La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1º: Solicitar al Poder Ejecutivo el apoyo de los representantes de Argentina ante el Convenio de Estocolmo a la inclusión del endosulfán al listado de Compuestos Orgánicos Persistentes (COP), para su restricción de uso o prohibición a nivel mundial (inclusión en Anexos A, B o C).

2º: Solicitar a los organismos correspondientes la suspensión o restricción del uso del endosulfán en el territorio nacional hasta tanto dicho Convenio resuelva en torno a su utilización.

Señor presidente:

El endosulfán es un insecticida catalogado en nuestro país como muy peligroso (clase Ib) que actúa sobre insectos por contacto e ingestión, y en altas temperaturas también por inhalación. Es extremadamente tóxico para peces - por ello su aplicación se halla restringida en las cercanías de cursos de agua- y moderadamente tóxico para abejas y aves. Es utilizado en los cultivos de cereales, alfalfa, algodón, florales, hortalizas, girasol, lino, maní, tabaco y soja. Como muchos de estos productos de amplia utilización, a pesar de ser reconocidos como muy peligrosos, en la práctica no existe en nuestro país un control en su venta al público, ni en su dosificación y aplicación, tampoco en la eliminación de los envases en desuso.

El Convenio de Estocolmo es un Convenio Internacional -del cual Argentina forma parte- que tiene como fin la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (COPs), es decir, productos y sustancias químicas que por determinadas características resultan una amenaza para ambos.

El endosulfán ha sido propuesto por la Unión Europea en Agosto de 2007 para ser incluido en el Convenio de Estocolmo sobre COPs, ya que por su uso y composición química cumple con las características planteadas por el Convenio: es tóxico, persistente, bioacumulable y puede desplazarse a grandes distancias. Es por todo esto que se está realizando en el comité de examen de contaminantes orgánicos persistentes un proceso de revisión técnica, examen del perfil de riesgos, evaluación de la gestión de riesgos y discusión sobre las políticas y medidas que lleven a su eliminación y/o restricción a nivel mundial (inclusión en Anexos A, B o C).( (1) )

Hasta el momento son 57 los países que han prohibido el endosulfán, incluso Colombia, a pesar de que lo utilizaba ampliamente para el control de plagas en el cultivo de café. Otros 21 países -4 de ellos Latinoamericanos- cuentan legalmente con uso restringido de este producto. En la actualidad, se está reevaluando o se plantea su restricción en forma severa o su prohibición en Nueva Zelandia, Estados Unidos y Canadá, donde se anunció que está bajo consideración su prohibición progresiva. También las autoridades competentes de Brasil y Uruguay están desarrollando un proceso de reevaluación de éste producto ( (2) ). Además está identificado como un contaminante relevante en varios instrumentos de regulación regional e internacional en diversas partes del mundo. ( (3) )

En cuanto a su toxicidad, la Organización Panamericana de Salud (OPS-OMS) identificó al endosulfán entre los 12 plaguicidas responsables de la mayor mortalidad por intoxicaciones agudas en Centroamérica y República Dominicana en el período 1999-2000. De allí que la XVI reunión de Ministros de Salud de dicha región celebrada en noviembre de 2000, recomendó que se conduzcan y apliquen medidas para su restricción. El relevamiento en Centroamérica fue posible gracias a la vigilancia epidemiológica realizada en el marco de un proyecto (PLAGSALUD, con apoyo de la OPS, financiado por la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional, DANIDA) durante los años 1993 y 2003. Este proyecto también permitió calcular que existía un subregistro de intoxicaciones por plaguicidas del 77 al 90% de los casos.

El subregistro de las intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas es común en Latinoamérica, incluso Argentina. Una complejidad de dificultades constituyen la base de este problema, tanto en el sistema de salud como en las/los pacientes. En general, las personas acuden a los centros de salud cuando perciben molestias en su cuerpo que les impiden realizar tareas cotidianas; allí son atendidos por las derivaciones más visibles de la intoxicación sin que sea registrada la causa real, rara vez se anota el producto que la causó. Además "no siempre hay una patología que se revela espontáneamente, su construcción como tal necesita de un diagnóstico, cuya realización atañe a la presencia de métodos complementarios y de alguien que pueda interpretar los resultados" (Llovet, Juan, 1984. Servicios de salud y sectores populares. Buenos Aires. CEDES).

