El Senado y Cámara de Diputados...

Impuesto a las Ganancias - Exención Trabajadores Educativos

Artículo 1°: Incorpórese como inciso z) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628, la siguiente exención:

"z) Las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por los docentes, que presten servicios en establecimientos educativos de nivel primario, secundario, terciario y/o universitario, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipal o de gestión privada reconocidas oficialmente por cada jurisdicción."

Art. 2°: La exención regirá a partir del 1° de enero del año de aprobación de la presente ley.

Art. 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como propósito incorporar una exención en el impuesto a las ganancias para el personal docente y no docente de todos los niveles, que desempeñen sus actividades en establecimientos tanto públicos como privados.

Este proyecto tiene como antecedente el expediente 3653-D-2012 del diputado (M.C.) por Mendoza, Omar de Marchi. Asimismo, fueron numerosos los diputados que manifestaron su preocupación sobre la temática a través del proyecto 4004-D-2012 del diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Jorge Triaca, cuyos fundamentos aún se sostienen.

Básicamente, el impuesto inflacionario y la falta de actualización del mínimo no imponible y deducciones personales, conspira año a año contra la remuneración de los trabajadores. Si bien la ley de convertibilidad suspendió el ajuste por inflación debido a la estabilidad de precios durante la década de los '90, al iniciar el proceso inflacionario pos-devaluación en 2002, se mantuvieron las restricciones a la indexación. El doble efecto de aumento nominal en los salarios para compensar los aumentos de precios y la falta de actualización del mínimo no imponible y deducciones, implica anualmente que nuevos trabajadores se transformen en contribuyentes del impuesto a las ganancias y por lo tanto, vean reducidas sus remuneraciones. En definitiva, esta situación configura una violación del espíritu de la ley, que intenta gravar ingresos reales, es decir, descontado el efecto por inflación. (1)

Por sus especiales características, la exención no intenta generar un privilegio, sino que "esta actividad debe gozar de la protección necesaria para su desarrollo adecuado y sin sobresaltos en función de la delicada tarea que significa la educación para el bienestar de la nación". (2) El salario docente siempre mereció un régimen especial, es así como fue regulado por estatutos especiales, como por ejemplo la ley 14.473 de 1958 y otras normativas posteriores. En particular, la Ley Nacional de Educación 26.206 se refiere a los derechos de los docentes en su artículo 67. El inciso "h" de este artículo habla del derecho al "salario digno", sin embargo, tal como se está aplicando hoy el impuesto a las ganancias, se está afectando la dignidad del salario que perciben los trabajadores de la educación.

Por otra parte, el derecho humano a la educación es un derecho humano llave, en tanto su garantía es un medio indispensable para realizar otros derechos humanos; (3) por ello, se entiende que debe ser una política prioritaria del Estado propender a su cumplimiento efectivo. Los trabajadores de la educación son un pilar fundamental para la generación de más y mejor capital humano del país, base para un desarrollo sustentable y más equitativo. El artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho que toda persona tiene a la educación y los Estados partes "reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: (...) e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar (4) (...) y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente". (5)

Esta última exigencia del Pacto es interpretada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el párrafo 27 de la Observación General Nº 13 sobre el Derecho a la Educación donde considera que no mejorar, o empeorar, las condiciones materiales de los docentes "es un grave obstáculo para la plena realización del derecho de los alumnos a la educación", que implica un acto discriminatorio (lo relaciona con el párrafo 2 del artículo 2) y una vulneración de los artículos 6 y 7 del mismo Pacto sobre el derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

Resulta pertinente retomar la "Recomendación relativa a la Situación del Personal Docente" (1996) hecha conjuntamente por la UNESCO y la OIT donde, entre muchas cuestiones vinculadas a la labor docente, se toma en cuenta el tema de las remuneraciones. Aquí nos interesa recuperar el punto 117 que plantea: "La estructura de las retribuciones debería establecerse de modo que no dé lugar a injusticias o anomalías que puedan provocar roces entre las diversas categorías de educadores".

Entendemos que la situación que viven muchos trabajadores de la educación en la Argentina hoy reviste estas características, en tanto algunos de ellos ante la posibilidad de ser alcanzados por este impuesto deciden no avanzar en la carrera docente o se ven obligados a trabajar una menor cantidad de horas, con las consecuencias que ello acarrea para la reproducción de su vida social junto a sus familias.

Es por todo ello que para resguardar la calidad de la educación y no incurrir en responsabilidad internacional por el incumplimiento de derechos humanos, el Estado debe garantizar que los salarios no se vean afectados por esta situación, y evitar futuras coyunturas que pudieran obrar en contra de la remuneración de las personas que trabajan en el sector educativo vía el pago del impuesto a las ganancias.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.