La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través de los organismos que correspondan, informe sobre investigaciones correspondientes a la basura radiactiva en napas de agua que afectaría a los vecinos de La Matanza, Ezeiza y Esteban Echeverría, en la Provincia de Buenos Aires.

Señor presidente:

El Centro Atómico de Ezeiza ocupa un predio de 830 hectáreas, vecino al aeropuerto internacional, y su tarea es investigar y desarrollar servicios para la industria, la agricultura y la medicina nuclear, logrando, por ejemplo, avances en la detección del cáncer. Entre 1967 y 2001, allí se depusieron miles de litros de residuos radiactivos líquidos y miles de kilos de sólidos, sobrantes de las investigaciones. Aunque se supone que fue hecho con todas las medidas de seguridad requeridas, es certero que algo podría haber fallado.

Tres años atrás, una pareja de la zona sur del Conurbano demandó al Centro Atómico de Ezeiza, responsabilizándolo de contaminar las napas acuáticas con residuos altamente tóxicos. Los demandantes, tenían cáncer. Y, según los últimos registros, habría cada vez más casos de pacientes con esa enfermedad, en habitantes de los municipios linderos a la planta.

Denuncias similares ya se habrían realizado por parte de vecinos de Monte Grande, por lo que el Centro estaría siendo investigado por la justicia desde el año 2000. Si bien se realizaron gran cantidad de estudios por distintas entidades, lamentablemente todavia se espera que una empresa española realice el peritaje definitivo para determinar si el agua que consume más de un millón de personas, es radioactiva.

La causa estancada se inició en abril del año 2000, cuando un grupo de vecinos de Monte Grande -varios de ellos médicos- empezaron a sospechar del agua que consumían. En el centro de Monte Grande, el pediatra Valentín Stiglitz empezó a contar demasiados enfermos de cáncer -"hasta veinte por manzana", dice- y sospechó que podían tener relación con la cercanía al Centro Atómico de Ezeiza. Luego de muchos rodeos, el juez dispuso una pericia. Se la encargó a la Universidad de Buenos Aires y la coordinó el geólogo Fernando Díaz. El resultado fue fulminante: el agua, según el informe, estaba contaminada con altos niveles de uranio, filtrados a las napas por falencias en el sistema de deposición de residuos del Centro Atómico.

Las conclusiones de la pericia de la UBA llevaron a los vecinos a un estado de alerta. Pero el Centro Atómico decidió contestar. Ordenó sus propios estudios y encargó pericias a laboratorios internacionales para contrarrestar el informe ordenado por el juez. Consultadas por Clarín, las autoridades de la CNEA ratificaron aquellos informes: que los niveles de uranio encontrados no son deseables pero sí aceptables, y que son naturales del acuífero Puelche que circula bajo la superficie de Ezeiza: "Estamos convencidos de esto -dijo uno de los directivos-, por lo que nosotros también nos sentimos damnificados por estas demoras en la causa judicial. Queremos que se lleve tranquilidad a los vecinos".

Los abogados de las víctimas, que actúan como querellantes en la investigación, son María Eugenia Talerico y Gonzalo Díaz Cantón. Ellos defienden a vecinos de la zona afectada, varios de ellos enfermos de cáncer, y motorizan la investigación. En la reunión con el juez Santa Marina, plantearon la urgencia de resolver el caso con un argumento inapelable: es la salud lo que está en juego. El problema es que es difícil de cuantificar y probar.

Un relevamiento hecho por médicos en un barrio de Ezeiza, el San Ignacio, comprobó en 2003 más enfermos de cáncer que lo habitual. El encargado de ese estudio fue Néstor Lucatelli, patólogo del Hospital Monte Grande. "Hicimos relevamientos para registrar casos de cáncer, porque había muchos, especialmente gastrointestinales. También encontramos malformaciones. Y había sin duda factores ambientales que influían. Eran múltiples, como la falta de cloacas, el agua recargada de nitratos y es muy probable que también la influencia del Centro Atómico", explica a Clarín y anticipa que el Hospital Monte Grande, para poder cuantificar en detalle la cantidad de enfermos de cáncer, en un par de meses será uno de los primeros en contar con un registro de tumores para toda la jurisdicción.

Una pericia oficial denunció la contaminación y otra encargada por el Centro Atómico sostuvo lo contrario. Entonces, el juez decidió encargar una tercera pericia, esta vez a un laboratorio extranjero no relacionado con el Estado argentino, ya que el Centro Atómico es público. Para dicho estudio se eligió al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del gobierno español y se presupuestó el trabajo en 1,2 millones de pesos.

Durante casi un año, el juez no logró que el Consejo de la Magistratura le habilitara los fondos. Cuando lo consiguió, en diciembre de 2007, encargó la coordinación del estudio al área pericial de la Gendarmería y le pidió a la Cancillería que hiciera las gestiones con el laboratorio español.

Según dijo ante el juez el comandante Guillermo Meza, de la Gendarmería, la pericia no se hace porque la Cancillería no logra aceitar los lazos con el laboratorio para la firma del convenio. Según su explicación, el laboratorio exige un adelanto de 90 mil euros y ciertas garantías para participar de la primera etapa de la pericia, esto es, la extracción de 70 muestras de agua de los alrededores del Centro Atómico. Los lugares para esas muestras ya fueron elegidos.

Por otro lado, los argumentos de Cancillería, que se oponen a los de gendarmería, aseguran que vienen colaborando con el juez desde el 2002 -en otros trámites vinculados al proceso- pero que la Cancillería sólo hace de intermediario o correo. "Si hay problemas sobre cómo debe hacerse la pericia o sobre el giro de fondos, eso no es de nuestra incumbencia", explicaron al diario Clarín en la Cancillería.

Todas las partes involucradas y consultadas por el diario Clarín, mostraron preocupación y juraron acelerar, en la parte que les toque, la marcha de la tercera pericia. A los denunciantes, como al pediatra Stiglitz, la fe se le escurre en la sospecha de que las trabas no sean burocráticas sino políticas y económicas.

El agua contaminada con uranio no tiene remedio; su contaminación dura cientos de años. Si se comprueba el daño, la única solución sería llevar a todos los vecinos de la zona agua de otros sitios, una obra de infraestructura descomunal, multimillonaria, muy difícil de cuantificar.

Para darse una idea, hoy el 70 por ciento de los habitantes de la zona consume agua de pozo. Y los que tienen agua de red tampoco estarían a salvo, ya que esa agua es extraída de las mismas napas. Los tratamientos de clorificación no logran frenar al uranio.

La causa judicial ya tiene 25 cuerpos, recargados de estudios de agua, de suelo, radiografías sobre la industria nuclear y el Centro Atómico de Ezeiza, esa gran obra ideada y puesta en marcha a mitad del siglo pasado. Los datos y las historias clínicas de algunos enfermos de cáncer se mezclan con esos datos científicos, como abrazados a la misma cuna de origen.

La principal preocupación es que en el caso de que se compruebe definitivamente que las napas de la zona sur, que atañe a los municipios de La Matanza, Lomas de Zamora y Ezeiza, fueran radioactivas se constataría que la vida de los habitantes correría riesgo total ya que el 60 por ciento de los vecinos tiene agua de pozo.

La dilación de esta pericia exhibe no sólo la profunda inoperancia del Estado para dar respuesta a este problema, sino también la falta de políticas firmes para dar un destino final seguro a los residuos de la industria energética atómica, una de las más valiosas y ricas en avances tecnológicos.

Por lo expuesto, le solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.