La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación se informe lo siguiente:

1. Costo de la crisis energética en lo que va del año.

2. Cómo se va a pagar el costo ocasionado por la crisis energética.

3. Cuánto se pagó por las importaciones de combustible para afrontar la crisis en lo que va del año.

4. Qué monto se ha otorgado en subsidios energéticos a empresas privadas para afrontar la crisis durante el presente año.

5. Cuál es el aumento y/o expansión de la oferta energética, producto de las inversiones realizadas con los fondos asignados presupuestariamente y por los fondos fiduciarios creados a tal fin.

6. Qué medidas se prevén tomar para ampliar la oferta energética doméstica en el corto, mediano y largo plazo.

7. Cuál es la estrategia de salida al entramado de subsidios otorgados por el gobierno en el plano energético.

Señor presidente:

El contexto socioeconómico en el cual se ha implementado esta política sectorial es importante. Recordemos que en 2003 el país se encontraba en su primer año de recuperación económica, luego de cuatro años consecutivos de caída del PIB, y presentaba los máximos niveles históricos de pobreza e indigencia.

Bajo este escenario las medidas de política sectorial permitían mantener inalterables los precios de la energía e incrementar la proporción de la producción destinada al mercado interno y consolidar un proceso de crecimiento económico (creación de empleo y recuperación del salario) que encontraba en los sectores productores de bienes a sus principales responsables. Los precios bajos de la energía, fundamentalmente hidrocarburos, incrementaba la competitividad (al menos no le restaba) de los sectores productivos, fundamentalmente del sector agrícola -donde los combustibles y los productos derivados del petróleo juegan un papel preponderante dentro de su estructura de costos - que, impulsado por precios internacionales en alza fue el primero en acomodarse a la nueva estructura de precios relativos y motor inicial del crecimiento nacional.

Si se continúa el análisis es factible advertir que conjuntamente con la recuperación de los niveles de salario se adecuaron los precios relativos de los servicios, y consecuentemente el consumo de los hogares (desde la demanda) y los sectores prestadores de servicios (desde la oferta) fueron gradualmente tomando mayor preponderancia en el proceso de crecimiento. Paralelamente, se aprecian mejoras sustanciales en términos de pobreza e indigencia. Ante este cambio de contexto, la política de regulación de precios (y comercio exterior) de la energía se torna algo obsoleta, e implicaba continuar con esquema donde el sector productor de energía subsidia al resto de los sectores de la sociedad (productivos y hogares), actuando como un incentivo para la demanda y un desincentivo para la oferta.

La manutención en el tiempo de la política de regulación de precios y del comercio exterior de la energía, produjo que hacia fines de 2005 el país pierda su capacidad de autoabastecerse en materia energética debiendo importar, y subsidiar, fuel oil desde Venezuela para abastecer la centrales generadoras de energía. Este hecho fue una muestra más e insoslayable que la política aplicada era de carácter corto placista ergo, difícil (y erróneo) de sostener en un período de tiempo prolongado.

Habiendo perdido la capacidad de autoabastecerse, la política implementada implica un elevado costo fiscal (asociado a la decisión de subsidiar la comercialización interna de hidrocarburos a menor precio que el internacional), deteriora el resultado del balance comercial e impulsa una apreciación del tipo de cambio.

Consecuentemente se contrapone con las bases del crecimiento económico experimentado a partir de 2002.

Ante esta situación el gobierno debía enfrentar la decisión de mantener la política hidrocarburífera vigente (de precios e inversión) aunque eso suponga asumir los costos y consecuencias expuestas en el párrafo precedente, o sincerar los precios del sector energético, aunque eso implique una pérdida de competitividad para el resto de los sectores y menores tasas de crecimiento en el corto plazo.

El hecho de estar escribiendo el presente informe implica que la decisión adoptada por la actual administración fue priorizar el crecimiento y, fundamentalmente, el abastecimiento de energía "barata" a hogares no pobres (los estratos de la población de menores ingresos son los que tienen menor accesibilidad a la red de gas, por ende consumen gas en garrafa -GLP- cuyo precio no se encuentra regulado), agudizando el desequilibrio entre oferta y demanda de energía iniciado en 2003.

Ante las actuales condiciones de oferta, la decisión política de abastecer de energía al sector residencial implica que se le recorte el suministro a las industrias; a las usinas; a las exportaciones; a las plantas procesadoras de líquidos en cabecera y al GNC. El recorte de gas a las industrias implicará menor producción, lo cual en un marco de política monetaria y fiscal expansiva de estimulación de la demanda agregada podría llevar a una aceleración de la inflación.

Abastecer el consumo residencial implica afrontar en los días fríos incrementos de la demanda domiciliaria del 252% con respecto al promedio anual. El consumo residencial ascendió hasta 88 millones de metros cúbicos en un día frío de julio 2007, mientras que en el promedio de 2006 era 25 millones de metros cúbicos.

La industria, las usinas y las exportaciones son las grandes subsidiadoras del consumo domiciliario de gas. Cuando se compara un día frío de julio 2007 con el promedio del 2006 se observa que la entrega de gas natural a las industrias y a las usinas disminuye -43.3% y -41.9%; respectivamente. En un día frío de julio 2007 a las industrias se les entregó 17 millones de metros cúbicos, mientras que en 2006 se les entregó en promedio 30 millones de metros cúbicos. Paralelamente, las usinas recibieron 18 millones de metros cúbicos mientras que en el promedio de 2006 recibían 31 millones.

Las exportaciones prácticamente se cancelaron y se entregaron solamente 2 millones de metros cúbicos para el consumo domiciliario en Chile, cuando en el promedio de 2006 se entregaban al exterior 17 millones de metros cúbicos. Al mismo tiempo, las plantas productoras de GLP (1) recibieron un -58.3% menos de gas natural que en el promedio de 2006.

En síntesis, el incremento de la demanda de gas natural residencial ocasionado por las bajas temperaturas es subsidiado en un 24% por menores exportaciones y en un 21% por menores entregas de gas a las industrias y a las usinas.

Hasta hace pocos días el costo de la crisis energética aparecía, principalmente, en las cifras de la producción industrial, que está creciendo a un ritmo menor que hace un año. Ahora se cuenta con estimaciones oficiales del costo fiscal de la crisis.

Un documento elaborado por el Ministerio de Economía, muestra que en el corriente año el Estado gastará 12.000 millones de pesos en rubros como importaciones de combustible y subsidios energéticos a empresas. El mes pasado, el gasto público aumentó un 52% y eso se debió, en gran parte, al incremento de los subsidios al sector privado vinculados con la crisis energética.

Los subsidios son un instrumento de política económica que puede emplearse con diferentes fines. En el caso de la energía, existe la opción de distribuir el costo en forma directa, con un aumento de tarifas, o indirecta a través de la política fiscal. El Gobierno ha decidido, por razones políticas, absorber el costo a través del Fisco, aumentando el gasto.

La elección de esta alternativa puede ser objeto de discusión. Un argumento en contra es que la falta de actualización de tarifas desestimula inversiones privadas y que eso puede ser perjudicial en el futuro.

Lo que no está en discusión es que la brecha entre oferta y demanda de energía no es inocua y que tiene costos de diverso orden, entre ellos los fiscales. Y que estos costos serían menores si se hubiera invertido cuando comenzaron a aparecer las señales de crisis.

La crisis energética tiene un costo fiscal contabilizado en un documento oficial y en la evolución de las cuentas públicas. El gasto aumentó como consecuencia de los subsidios energéticos al sector privado.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.