El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º. Objeto.- La presente ley tiene por objeto establecer un régimen de reaseguro de las telecomunicaciones desde y hacia la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 2º. Alcance. El presente régimen será de aplicación para las licenciatarias de servicios de telecomunicaciones que brinden servicios desde y hacia el territorio insular, sea fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia.

Artículo 3º. Carácter esencial.- Todos los servicios de telecomunicaciones brindados en la provincia tendrán carácter de esenciales y se regirán en materia de obligaciones hacia los licenciatarios y régimen sancionatorio, por las normas que se establecen para el Servicio Básico Telefónico y por la reglamentación de la presente.

Artículo 4º. Redundancia. Las prestadoras de telecomunicaciones abarcadas en el artículo 3º, deberán asegurar el concepto de redundancia de las redes de telecomunicaciones, debiendo contemplarse enlaces alternativos con la capacidad de tráfico necesaria para sostener y respaldar con la calidad adecuada, la totalidad de los servicios que brinda y comercializa regularmente por las mismas, independientemente de la tecnología y la arquitectura de red utilizadas.

Artículo 5º. Prioridad- Modificase el artículo 149 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones, que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 149. - Asígnase prioridad a los servicios de telecomunicaciones situados dentro de la parte o partes del territorio nacional que sean declaradas Teatro de Operaciones y los que conecten a éstas con el resto del país. Iguales prioridades son aplicables a las Zonas de Emergencia y a la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 6º. Autoridad- La Comisión Nacional de Comunicaciones, o la que en el futuro la reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente.

Tendrá a su cargo el control y auditorías que requieran el cumplimiento del presente régimen y su reglamentación, así como la aplicación de las sanciones pertinentes.

Artículo 7º.- De forma.

Señor presidente:

Tierra del Fuego es un territorio totalmente insular, separado del territorio nacional continental por el Estrecho de Magallanes. Es la provincia más austral que posee la República Argentina y el punto más próximo a la Antártida. Por lo tanto, la provincia y toda la región sur fueguina, son un punto fundamental que le conceden al país una gran ventaja en términos geoestratégicos. Es justamente por la importancia que posee la zona en dichos términos, que queda en evidencia que las comunicaciones en y hacia la provincia son esenciales por lo que implican en cuanto a la soberanía y al interés nacional.

De acuerdo al decreto 887/1994, que designa y delimita las zonas y áreas de frontera de nuestro país, es Área de Frontera "la parte argentina de la Isla Grande y la Isla de los Estados" es decir, la totalidad de la provincia de Tierra del Fuego.

Esta condición fronteriza implica que se rige bajo los postulados de la ley 18.575, la cual determina los criterios de protección e integración de las zonas de frontera con el resto del país. En su artículo 2º, donde establece los objetivos generales a alcanzar mediante el régimen establece, la necesidad de "b) Asegurar la integración de la zona de frontera al resto de la Nación"

Para alcanzar este objetivo, es nodal la integración de las comunicaciones, su adecuada dotación de infraestructura y correcto funcionamiento. En efecto, en su Artículo 6º inciso b) se hace explícita la necesidad de brindar "adecuada infraestructura de transporte y comunicaciones" para las áreas y zonas de frontera.

El presente proyecto es parte de nuestro deber, en la medida que la ley 18.575 estimula a la creación de regimenes particulares adicionales que propendan a cumplir los objetivos generales de la ley.

Y más importante aún es responder a nuestro mandato constitucional de cumplir el artículo 75 inciso 16 de la Constitución Nacional en tanto atribución de este Congreso: "Proveer a la seguridad de las fronteras"

Por lo expresado anteriormente, es necesario tener una mirada estratégica de las comunicaciones para las zonas de frontera, y particularmente en Tierra del Fuego. Pero, lamentablemente, en nuestra provincia sucede lo contrario. La isla se ha convertido en el signo de la incomunicación; lo vivimos con el transporte aerocomercial y ahora con las telecomunicaciones.

En el sur de nuestro país, a la vera de la Ruta Nac Nº 3, se extiende el enlace de fibra óptica de la empresa Telefónica de Argentina S.A., heredera de la ex ENTEL, que en la actualidad es la única que conecta el territorio continental con el insular.

En el estrecho de Magallanes, no hay conexión cableada, sino que los datos pasan a través de antenas de radioenlace. Cuando la fibra óptica continental se corta- lo cual sucede con regularidad (1) - se interrumpen todos los servicios de comunicación disponibles en la provincia: telefonía básica, celular, Internet, etc. Esto impacta en todas las actividades, tanto públicas como privadas: desde las comerciales, bancarias y turísticas, interrupción de las comunicaciones internas de empresas y bancos, salida de servicio de cajeros automáticos, posnet, hasta los sistemas de reservas aéreas, etc.

