgánica de las fuerzas armadas y las de seguridad a ellas subordinadas -federales y provinciales-, delitos todos ellos de lesa humanidad y configurativos de genocidio. Por todo esto el juez dispuso la prisión preventiva y un embargo por 28 millones de pesos.

El ex militar, según los datos que figuran en el expediente del Juicio de la Verdad, estaba a cargo, junto con Santiago Cruciani -quien falleció en julio del año pasado sin condena alguna pese a estar procesado desde noviembre de 2006- del centro clandestino de detención conocido como "La Escuelita", ubicado en el comando en V Cuerpo del Ejército de la ciudad de Bahía Blanca.

Vale aclarar que, aferrándose a las fechas en las que Corres se habría desempeñado en dicho medio -mencionadas en su legajo- y en contra de lo planteado por la Fiscalía General, el juez Álvarez Canale dictó la falta de mérito de Corres en 34 casos de privación ilegal de la libertad, homicidios, tormentos, y desapariciones forzadas, incluyendo en este último tipo de delitos la del hijo de Graciela Romero de Metz nacido en cautiverio.

Corres fue detenido el 3 de abril de este año por personal de INTERPOL en momentos en que salía de un edificio ubicado en Uruguay y Córdoba, en la zona de los tribunales porteños y se encontraba alojado desde abril de este año en la delegación de la Policía Federal Argentina de Bahía Blanca, a la espera de ser trasladado a una unidad carcelaria de Marcos Paz.

Efectivamente, el fiscal federal de Bahía Blanca y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Dr. Hugo Omar Cañón, informó que "desde el 18 de mayo habíamos solicitado a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal el traslado del ex militar al penal de Campo de Mayo para que continué con la detención".

En lo que constituye un ejemplo más de la lentitud de la Cámara Federal de Bahía Blanca, lentitud que hasta el momento ha permitido que sean más los fallecidos y prófugos que los imputados en la investigación por los crímenes cometidos durante la dictadura, el 25 de junio pasado, es decir, 38 días después, Álvarez Canale ordenó trasladar a cuatro procesados por delitos de lesa humanidad desde la dependencia de la Policía Federal a instalaciones del Servicio Penitenciario. Para los ex jefes de la cárcel Andrés Miraglia y Héctor Selaya, para el agente Leonardo Núñez ordenó el traslado al penal de Marcos Paz y para Corres, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas. No se conocen los motivos por los que no se concretó el traslado.

A raíz de la fuga del "Laucha" Corres y por orden del fiscal la delegación policial fue intervenida y ahora se hallan en ella integrantes de la Policía Aeroportuaria con asiento en la Capital Federal.

Fuentes policiales informaron ayer que se tomaron medidas en puestos fronterizos en distintos puntos del país, con el objetivo de que Corres no logre fugarse al exterior. En esa tarea se le ha pedido colaboración a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, policías provinciales y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para dar con el paradero del represor.

El fiscal general de la Nación, Dr. Hugo Omar Cañón, admitió su temor por una eventual salida del país del represor y calificó como "inaceptable" el trato que el detenido mantenía allí con sus guardias. Además, evaluó que "son inaceptables las versiones que se dan" en la comisaría de Bahía Blanca, donde estaba detenido Corres. "Es inaceptable que no existiera un libro de guardias donde se asentaran las visitas, es inaceptable que tuvieran una promiscuidad total policías y represores, tomando mate en conjunto y cocinando en un lugar abierto", prosiguió. Asimismo Cañón se quejó de que se enteró de la fuga "muchas horas después de ocurrido el hecho". También se preguntó "por qué motivo estuvo en Bahía Blanca después de tres meses de haber sido indagado. El 25 de junio se ordenó su traslado a institutos penales de Campo de Mayo. Pasó un mes sin que se efectivice esto". "Algunos lo atribuyen al Servicio Penitenciario Federal, que carecía de móviles, pero es esa suma de circunstancias que se van sumando que coinciden con el comienzo de la feria judicial, con el comienzo de las vacaciones de invierno, con que el juez está de licencia, con la condena a (Luciano Benjamín) Menéndez, y yo, a esta altura de mi vida, creo cada vez menos en las casualidades y más en las causalidades", concluyó.

En el mismo sentido, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, entendió hoy que "no hay grises" en el caso de la fuga del represor Julián Corres, porque "o bien hubo una altísima cuota de negligencia o bien hubo una connivencia formal" para poder concretar la huida.

Pese a los reiterados pedidos de detención y denuncias por retardo de justicia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la ciudad de Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital y los fiscales Antonio Castaño y Hugo Cañón, en los dos años transcurridos la cifra de prófugos y muertos impunes ya supera a la de imputados por Álvarez Canale.

Hace ya un tiempo, el fiscal general Hugo Cañon, reflexionó: "La actitud de ciertos jueces y fiscales ante delitos de lesa humanidad denota cuanto menos cierto temor a actuar con la frontalidad que aplican en causas comunes. Si ante imputados de gran habilidad, que han gozado de impunidad por décadas y tienen recursos para eludir a la Justicia, no se actúa con habilidad y diligencia, la posibilidad de un juzgamiento adecuado puede frustrarse". Y agregó: "En Bahía Blanca se ha dado el caso de militares con órdenes de detención que seguían cobrando como retirados, lo cual es una burla a la inteligencia".

"Con la prueba reunida varios imputados debieran estar condenados", consideró el secretario de la APDH bahiense, Eduardo Hidalgo, "Pero con resoluciones insulsas y noveladas, más una evasión reiterada de los requerimientos de querellantes y fiscales, la Justicia bahiense aplica un indudable criterio de promoción y afianzamiento de la impunidad".

Otro reclamo de los organismos a Álvarez Canale es por impedir que participen de las indagatorias los abogados de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, creada por la Procuración General de la Nación justamente para auxiliar a la Justicia. La medida genera absurdos tales como el que sucedió cuando el teniente Casela, al prestar indagatoria, dijo haber participado de un operativo posterior al período en el que admitió haber prestado servicios sin que Álvarez Canale ni el fiscal Castaño se percataran.

Por todos estos motivos, exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional y a las autoridades de la Justicia Federal que dispongan todos los medios necesarios para la recaptura del ex teniente coronel del Ejército y genocida Julián "Laucha" Corres, exigiendo asimismo una pronta y rápida investigación y castigo a los responsables, por acción u omisión, de su fuga.

Por todo lo expuesto, es que solicito a los Sres. Diputados me acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-