La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1° Expresar su preocupación por el deterioro del entorno en que trabajan los defensores de los derechos humanos en los Estados Unidos Mexicanos.

2° Instar al gobierno mexicano a tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de los defensores de las garantías fundamentales contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca como consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades.

Señor presidente:

I. ¿Peligran los derechos humanos en México? (1)

El 12 de mayo de 2010, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos advirtió sobre las amenazas graves que sufren los defensores de los derechos humanos en México y señaló que muchos de ellos siguen pagando con la vida su trabajo.

Del mismo modo, los expertos condenaron enérgicamente los asesinatos en el estado de Oaxaca el pasado 28 de abril de la activista Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del observador internacional Tyri Antero Jaakkola, quienes formaban parte de una misión de observación que fue emboscada por paramilitares. En el asalto fueron heridos otros defensores de derechos humanos y algunos periodistas.

Los relatores especiales sobre la situación de los defensores de derechos humanos, las ejecuciones sumarias, los derechos de los pueblos indígenas y la libertad de expresión instaron al gobierno mexicano "a tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de los defensores de las garantías fundamentales contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca como consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades."

En este sentido, exhortaron a las autoridades a iniciar una investigación pronta e imparcial sobre el ataque a la caravana en Oaxaca con el fin de que los culpables sean identificados y procesados judicialmente. "La comunidad internacional seguirá de cerca la respuesta del gobierno mexicano en relación a estos hechos", afirmaron.

Philip Alston, relator especial sobre ejecuciones sumarias, destacó la complejidad de la situación en México y reconoció los desafíos a los que se enfrenta el gobierno en su lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, añadió, "no hay justificación para no tomar las medidas necesarias cuando defensores de los derechos humanos, periodistas u otros son asesinados. No se debe permitir que los derechos humanos sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen", puntualizó Alston. Otro experto del grupo, James Anaya, relator sobre libertades y derechos de los pueblos indígenas, apuntó que el incremento de los enfrentamientos armados y la violencia en la comunidad de San Juan Copala, en el estado de Guerrero, durante los últimos meses no sólo afecta a los grupos armados involucrados, sino también a la población civil del municipio, en su mayoría pertenecientes a la comunidad indígena triqui.

Por su parte, el relator sobre la libertad de expresión, Frank La Rue, exhortó a las autoridades mexicanas a proteger el derecho a la vida y a garantizar libertad de opinión tal y como se contempla en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. "El papel de los periodistas es crucial tanto en el fortalecimiento de los derechos humanos como en el disfrute de todos los derechos por parte de todas las personas", subrayó.

Margaret Sekaggya, la relatora sobre la situación de los defensores de las garantías fundamentales, manifestó gran preocupación por el deterioro del entorno en que trabajan estos activistas.

II. Consideraciones finales

Nos hacemos eco de este llamamiento de los relatores de Naciones Unidas, por lo que solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.