Obviamente que también afecta a la plataforma de comunicaciones de voz y datos de la gobernación provincial que vincula a la totalidad de los organismos públicos: los establecimientos escolares, hospitales, centros de salud, Dirección Provincial de Rentas, dependencias policiales, etc. que, ante esta circunstancia, sólo conservan con limitaciones la comunicación telefónica local dentro de cada ciudad quedando totalmente incomunicados a nivel interurbano (larga distancia) Internet y datos.

Esos cortes se originan accidentalmente durante la ejecución de obras públicas o privadas en rutas y caminos del sur del país. Generalmente son retroexcavadoras que están trabajando en la provincia de Santa Cruz y cortan el tendido de la empresa Telefónica, dejando incomunicadas a las principales localidades del sur de la Patagonia. Por lo tanto, el aumento de cortes que sufrimos últimamente tiene directa relación con el aumento de las obras públicas. Lógicamente, el problema no es la obra en sí, sino que no se tomen los recaudos necesarios para proteger las comunicaciones.

Pero hay una regulación asimétrica para los servicios de telecomunicaciones brindados e interrumpidos: no todos poseen la categoría de servicio público, ni son definidos como esenciales. Ello implica que las empresas prestadoras tienen menos exigencias para brindar algunos servicios que otros. El punto específico que nos interesa es aquel que obliga a Telefónica a tener una alternativa para seguir brindando el servicio telefónico en caso de que algo suceda con su red troncal. En este caso, debe "asegurar el concepto de redundancia de las redes de comunicaciones, debiendo contemplarse enlaces alternativos que aseguren el tráfico". (Decreto. 62/90 Artículo 10.1.5.) Dado que aquello que deben garantizar es la telefonía local, ésta es la última que se corta. La jerarquización responde a aquel criterio político de prestación del Servicio Público de manera continua por motivos de defensa. También hay una cuestión tecnológica: el sistema de redundancia o de reaseguro que utiliza Telefónica es enviar una parte de los datos que eran transmitidos por el caño de fibra a través de radio enlaces, es decir, por "aire". Pero ese medio no "soporta" la totalidad de los datos que eran trasmitidos por fibra, es un sistema de emergencia que asegura solamente y de manera prioritaria la comunicación telefónica, que es lo menos "pesado" para ser transmitido. Por hay toda otra serie de comunicaciones que no pueden ser canalizadas: Internet primero, luego la telefonía celular, posteriormente las comunicaciones interurbanas y finalmente la telefonía fija local, porque van descendiendo en el peso o el ancho de banda que ocupan. Esta medida de seguridad de "no desconectar a ninguna población" y tener "redundancia" es exclusiva del servicio público telefónico, pero Telefónica no tiene un sistema con la capacidad de tráfico necesaria para sostener y respaldar con la calidad adecuada la totalidad de los servicios que brinda y comercializa, sean públicos o de valor agregado.

La solución a esta problemática que aquí proponemos, pasa por contar con un medio de vinculación alternativo de capacidad adecuada y recorrido o tecnología distinta, independiente de la tecnología utilizada, pero que equipare los servicios ofrecidos a los servicios protegidos. En la provincia, el actual radioenlace fue instalado en la década del 70, y pese a haber sido actualizado en cuanto al equipamiento alrededor de fines de la década del 90, ha quedado obsoleto en cuanto a sus capacidades de tráfico como para segurizar los anchos de banda que actualmente brinda, provee y comercializa la empresa gracias a su tendido de fibra.

El problema tecnológico se combina con una ausencia de normativa que categorice y regule qué sucede con los servicios de telecomunicaciones que no son públicos, que no tienen reglamentos ni condicionamientos particulares aún cuando sean los más relevantes, onerosos y de mayor importancia para la provincia (y para toda la sociedad).

Proponemos entonces rejerarquizar todos los servicios brindados en el territorio de frontera de Tierra del Fuego como servicios esenciales, dotándolos de las mismas condiciones regulatorias que para el servicio telefónico, esto es: obligaciones de seguridad, redundancia, responsabilidad para con los usuarios y régimen sancionatorio.

Debemos reconocer la importancia política y estratégica de las fronteras y específicamente de Tierra del Fuego, así como debemos asumir que en la Sociedad de la Información toda política de seguridad y promoción atraviesa indefectiblemente el componente comunicacional del área de que se trate.

Por ello, invito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.