La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que en el ámbito del MERCOSUR y a través de los organismos que correspondan, se arbitren medidas para elaborar un plan de acción para enfrentar las consecuencias que provoque la implementación de la "Directiva Retorno" aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de Junio de 2008, como así también articular propuestas y estrategias comunes en el seno de Naciones Unidas y demás organismos internacionales solicitando la revisión de esta medida.

Señor presidente:

El 18 de Junio pasado el Parlamento de la Unión Europea (UE) aprobó una norma denominada "Directiva Retorno" que establece procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio.

Esta norma entrará en vigencia a partir del 2010, debiendo ser implementada en los veintisiete países que conforman el bloque, la misma resulta violatoria de los Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales.

Debemos señalar que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en Niza el 7 de Diciembre de 2000, ha reunido en un único documento todos los derechos que hasta ahora se repartían en distintos instrumentos legislativos como las legislaciones nacionales y los Convenios internacionales del Consejo de Europa, de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo.

De esa forma se dio visibilidad y claridad a los derechos fundamentales, reforzando la seguridad jurídica que refiere a la protección de los mismos, que hasta ahora sólo se garantizaba mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y el artículo 6 del Tratado de la UE.

Los derechos garantizados por el mencionado plexo normativo son extensibles en general, no solo a los ciudadanos de la Comunidad Europea, sino a todas las personas que la habiten en igualdad de condiciones. En este orden de ideas su artículo 19 al reglamentar la protección en caso de devolución, expulsión y extradición de personas indica claramente en su inciso 1ro que "Se prohíben las expulsiones colectivas".

Las nuevas regulaciones migratorias permiten inclusive que los inmigrantes indocumentados, sus familias, incluyendo los menores sean detenidos hasta por períodos de 18 meses en centros que más que de acogida son considerados de expulsión colectiva. Se añade el agravante de que ni siquiera se les garantiza la repatriación aunque sí la probable y arbitraria expulsión hacia terceros países, con todos los riesgos que ello conlleva y la prohibición de regresar a Europa durante los cinco años subsiguientes. Una expulsión que incluye también a los menores de edad que podrán ser insólitamente deportados sin la compañía de un adulto, familiar o tutor.

Al respecto, volvemos a citar a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que dispone en su art. 24 inciso 2 que "En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituir una consideración primordial". En su inc. 4 se dispone además que "Todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios a sus intereses".

Consideramos en conclusión que la normativa viola las propias disposiciones protectoras de los derechos fundamentales a los que hace referencia el documento antes mencionado y que ha emanado de la propia Comunidad Europea como forma de uniformar la protección de los derechos humanos.

Vemos con esperanza que en la misma Europa han comenzado a alzarse muchas voces de condena a la que han rebautizado como "Directiva de la Vergüenza".

Los Presidentes y las Presidentas de los países de América latina se han expresado en contra de esta norma manifestando la decepción que significa que el bloque europeo sancione está norma y apelan a su revisión.

Los 55 miembros del Parlamento del Mercosur, reunido el 28 de Junio , adoptaron por unanimidad: Rechazar la "Directiva de Retorno", que constituye una violación a los derechos humanos y a la libre circulación. La detención por 18 meses es una pena de prisión.

En el documento final de la XXXV Cumbre del bloque del Mercosur reunido en ciudad de San Miguel de Tucumán el 1 de Julio, los jefes de Estado expresaron su "rechazo" a la nueva política inmigratoria europea, recordando el principio de "reciprocidad histórica". En el documento declarativo, el bloque sudamericano y los Estados asociados "lamentan que naciones tradicionalmente generadoras de corrientes migratorias que -en la actualidad- son receptoras de migrantes, no reconozcan, en base al principio de reciprocidad histórica, la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios", reivindicando el aporte positivo de los latinoamericanos en los países de destino de la UE, tanto en el plano social, cultural como en el económico. El derecho internacional, a partir de su formulación jurídico-científica, se plantea en una primera dimensión como el conjunto de normas que rigen las relaciones de los Estados entre si y también la de éstos con ciertas entidades que sin ser Estados, poseen personería jurídica internacional (Podestá Costa, 1.21). Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX presenta otra dimensión, una dimensión humana que abrió la esperanza de paz, tolerancia y convivencia entre todos los hombres y mujeres del mundo.

Apoyamos el modelo de derecho internacional que se esfuerza por instaurar relaciones de cooperación y creemos que nuestro Parlamento debe rechazar todo intento de criminalización de la migración, condenando toda forma de intolerancia.

Compartimos lo resuelto por los Jefes de Estados reunidos en la última cumbre del Mercosur que "Enfatizan la importancia que reviste que los países desarrollados adopten políticas para evitar las asimetrías internacionales, los multimillonarios subsidios que distorsionan la competitividad; la falta de apertura de sus mercados a los productos de los países emergentes y en desarrollo profundicen las causas de las migraciones, esto es la pobreza estructural, la exclusión social y la desigualdad de oportunidades", exhortando a la UE a impulsar políticas de promoción de derechos humanos que tiendan a fortalecer el diálogo y la cooperación internacional para reducir las causas fundamentales de las migraciones, promover el desarrollo en los países de origen de los migrantes, facilitar su integración y garantizar condiciones para el retorno voluntario.

La mayor parte de las migraciones son producto de la pobreza y la falta de perspectivas de futuro que empujan a los individuos y sus familias a buscar posibilidades de desarrollo, en algunos casos, o subsistencia en otros, lejos de la propia tierra.

Todas la Naciones deben asumir el compromiso de solucionar estos problemas en su origen, pero fundamentalmente las Naciones desarrolladas deben jugar un papel fundamental contribuyendo a remediar las causas y no atacar las consecuencias.

Nos parece oportuno articular junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas propuestas y estrategias , a los efector de plantear y defender los derechos de nuestros pueblos y de aquellos ciudadanos que residiendo en los países que integran la Unión Europea sufrirán las consecuencias.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.