La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a efectos de manifestar absoluto rechazo por el aumento arbitrario, inconsulto e ilegítimo de el gas en zonas de la República Argentina, destacando que lamentablemente la zona del NEA y en ella la Provincia del Chaco carecen de gas natural por falta de una política gasífera integradora en el país.

Señor presidente:

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto N° 2067/08, creó un Fondo Fiduciario "para atender las diferencias de precios de importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para complementar la inyección de gas natural que sea requerida para satisfacer las necesidades nacionales". Ese decreto facultó al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a fijar el valor de los cargos y a ajustarlos, en la medida que resulte necesario, a fin de atender el pago y/o repago de las importaciones de gas natural.

A través de la Resolución 536/08 del ENARGAS se instituyó un adicional a las tarifas que los usuarios deben abonar como contraprestación por el servicio de gas natural por redes, que se denomina "cargo tarifario" y que tiene por finalidad la capitalización del Fondo Fiduciario creado con el objeto de hacer frente a las eventuales necesidades de importación del gas natural comprimido.

Cabe señalar las acciones judiciales cuestionando las normativas citadas, reclamando que se declare la nulidad, por ilegítimas, de las resoluciones que dieron lugar a facturaciones con adicionales en las tarifas de gas.

En un documento presentado recientemente por el Área de Usuarios, Obras y Servicios Públicos de la Dirección de Derechos Económicos de la Defensoría Nacional, se señaló que la aplicación de tales normas derivaron en desmesurados aumentos en los valores de las facturas de los servicios de electricidad y gas, arrojando montos irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose, en consecuencia, en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en nuestra Constitución Nacional.

"Aquellos usuarios no incluidos en el régimen de excepciones ni alcanzados por los fallos judiciales, deben abonar la totalidad de las facturas (con inclusión del cargo inconstitucional) a fin de evitar el corte del servicio y las dañosas consecuencias que ello conlleva. En lo que refiere al servicio de electricidad, ante la medida cautelar promovida por la Defensoría la Justicia ordenó a las distribuidoras del servicio se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la falta de pago de las facturas emitidas en base a las Resoluciones discutidas en el pleito, hasta tanto se pronuncie la sentencia definitiva" precisa el documento.

Se impugnará esta semana ante la Justicia los aumentos en las tarifas de gas que comenzaron a llegar en los últimos días a los usuarios, en algunos casos según denuncias, con alzas del 200 por ciento. Se hará una presentación judicial porque considera a la suba " ilegal y arbitraria" y a la vez entiende que el Poder Ejecutivo dispuso un incremento que a su criterio es un impuesto, y en consecuencia no tiene facultad para hacerlo.

Por su parte, las entidades de consumidores convocaron a una marcha el próximo miércoles a las 15, hasta la sede del Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE) para protestar contra los últimos ajustes tarifarios en la luz y el gas.

El incremento es un impuesto y el único órgano que tiene facultades para crear un tributo es el Congreso de la Nación. Por ello el decreto 2067/08 debe ser anulado por ilegitimidad ya que ha sido dictado por un órgano (PEN) que no tenía competencia material para hacerlo.

El cargo tarifario no constituye ni total ni parcialmente la contraprestación a la que está obligado el usuario por el servicio prestado, por lo que se podría argumentar que es un impuesto, una tasa o una contribución especial, pero nunca un precio público.

Pese a las expresiones públicas del Ministro Julio De Vido que resultan engañosas y poco aclaran a la ciudadanía con relación a estos aumentos desmesurados en un elemento tan vital para la población como es el gas y especialmente en esta época del año.

Cerca de 4 millones de hogares argentinos no tienen acceso a la red natural de gas y están obligadas a usar gas licuado de petróleo, es decir embasada en garrafas.

Las provincias de NEA, entre ellas el Chaco son las que mas se ven perjudicadas por no contar con las ventajas de un gasoducto.

Las desigualdades entre una región del país que tiene redes de gas natural y otra, como es el caso del nordeste que no cuenta con este beneficio es indescriptible.

En consecuencia reiteramos que es preciso reclamar al gobierno nacional una política integradora de gas que por ahora solo se manifiesta en aumentos irracionales para una zona determinada del país.

Por las razones expresadas solicito la aprobación de la presente Resolución.