La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su solidaridad con el suspendido Juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón.

Señor presidente:

Hace pocos días, el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España decidió suspender provisionalmente a Baltasar Garzón como Juez de la Audiencia Nacional de ese país europeo. La medida fue adoptada luego que un miembro del Tribunal Supremo español resolviera la apertura de un juicio oral contra Garzón por el presunto delito de prevaricato.

¿Cuál fue la conducta de Garzón que se encuadraría en esa figura penal? Podemos encontrar la respuesta a este interrogante en cualquier medio de prensa que pulcramente nos contará que Garzón intentó "investigar los crímenes del franquismo sin tener, supuestamente, competencias para ello e ignorar, además, la ley de amnistía de 1977".

Sin embrago, a nuestro entender, resulta más didáctica la explicación que sobre el caso ha dado la Federación Internacional de Derechos Humanos al sostener que el hoy suspendido magistrado ha sido "el único juez que se ha atrevido a intentar satisfacer y tutelar las demandas de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen franquista" y que la persecución penal que sobre él se ha desatado "lanza un mensaje inequívoco a las víctimas del régimen, particularmente a las más de 100.000 víctimas de desaparición forzada que, condenadas al olvido, enfrentan aún más obstáculos en su batalla por la memoria y su búsqueda de justicia, verdad y reparación".

Resulta paradójico que la misma Nación en la que Garzón tuvo libertad para juzgar y condenar a siniestros personajes que desataron y ejercieron el terrorismo de Estado en países latinoamericanos hoy reivindique - a través de sus órganos judiciales- una ley de amnistía que en 1977 debió imponer el gobierno de Adolfo Suárez como piedra de cambio para poder legalizar a los partidos políticos que habían estado proscriptos por casi cuatro décadas.

Respecto a esta norma, en cuya vigencia se escuda la persecución a Garzón, vale recordar que el 31 de diciembre de 2008, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó al Estado español a derogarla por considerar que ella impide investigar crímenes internacionales y que, en consecuencia, es una ley de impunidad.

Los hechos que Garzón pretendía investigar constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no dañan únicamente a los españoles por ser España el lugar que se cometieron, sino que afectan a quienes viven más allá de sus fronteras.

De esto último podemos dar cuenta muchos argentinos que guardamos en nuestra memoria relatos de familia que daban cuenta del horror vivido en España durante lo que parecía el eterno imperio del franquismo; por ello, considero pertinente que esta H. Cámara exprese su solidaridad con quien hoy se encuentra penalmente perseguido por intentar que su Nación salde una importante asignatura pendiente; algo que sólo logrará cuando saque del olvido los crímenes de lesa humanidad cometidos en una trágica etapa de su larga historia.

Por todo lo expresado, solicito la probación de esta iniciativa.