La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Crear una Comisión Especial Investigadora de las operaciones presuntamente dolosas y/o irregulares relativas a Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de granos, habida cuenta que la reglamentación de la Ley 26.351 (Decreto 764/08) resultó insuficiente a los fines para los cuales dicha ley fuera sancionada.

La comisión se integrará con doce diputados pertenecientes en partes iguales a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda.

Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial podrá requerir informaciones y realizar investigaciones referidas a sus competencias, tanto en el sector público como en el privado.

La comisión elevará a esta Cámara un informe con sus conclusiones, dentro de los ciento veinte (120) días contados a partir de su formal constitución.

La Presidencia de la Cámara de Diputados facilitará a la Comisión Investigadora los medios necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones.

Señor presidente:

Las maniobras que fueran denunciadas públicamente sobre la presentación anticipada de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), sin haber efectuado la correspondiente compra de granos y/o cereales, tienen graves implicancias económicas. Esto permitió a un grupo de empresas exportadoras de granos, congelar tanto la alícuota de los Derechos de Exportación (retenciones) como el valor FOB declarado, lo que constituye un motivo más que suficiente para justificar la creación de una Comisión Investigadora.

Algunas investigaciones señalan que dicha maniobra podría infringir un perjuicio al fisco aun no exactamente determinado, pero que bien podría trepar a los 1.600 millones de dólares.

Asimismo, podríamos estar frente a un caso de tráfico de influencias y filtración de información sensible sobre las medidas económicas que el gobierno tenía previsto implementar, y que habría servido para dar origen a esta maniobra irregular.

Estas maniobras no son nuevas. Tanto es así, que en 2007 dieron origen a un proyecto de ley del Diputado Rafael Martínez Raymonda, que fue sancionado como Ley 26.351, cuyos fundamentos denunciaban ya este tipo de operaciones.

Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto para la creación de la Comisión Especial.