La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, tenga a bien informar a esta Honorable Cámara, a través de los organismos que considere competentes, acerca de las cuestiones que se enumeran a continuación:

1) Si fueron realizadas las actualizaciones semestrales del monto máximo de reintegro, tal cual está previsto en el artículo 2° de la ley 27.253 – Régimen de reintegro por compras en comercios de venta minorista.

2) En caso negativo, cuáles fueron las razones que demoraron la implementación y qué recaudos tienen previsto adoptar a los fines de dar cumplimiento a lo que dicta dicha norma.

3) Si el Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC- ha publicado la Canasta Básica de Alimentos de conformidad con las estipulaciones normativas de la Ley 27.253 y a partir de cuándo.

Señor presidente:

La Ley 27.253 – Régimen de reintegro por compras en comercios de venta minorista – fue impulsada con el objetivo de favorecer a los beneficiarios tanto de jubilaciones como de las asignaciones universales a la niñez o embarazo. Posteriormente por iniciativa del bloque Argentina Federal por Ley 27430 se incorpora a quienes perciben Remuneraciones del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares a que se refiere la Ley 26.844 y a los beneficiarios del Plan Progresar. Esta norma tuvo amplio consenso y, aun reconociendo sus limitaciones y las complicaciones para su aplicación, fue acompañada por amplia mayoría en este Honorable Congreso. En un contexto inflacionario en el que los sectores de ingresos fijos resultan los más desfavorecidos y a dos años de su entrada en vigencia se observa que su efectividad es aún escasa ya que en 2017 el régimen alcanzó a 1,7 millones de beneficiarios cuando potencialmente podría beneficiar a 8,5 millones de argentinos que cobran beneficios de ANSES. Sabemos que la bancarización y la inclusión financiera son grandes desafíos que conllevan cambios culturales y de comportamiento, y apostamos a que se pueda seguir trabajando en ello para lograr que el beneficio que se prevé en la norma sea de pleno alcance.

Dado que los beneficiarios de la Ley 27.253 destinan buena parte de sus ingresos a cubrir sus necesidades básicas de alimentación y subsistencia, resulta imprescindible actualizar los montos de devolución a los fines de mantener la vigencia del beneficio. En el momento de la sanción de la ley se facultó al Poder Ejecutivo a fijar el monto máximo de devolución y a realizar – a partir de enero de 2017 – actualizaciones semestrales conforme variara la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que publica el INDEC. No tenemos conocimiento de que se haya informado públicamente si se han realizado actualizaciones a dicho monto en los dos años que lleva de vigencia la norma. Por tal motivo solicitamos al PEN que tenga a bien informar si se ha realizado dicha actualización, en caso negativo, cuáles fueron las razones que demoraron la implementación y qué recaudos tienen previsto adoptar a los fines de dar cumplimiento al precepto legal.

En función de la valorización de la CBA, el tope debería estar en 2018 en $360,60 si se aplica la variación del 20,2% que tuvo la CBA total entre enero y diciembre de 2017. Sin embargo, al momento de sanción de la Ley el PEN fijó el tope en función de que equivaliera al 21% de lo que el gobierno calculaba que era la CBA de ese momento. Si se guardara esa proporción el tope debería ser hoy de $451,6 dado que, según los datos difundidos por el INDEC en diciembre de 2017, la CBA costaba $2.150,3.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.