La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio a la actitud de la República Argentina, cuya delegación ante la Asamblea General de la ONU se abstuvo en la resolución presentada por el Estado de Qatar y promovida por la Liga Árabe en la que se condena las violaciones masivas a los derechos humanos en Siria y apoya a la oposición políticamente organizada contra el régimen de Bashar Al Assad para abrir camino a un proceso de transición política.

Señor presidente:

En la Cumbre Mundial de 2005, la comunidad internacional aprobó por unanimidad el principio de la "Responsabilidad de Proteger" sosteniendo que representaba un avance significativo para la prevención de violaciones masivas a los derechos humanos. Esta norma afirma que el principio de soberanía incumbe al Estado la responsabilidad básica de proteger su propia población. Cuando la población esté sufriendo graves daños como resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras, y ese Estado no quiera o no pueda evitar dichos sufrimientos, la responsabilidad internacional de proteger tendrá prioridad sobre el principio de no intervención.

La Responsabilidad de Proteger se aplica a 4 crímenes (genocidios, limpiezas étnicas, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad) y considera a la intervención militar como último recurso, es decir, sólo cuando se hayan acabado todas las medidas diplomáticas, económicas y judiciales previstas.

La situación de Siria representa un caso de Responsabilidad de Proteger, donde la comunidad internacional no puede ser ajena. Existen numerosos informes que registraron las violaciones masivas a los derechos humanos donde se haya involucrado el gobierno sirio. Desde el comienzo de la crisis hasta la actualidad, se han intentado todas las instancias diplomáticas y de diálogo posible para resolver el conflicto. Sin embargo, ninguna tuvo resultados por la negativa del régimen de Al Assad. Para casos como estos y con el único fin de proteger a la población en peligro, la Carta de la ONU establece la aplicación del Capítulo VII para detener atrocidades masivas.

La República Argentina, una vez más, ha traicionado su legado diplomático de defensa de los derechos humanos, en pos de intereses políticos coyunturales negando el apoyo a resoluciones de las Naciones Unidas que condenan violaciones flagrantes de los derechos básicos de las personas. De esta manera, el gobierno reafirmó su política de seguimiento pasivo a las decisiones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), grupo político para el que la defensa de los derechos humanos son relativos al ejercicio del poder, como lo vemos hoy en Venezuela claramente.

A su vez, es lamentable que un Gobierno que se identifica como progresista tenga un doble discurso, defendiendo los derechos humanos en público y haciendo silencio cómplice a los violadores de los mismos , como lo vemos hoy en Siria y lo vimos antes en Libia.

La abstención de la Argentina ha sido vergonzante al impedir que se aprueben medidas concretas para poner fin a la carnicería que sufre ese lejano país. Por las razones aquí expuestas solicito a los compañeros diputados se condene esta decisión política.