La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio a la legislación dictada por el gobierno Británico, en donde de manera ilícita dispone sobre los recursos pesqueros en los espacios marítimos pertenecientes a la jurisdicción Argentina, adyacentes a las Islas Malvinas; y manifiesta una vez más sus legítimos e irrenunciables derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Señor presidente:

Nuestros legítimos derechos sobre las Islas Malvinas han sido nuevamente vulnerados por la decisión ilícita y unilateral del gobierno del Reino Unido de extender sus licencias de pesca por un lapso de 25 años en las aguas adyacentes a nuestras Islas Malvinas. Al día de la fecha, bajo esta medida se han otorgado muchas licencias que violan toda contemplación de nuestro derecho territorial sobre las Islas y su zona de Influencia.

Entre otras cosas, esta medida contraría la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a las dos partes a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas atraviesan por el proceso de descolonización recomendado por las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Como sucede con las actuales licencias pesqueras, con la búsqueda de hidrocarburo y con la adjudicación de permisos para la explotación minera, son consideradas abiertas violaciones a las resoluciones de Naciones Unidas, que reconocen una disputa de soberanía e instan a los dos Estados a no decidir cambios unilaterales mientras se atraviesa el proceso de descolonización del archipiélago.

En estos últimos años, el Reino Unido estaba usufructuando de manera ilegítima nuestros recursos pesqueros mediante la concesión anual de licencias de pesca, en especial para la captura del calamar, mientras se realizaban negociaciones en el seno de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur. Esta situación ya es grave de por sí, con lo que la situación de otorgar a 25 años permisos de pesca no hace más que recrudecer y agravar la problemática pesquera en la zona en conflicto, ya que están tomando decisiones que son ilegítimas.

Desde los organismos nacionales con competencia en el tema, vemos con preocupación lo que ocurre en el terreno tanto de pesca como de prospección petrolera en las Islas y su zona de influencia. El caso de la pesca es bastante delicado puesto que en torno de ella enriquecieron sus arcas los isleños de posguerra. En buenas épocas, las casi 125 licencias que vendían al año los kelpers -otro tanto igual comercian los argentinos- les generaban ingresos de hasta US$ 50 millones. Pero el calamar -el principal recurso en la zona- ha sufrido una merma enorme por diversas razones que aún se están estudiando. Y la crisis afecta tanto a los ricos isleños como a los menos enfundados pescadores argentinos.

Durante este año, por segunda vez, el continente y las islas debieron cerrar anticipadamente su temporada pesquera; y el Ejecutivo isleño tuvo que devolver el 90% de los permisos concedidos, con una pérdida declarada de casi US$ 20 millones.

Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha manifestado su protesta al respecto. En efecto, la Cancillería Argentina puntualizó en un comunicado que "el Gobierno Nacional rechaza firmemente la medida, reafirma los legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y recuerda que estos territorios forman parte de la disputa de soberanía que las Naciones Unidas reconoce y mantiene bajo consideración".

El Gobierno Argentino ya había presentado dos notas al Reino Unido, los días 3 y 29 de junio (cuando tuvo lugar en Londres la XXVII reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur), manifestando su formal protesta ante la intención de adoptar esta medida unilateral. En paralelo, y a tono con la renovada ofensiva diplomática que lanzó la Cancillería ante las Naciones Unidas, durante este año se realizó un pedido directo al secretario general de la ONU, situación que no registraba desde el año 1990, cuando se reanudaron las relaciones diplomáticas que se habían interrumpido a raíz de la guerra de 1982.

Por otra parte, cabe destacar que el Gobierno Nacional implementará algún tipo de respuesta práctica, además de la protesta. En efecto, nuestra Cancillería aseguró que "el Gobierno se propone ejercer las acciones que le ofrece el marco legal aplicable a esta situación, para actuar con relación a las empresas que procuren explotar recursos pesqueros en la Zona Económica Exclusiva Argentina sin la autorización correspondiente".

No obstante, deseo destacar que la respuesta que el Reino Unido había dado a la protesta inicial fue tan absurda como repudiable, pues consideró que "no tiene duda de su soberanía sobre las islas y las aguas adyacentes".

Esta última declaración merece una enérgica respuesta por parte de esta Honorable Cámara, reafirmando nuestros soberanos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; es por ello que reitero ante la misma la presentación de este Proyecto, en consonancia con el Proyecto que presentara el 01 de noviembre del año 2006, bajo el Nº de Expediente D-6042-06.

Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de Declaración.