La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar repudio y preocupación por el atentando perpetrado contra el activista de derechos humanos Jyri Antero Jaakkola, ocurrido el día 27 de abril de 2010 en Oaxaca, República de México.

Señor presidente:

El pasado 27 de abril un grupo terrorista perteneciente a la Organización Priísta Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) -vinculada al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz- emboscó una caravana humanitaria portadora de alimentos, indumentaria y medicinas direccionada al municipio autónomo de San Juan Copala, Republica de México. En el lugar se encontraban un grupo de observadores de derechos humanos procedentes de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania que pretendían registrar las violaciones ocurridas en la comunidad indígena Triquis. Al menos cinco personas fueron asesinadas entre ellos, el activista finlandés Jyri Jaakkola.

La embajadora de Finlandia en México, Ulla Väistö, se pronuncio al respecto: "Es totalmente inaceptable que una persona completamente pacífica, que no trae armas, sea asesinada por un grupo armado. Una persona que quería trabajar por el bien de Oaxaca, por el desarrollo social sustentable" [...] "Las metas por las cuales quería luchar Jyri, como son la igualdad, justicia social, bienestar, derechos humanos para todos y desarrollo sustentable, son las del Gobierno finlandés". (1)

"Ante la situación y por creer en la responsabilidad del gobierno en la emboscada y en el ataque, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México está exigiendo que el Gobierno Federal informe sobre los hechos [...] También se solicita una intervención concreta e inmediata para hacer frente a la situación en San Juan Copala y se garantice la protección a los defensores de los derechos humanos" (2) .

Hechos de tal envergadura merecen el repudio y el rechazo de toda la comunidad en su conjunto, porque viola todos los acuerdos internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 adoptada y proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas, y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 -Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales-, entre otros.

Por tanto, no es posible consentir actos de agresión y el hecho ha infringido el

Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), en su Art. 1: "Todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional" (3) .

Por todo esto, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de Declaración.