El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°.- Incorporar como tercer párrafo del art. 1° de la Ley 23.592, el siguiente texto:

"Las acciones judiciales que tengan como pretensión el resguardo y tutela de los derechos establecidos en la presente Ley, tramitarán por el proceso de conocimiento más abreviado vigente en la jurisdicción del tribunal competente."

Artículo 2º: De forma.

Señor presidente:

Previo a la reforma de 1994 nuestro país había sancionado en el año 1988 la Ley 23.592 llamada "Ley antidiscriminatoria" que define los actos discriminatorios y sanciona a quienes los ejecuten. Con el nuevo artículo 75° inciso 22) de la Constitución Nacional, se le dio jerarquía constitucional al derecho a la no discriminación, estableciendo los principales instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades sin distinción alguna, la propia Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su Capítulo I dispone que todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en ella, sin distinción de raza, sexo, idioma o credo.

Es así que del análisis de la norma referenciada, verificamos que en su artículo 1° faculta al damnificado por un acto discriminatorio a reclamar ante la autoridad competente (sin dudas un Juez) a que se deje sin efecto el acto discriminatorio o se ordene el cese en su realización y hasta se repare el daño moral y material ocasionado.

Sin duda entonces, es a través de los mecanismos procesales donde los derechos humanos fundamentales logran la tutela jurisdiccional efectiva que les permite adquirir plena vigencia, y en una materia tan delicada como la que nos ocupa, el legislador debe velar para lograr una tutela efectiva de los derechos afectados, y para ello es imprescindible establecer los mecanismos para concretar los principios de economía y celeridad procesal.

El derecho a obtener un pronunciamiento jurisdiccional en un plazo razonable constituye mandato constitucional que el legislador debe instrumentar, a fin de brindar adecuada protección al pleno ejercicio del derecho a la igualdad y a no ser discriminado.

Atento que el derecho de fondo es aplicado por los jueces, y estos a su vez desarrollan su actividad con sujeción a las normas que rigen los procesos, materia ésta que no es de incumbencia federal, atento no haber sido delegada a la Nación, se advierte beneficioso incorporar en la Ley 23.592 una norma de similar característica a la introducida en la Ley 24.240 de defensa del consumidor a través de la reforma introducida por la Ley 26.361 que estableció en el primer párrafo del art. 53° que "En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado.".

Al igual que en la materia señalada en el párrafo precedente, la esencia del reclamo en resguardo del derecho a no ser discriminado, justifica un trámite breve, al estar vinculado con un derecho humano esencial reconocido por múltiples instrumentos internacionales, por lo que resulta pertinente establecer que los tribunales a los que el damnificado recurra, apliquen el proceso de conocimiento más abreviado que rija en cada jurisdicción.

En este sentido se ha sostenido que: "Si el Pacto de Derechos Civiles y Políticos protege de modo extraordinario a las víctimas de discriminación, ello es por su gravedad, por sus consecuencias y por su simbolismo. La expresión "protección efectiva" no es un accidente de redacción, sino uno de los puntos centrales de ese tratado internacional. Quienes lo redactaron y aprobaron tenían una voluntad de tutela especial que quedó plasmada en ese texto. Tratar a una víctima potencial de discriminación como a cualquier otra víctima potencial de cualquier otro ilícito civil, asumiendo una actitud pasiva a la espera de la producción de prueba por quien alega ese perjuicio, asegura un proceso civil como cualquier otro, pero no otorga la "protección efectiva" requerida por la norma con jerarquía constitucional." [Kaufman, Gustavo: "Las meras alegaciones de discriminación", SJA 15/6/2011. Lexis nexis Nº 0003/015455].

En lo que hace a la reforma del art. 1° de la Ley 23.592, la presente iniciativa parlamentaria tiende a establecer lo que la doctrina denomina "tutela procesal diferenciada" por la magnitud y urgencia específica que exige la protección del derecho humano violado o amenazado, previendo especiales reglas procesales congruentes con la finalidad de tutelar en forma efectiva el derecho sustancial en razón de su singularidad o de la urgencia en la prestación de la respuesta jurisdiccional. [De los Santos, Mabel - Calmon, Petrônio: "La urgencia y la evidencia como fundamento de nuevas estructuras procesales". SJA 6/7/2011. Citar Lexis Nº 0003/015488].

En este sentido, también debemos tener presente que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 8° de las "Garantías Judiciales" tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, y ese plazo razonable en esta materia no puede ser otro que el propuesto a través del presente Proyecto de Ley, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento a esta iniciativa legislativa.