La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar la prestación de servicio eléctrico de la empresa EDESUR, que el pasado 18 de ju-nio del corriente año, produjo un corte de luz de más de 12 horas en el barrio Centenario, municipio de Lomas de Zamora, a partir del cual Valentino Ladislao de 5 años, quien era electrodependiente murió, mientras la empresa le reclamaba a su familia una deuda de más de 60 mil pesos, que no podían pagar.

Señor presidente:

Valentino Ladislao tenía 5 años y era electrodependiente: luego de un accidente con un vi-drio que se le incrustó en el corazón y le provocó una parálisis cerebral, necesitaba de la energía para poder vivir. El pequeño murió el lunes 18/6/18 , tras un corte de luz de más de 12 horas en su casa del barrio Centenario, municipio de Lomas de Zamora. Según aseguró su familia, la empresa Edesur les interrumpió el suministro eléctrico por una deuda de más de 60 mil pesos que no podían pagar.

Mariana Medina, mamá de Valentino, informó: “Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que yo tenía a mi nene electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir cuándo iba a venir la luz. Me vino 60 mil pesos de boleta que no los pude pagar porque no tengo las condiciones para pagar esa cantidad de plata”, detalló. “Se negaban a decirme a qué hora iba a venir la luz. Cerca de casa había una cuadrilla, pasé, hablé con ellos y les dije que tenía un nene electrodependiente y me decían que había que esperar hasta que venga la luz”.

Mauro Stefanizzi, vicepresidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, infor-mó que la mamá de Valentino no estaba al tanto de la ley N° 27.351, que desde 2017 garan-tiza el servicio y la gratuidad del suministro eléctrico para los hogares con personas cuyos problemas de salud los obliga a depender del uso permanente de equipos eléctricos. El Re-gistro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), creado luego de la sanción de esta norma, está a cargo del Ministerio de Salud de la Nación y establece que quienes estén en ese registro deben recibir la bonificación total del consumo eléctrico y un grupo electró-geno o FAE (Fuente Alternativa de Energía) otorgado por la empresa de energía eléctrica.

La razón de esto, según Stefanizzi es que a pesar de que el artículo 10 de la ley se establece que el gobierno deberá desarrollar campañas de difusión, educación y concientización con el fin de promover los derechos de los electrodependientes; no lo está cumpliendo. Stefanizzi, agregó: “Hace un tiempo fuimos al Ministerio de Salud para exigir que la ley se difunda pero nos dijeron que, por recortes en el área, no había presupuesto”.

Fuentes de Edesur informaron a los medios que Valentino “no figuraba en la lista de elec-trodependientes” y que la familia “tampoco tenía solicitado un plan de pagos” por la deuda.

La tía de Valentino, sostuvo al respecto: “Mi hermana hizo los reclamos y por el tema de la deuda nunca la escucharon. Fue a hablar a Edesur con todos los papeles hechos por los mé-dicos que decían que la vida de Valen dependía de los aparatos y le dijeron que primero pa-gue la deuda y que después podía hablar”.

Desde hace más de 2 años nuestro pueblo viene asistiendo a un ajuste brutal basado en la presión sobre las clases medias y medias bajas, y en particular sobre el valor de las tarifas de servicios públicos que esta porción de la sociedad debe afrontar.

Y decimos que nos enfrentamos a un ajuste brutal, puesto que el Gobierno nacional, lejos de intentar proteger el bolsillo alicaído de los que menos tienen, no tuvo mejor idea que incluir una suba de precios de dichas tarifas en forma descontrolada y desmedida. Circunstancia que, sin lugar a dudas, pone en riesgo a diario el desarrollo de una vida plena de miles y miles de ciudadanos que no poseen los medios necesarios para hacer frente a sumas exorbi-tantes e ilógicas.

Dicha conducta no solo afecta el bolsillo de los más desposeídos, sino que, además, viola en forma flagrante el derecho que todo ciudadano posee a los fines de asegurar el efectivo ejercicio del derecho constitucional a una vida digna. Derecho que resulta fundamental para el desarrollo de la vida particular de todo individuo y, por ende, constituye un derecho hu-mano inherente a toda persona.

Por nuestra parte acompañamos a la Familia en el dolor y le damos nuestro más sentido pésame, exigimos justicia, y pedimos que este proyecto sea tratado y aprobado.