La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos que corresponda, se sirva informar acerca de la emergencia penitenciaria y cierre de cárceles, los sgtes. Interrogantes:

1.-A pesar de la emergencia denunciada por el Gobierno Nacional, ¿explique los motivos de la emergencia domiciliaria y del cierre de cárceles?

2.- ¿Se ha realizado un relevamiento para conocer cuáles son los motivos que generan la superpoblación carcelaria, en cada unidad penitenciaria?

3-¿Explique los motivos que fundamenta la medida de aumentar la cantidad de tobilleras electrónicas para personas presas no problemáticas que puedan tener un régimen domiciliario morigerado?

4.- ¿Cuáles el estado actual de las alcaldías del Palacio de Tribunales y de Comodoro Py?

5- Detalle qué medidas adoptará el Gobierno Nacional para la construcción de nuevas unidades penitenciarias, como asimismo la remodelación de las ya existentes.

6.-Informe el monto de la partida presupuestaria destinada a la unidades penitenciarias de todo el país; y como será distribuida. Asimismo, informe si se solicitara una ampliación de partida presupuestaria para la problemática mencionada precedentemente.

Señor presidente:

Cabe poner de manifiesto que sin solución a corto plazo se estimularan el uso de tobilleras y compra de móviles para traslados, pero ello no alcanza para solucionar la problemática de la superpoblación penitenciaria. Sin más, se realizó una reunión clave 19-J sobre las repercusiones por la clausura del Penal de Marcos Paz y Alcaldías.

La superpoblación carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal es una bomba de relojería a punto de estallar. El Gobierno lo admite pero enfila al último tramo de mandato sin una solución a corto plazo para le emergencia decretada que, como puntos salientes, tiene ahora inhibido al penal de Marcos Paz para la recepción de nuevos internos y bajo la mira -por condiciones infrahumanas- a las alcaidías del Palacio de Tribunales y de Comodoro Py.

El próximo 19 de julio se aguarda una tensa reunión para la comisión de seguimiento de la emergencia en materia penitenciara declarada a fines de marzo pasado. En el camino, el Ejecutivo apunta a avanzar en la licitación por 19 nuevos móviles para traslado de detenidos, otras de las falencias a las que apuntan los jueces, que han hecho detonar el sistema en plena campaña electoral. A contramano del discurso oficial en materia de seguridad, podría insistirse en la necesidad de aumentar la cantidad de tobilleras electrónicas para personas presas no problemáticas que puedan tener un régimen domiciliario morigerado, y así liberar plazas en los penales. Recién en 2 años culminará una ampliación en Marcos Paz que estaría primordialmente destinada a recibir a la población remanente que será trasladada del penal de Villa Devoto.

En despachos oficiales responsabilizan de los “pendientes” a un contexto general donde no hubo previsión sobre el aumento de la población carcelaria versus la ausencia de construcción de establecimientos. En el entorno del Ministro de Justicia Germán Garavano se lamentan de no haber abordado una problemática que le estalló en las manos: asuntos penitenciarios era un área de competencia de la subsecretaría a cargo del flamante fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques.

El problema principal es que más allá del enfoque político que adopte un Gobierno respecto de las personas que delinquen, el andamiaje jurídico que regula las condiciones de detención y los derechos que les asisten a los presos, se estipulan en el concierto internacional y podrían acarrearle al Estado argentino sanciones por su incumplimiento.

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso darle un aval a la demanda de hábeas corpus presentada por la Procuración Penitenciaria que viene advirtiendo los niveles récord de encarcelamiento por sobre las plazas existentes.

En Marcos Paz se reconvirtieron talleres para transformarlos en celdas y hay en marcha dos nuevos pabellones en construcción para las Unidades Residenciales I, II y III. Uno de los dilemas era la instalación de camas dobles en celdas individuales, algo resistido desde tribunales por alterar las denominadas “Reglas Mandela”. A junio de 2018 –un año atrás- las plazas ocupadas en Marcos Paz habían escalado a 2336 cuando por sentencia la capacidad máxima era de 1472. En general, la sobrepoblación de todo el sistema excede el 12% y sigue incrementándose.

En un fallo que incluye fotos que ilustran el cuadro de situación luego de la visita “in situ” al lugar y gráficos que explican que al 2023, con este nivel de encarcelamientos, se llegará a más de 26.000 detenidos en cárceles federales, por lo que se alerta sobre un escenario crítico.

Semanas atrás, la Cámara del Crimen clausuró la alcaldía del Palacio de Tribunales, cuatro pisos por debajo de donde funciona la Corte por los pernoctes de 200 presos en lugar de tránsito. En Comodoro Py, se hizo el viernes una inspección ocular por parte de Gustavo Hornos a cargo de la comisión de cárceles. Casación ordinaria había fallado por la prohibición de alojar internos en Villa Devoto por cuestiones de hacinamiento.

El mapa torna compleja cualquier solución que, en el Gobierno, reconocen que dejaron “para último momento”. El tema de los móviles ha enfrentado a los juzgados y defensorías con el Ejecutivo. Hubo una licitación muy grande que por la devaluación del año pasado se encontró sin oferentes.

Se hizo compulsa de precios a través de ACCARA que entregó 10 móviles que estarán acondicionados en 10 días. En 4 años se incrementó en un 50% la cantidad de detenidos. En el Gobierno dicen que hay medidas en ejecución: el complejo Cuyo (Cacheuta para 1072 plazas), se retomó en Coronda (Santa Fe) una modificación de planos (474 plazas posiblemente a inaugurar a fin de año); Agote (Mercedes, PBA) una cárcel para más de 1000 plazas; y entre marzo y abril de 2021 va a estar terminada la segunda parte de Marcos Paz (2240 plazas). Roca, Rawson, Esquel y Güemes van a tener ampliaciones y hay planes conjuntos con el Ministerio de Defensa para utilizar la infraestructura en predios del Ejército.

Ante lo expuesto, se van a ampliar alcaidías en San Telmo y en Inmigrantes para alojar pernoctes del Palacio y Comodoro Py. Esas obras podrían empezar en dos meses y pueden tardar entre 6 y 8 meses hasta terminarse. El último problema es que hoy tampoco existe stock de tobilleras; que recién estarían disponibles para mediados de agosto porque son importados.

Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar de mis pares la aprobación del presente proyecto