El Senado y Cámara de Diputados...

DEMOCRATIZACION DEL ANSES

ARTICULO 1º: A partir de la sanción de la presente ley La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se constituye en el carácter de persona pública no estatal, administrada por los interesados con participación del Estado Nacional. El organismo previsional gozará de autonomía económica y financiera, administrado por un Directorio Ejecutivo de siete miembros, dos en representación de los trabajadores activos, dos en representación de los trabajadores jubilados y tres en representación del Estado Nacional.

El Presidente del Directorio será nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional, entre los representantes del Estado, con acuerdo del Senado, por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.

Los representantes de los trabajadores activos y jubilados serán elegidos mediante el voto directo y secreto de sus pares afiliados y beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

ARTICULO 2º: El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley en un plazo de sesenta (60) días corridos a partir de la publicación en el Boletín Oficial

ARTICULO 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional

Señor presidente:

Proponemos la transformación de la ANSES en persona pública no estatal, organismo público, que no es parte del Estado nacional. A partir de eso conformar un Directorio que responda a los parámetros fijados por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, es decir, administrado por los interesados, con participación del Estado. Interesados implica que la responsabilidad de la conducción política, la gestión del organismo previsional, debe integrarse con representantes elegidos democráticamente (elección directa) por los trabajadores activos y los trabajadores jubilados, con participación del Estado. Una seguridad social, organizada y financiada sobre criterios de reparto y solidaridad (conforme lo expresa la ley Nro 26.425 que eliminó el régimen de capitalización), debe atender con los recursos, fundamentalmente, al pago de las prestaciones previsionales, garantizando beneficios definidos, colocando los excedentes, si los hubiera, en inversiones seguras y no de riesgo.

Lo expuesto configura un cambio sustancial de la naturaleza de la Anses y su adecuación a la Constitución. De actual organismo estatal, administrado por el Estado, sin participación de los interesados, o solo a los efectos decorativos, que dispone discrecionalmente de los recursos, como si fuera un régimen de capitalización, a un Instituto público, pero no estatal, democratizado, administrado por los trabajadores con la participación del Estado. Las participación en el directorio tanto del Estado Nacional como de los beneficiarios (trabajadores y jubilados) se justifica además en el aporte de recursos que cada uno de ellos realiza al financiamiento del sistema de Seguridad Social. En efecto, los datos oficiales para el año 2009, indican que de los $104.393 millones con que contará de recursos corrientes el Anses, el 57,6% proviene de las contribuciones a la seguridad social (es decir es aportado por el salario de los trabajadores activos registrados) y el restante 42,4% lo aportan los recursos tributarios del Estado Nacional. Por tal motivo la mayoría que este proyecto asigna en el Directorio a los interesados (4 sobre 7 miembros) se justifica en el mayor aporte que estos realizan en relación con los recursos tributarios aportados por el Estado Nacional.

Democratizar el ANSES es el único camino para garantizar que los recursos con los que cuenta el sistema previsional tenga como destino resolver los problemas de sus beneficiarios. Está claro que más allá de los avances realizados en materia previsional quedan aspectos urgentes que atender. La vigencia de un sistema previsional que paga dominantemente jubilaciones mínimas (el 75,9% de los jubilados y pensionados están en esta situación), el achatamiento de la pirámide previsional, la restrictiva fórmula de movilidad, así como la deuda por movilidad del período 2002 - 2006, son un muestrario de los déficits de prestaciones que aún carga el actual sistema. No obstante lo expuesto, a partir de la eliminación del régimen de capitalización se han dispuesto una serie de medidas económicas financiadas tanto con recursos corrientes del ANSES como con los

activos traspasados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que nada tienen que ver con los problemas urgentes de los jubilados actuales. Reseñamos brevemente estas medidas:

a) El primer paquete "anticrisis" que destinaba $13.200 millones financiados por el ANSES, para que por medio de licitaciones por vía de bancos privados, se otorgaran créditos a la industria automotriz (tanto de vehículos personales, como taxis, camiones y utilitarios) a la compra de bienes de consumo durable (electrodomésticos), a la financiación de exportaciones industriales, a la financiación de capital de trabajo para pymes y a la financiación de ciertas líneas de producción de las denominadas "economías regionales".

b) La financiación con recursos del ANSES de una serie de obras públicas (principalmente destinado a emprendimientos energéticos).

c) El financiamiento al Tesoro, por vía de la no cancelación de las letras emitidas en poder del ANSES (situación que se concretó recientemente con la colación de un bono a 7 años), el no pago de los intereses que devengan los títulos públicos transferidos de las AFJPs al ANSES, la suscripción de un mayor número de letras para financiar los vencimientos de deuda pública, la transformación de la totalidad del superávit a aplicaciones financieras, e inclusive la propueta de saldar una vieja y controvertida deuda supuesta del ANSES con el Tesoro (derivados de unos bonos previsionales que vencieron en el 2007).

d) El salvataje a las papelera del Grupo Massuh, que al momento tiene una deuda de $308 millones pero una historia repleta de concesiones de beneficios financieros y arancelarios por parte del Estado desde hace más de 30 años.

e) El préstamo por $250 millones a 3 grandes multinacionales de la industria automotriz, como General Motors, Peugeot Citroen y Mercedes Benz. Se trata de grandes empresas multinacionales, que en el marco de 7 años de crecimiento inédito, ante los primeros signos de desaceleración de sus ventas presionan al Estado para conseguir préstamos, subsidios y disciplinamiento laboral.

f) El financiamiento al "Nuevo Plan de Inquilinos" administrados por el Banco Hipotecario pero aportado con recursos del ANSES.

Aunque algunos funcionarios del gobierno, entre ellos el ex director del ANSES y actual Ministro de Economía, sostiene que se ha "transformado" la lógica del sistema previsional de financiar a los futuros jubilados en el pasado, el organismo pasará ahora a garantizar que los trabajadores activos mantengan su empleo por sostener la

sustentabilidad del Sistema Previsional" en el contexto de la actual crisis internacional, dicha transformación no ha sido siquiera consultada por los interesados y es por demás

discutible que las medidas tomadas puedan dar respuesta al objetivo buscado (sostener empleo y con ello hacer sustentable al sistema previsional). Se trata por lo tanto que sean los directamente involucrados en la gestión del ANSES (trabajadores, jubilados y el Estado) los que definan democráticamente cuál es el uso y la orientación que deben darse a los recursos previsionales. Por tal motivo solicitamos se apruebe el presente proyecto de ley.