La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Su repudio al decreto presidencial 721/2016 el cual constituye un reforzamiento del poder de las FFAA y un otorgamiento de una mayor autonomía para las mismas. Al mismo tiempo, denunciamos que este decreto se enmarca en una profundización de la política pro-impunidad, de “reconciliación” con los militares genocidas, y de reforzamiento del papel de las FFAA en la esfera política y social interna del país, continuidad con la gestión del Teniente General Milani, en línea de las recientes reformas del Código Procesal Penal y de la anunciada política exterior de participación en las misiones militares de ocupación de los organismos internacionales.

El repudio al mencionado decreto por constituir un nuevo golpe a la lucha de los organismos de Derechos Humanos contra la impunidad del accionar represivo de las Fuerzas Armadas, bajo dictadura y bajo democracia.

Plantear la derogación del decreto 721/2016.

Señor presidente:

El decreto 721/2016, firmado por el presidente Macri y publicado en el Boletín Oficial el día 30 de mayo, le otorga a las Fuerzas Armadas una gran autonomía para resolver ascensos y bajas, designaciones de personal, traslados, premios. De esta manera será el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA quien designará a los oficiales y suboficiales del Estado Mayor, a los militares retirados para funciones docentes y a los agentes civiles, a quienes autorizará sus cambios de destino. Los Jefes de los Estados Mayores de cada fuerza designarán oficiales y suboficiales, para los cuales decidirán sobre cambios de destino, bajas, retiros, ascensos, licencias y reincorporaciones. Con el argumento de “establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas”, se restringe el control político y civil sobre una serie importante de decisiones e intervenciones al respecto.

Entre las funciones que se delega a los altos mandos de las FFAA, la incorporación de personal retirado para realizar tarea “docente” es un punto absolutamente relevante, ya que dentro de esa categoría están cobijados muchos militares acusados de haber sido parte del genocidio de la dictadura. Esto se inscribe en el operativo de “reconciliación” con los militares genocidas, que en el pasado reciente llevó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a designar a César Milani al frente del Ejército, y ahora se expresa en el discurso de Macri llamando a “dejar atrás enfrentamientos y divisiones” el mismo día que firma el decreto, en los festejos por el Día del Ejército.

En ese acto del Ejército, el Presidente de la Nación anunció aumentos salariales para los militares y un incremento de presupuesto para reequipamiento. El aumento de presupuesto para las FFAA, en un contexto de ajuste brutal sobre las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, persigue el objetivo de reforzar el papel represivo del Estado ante los reclamos y crecientes movilizaciones de los trabajadores de todo el país. Macri busca de esta manera continuar el trabajo iniciado por el kirchnerismo para reforzar la injerencia del Ejército y el resto de las armas en la vida política y social. Antes con la excusa de la “ayuda humanitaria” en los barrios y sectores carenciados, ahora en nombre de la participación de las FFAA en el “combate contra el terrorismo internacional”: precisamente lo que reclama el imperialismo yanqui en toda América Latina para legalizar su participación en materia de seguridad interior.

Con el mismo argumento de la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, la ministra Patricia Bullrich acaba de suscribir acuerdos con el Estado de Israel en materia de seguridad. Detrás de estos acuerdos comerciales, que le garantizan a las empresas sionistas la compra de armamentos y material para espionaje, está el visto bueno de la DEA y el Pentágono.

El decreto 721, aunque presentado como un simple “reordenamiento administrativo”, es en realidad parte de un paquete de medidas que apuntan a reforzar la capacidad represiva del Estado. De igual modo que con la ley anti-terrorista, detrás de estas disposiciones hay una fuerte presión internacional capitaneada por los Estados Unidos. Como parte de ello se ha votado recientemente la creación de la figura de “agente encubierto”, justificada también por la lucha contra “delitos complejos”. Así, se habilita el espionaje interno del personal policial o de los servicios de inteligencia. O como la reciente reforma del Código Procesal Penal, en lo que concierne a los delitos de Flagrancia, que le otorga un poder de policía para juzgar delitos en el acto, avalando toda la prueba que presente la misma, siendo ésta una de las principales fuerzas vinculadas al narcotráfico, la trata y la venta de armas, entre otros.

Con el repudio de este decreto queremos señalar el rechazo a una orientación política de conjunto, que por un lado refuerza la colonización de las FFAA y las fuerzas de seguridad argentinas por parte de los servicios de inteligencia extranjeros; y por el otro, profundiza una política pro impunidad para los militares que participaron del genocidio de Estado bajo la última dictadura militar, muchos de los cuales continuaron durante la democracia hasta el día de hoy en funciones en el Ejército. Sólo en el Ejército se estima que son más de 3.000 los oficiales y suboficiales en actividad que provienen de la dictadura. En línea con ello, el decreto presidencial es un ataque directo a la lucha de los organismos de Derechos Humanos y de todo el pueblo trabajador por memoria, verdad y justicia.

Por estas razones solicitamos el acompañamiento de los señores Diputados/as.