En las intoxicaciones crónicas la aparición de síntomas puede retrasarse lo suficiente en el tiempo como para causar daños irreversibles en el organismo; la falta de planes ambulatorios orientados a este tipo de patologías hace que sea la población en riesgo la que deba acudir al centro de salud, lo que difícilmente sucede. Un ejemplo concreto se da con una parte importante de los/las trabajadores/as del sector agrícola en contacto directo y permanente con este tipo de productos; como en muchos casos tienen un alto grado de informalidad laboral deben acudir a los hospitales públicos, lo que es entendido como una pérdida de horas de trabajo. Es común que posterguen la consulta, sobre todo ante la posibilidad de tener que realizar un tratamiento que los separe temporal o definitivamente de su fuente de ingresos. Una parte importante de la población afectada no llega al centro de salud; como lo que no se registra no existe, en Argentina los índices de intoxicaciones se ubican muy por debajo de lo que sucede en la realidad.

Sin embargo recientemente la justicia se ha pronunciado en torno a intoxicaciones masivas con plaguicidas, como en los casos del Barrio Urquiza de la Localidad de San Jorge, Provincia de Santa Fé y más precisamente del Barrio Ituzaingó en la ciudad de Córdoba, donde se comprobó una presencia en el suelo muy por encima de estándares tolerables de Alfa-Endosulfán y Beta Endosulfán, entre otros compuestos.

El fallo de Córdoba estableció que fumigar en áreas urbanas es un delito penal que viola la Ley Provincial de Agroquímicos, reconociendo para el caso la figura "contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud". Esto fue posible en gran medida por la insistencia de las Madres de Ituzaingó, quienes desde el 2001 vienen alertando en todos los niveles de gobiernos los impactos de los plaguicidas en la saldu de las familias de su barrio. "A comienzo del año 2004, un médico trabajó junto al grupo de madres verificando 150 casos, los cuales fueron presentados a las autoridades municipales y provinciales. En la actualidad, no sabemos si el barrio es habitable, pues nos seguimos enfermando. Llevamos registrados más de 200 casos de cáncer, sin contar Lupus, Púrpuras, Anemias Hemolíticas, Hodking Linfáticos, Tumores y Leucemias. Tenemos varios jóvenes fallecidos (22/23 años), uno de ellos murió a los tres días de su diagnóstico. Otros de 18 a 25 años tienen tumores en la cabeza; en el grupo de los de más corta edad hay cerca de 30 tumores (aún viven, pero están perdiendo, poco a poco, sus sentidos) Lo más terrible son los casos de leucemia (13 casos, tres de ellos están casa por medio y otros tres a un par de cuadras, entre dos transformadores y la plantación de soja que cubre el barrio)."( (4) )

Gracias a la persistencia de las Madres, la Dirección de Ambiente Municipal constató en el año 2006 que en los análisis de sangre de 23 de los 30 niños de una escuela cerana a los campos de soja había uno, dos y hasta tres plaguicidas diferentes. El Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba se hizo parte de la causa en febrero de 2008, cuando vió por sí mismo cómo se fumigaba sobre las casas. Incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró, despues de inspeccionar la localidad, que Ituzaingó Anexo es un "sitio contaminado".

Existen varios estudios en nuestro país que señalan el impacto de estos productos en las personas; mencionamos sólo algunos. Uno de ellos fué realizado por profesionales del Hospital Italiano de Rosario, Ministerio de Salud, Universidad Nacional de Rosario, Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente, Federación Agraria Argentina, INTA y Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fé, detectó que los casos en malformaciones en niños en la población rural superan 10 veces la media latinoamericana; y la cantidad de cánceres hormona-dependientes (de testículos, ovarios, próstata y mamas) también sobrepasan varias veces la media nacional. El proyecto, iniciado en 2001 y financiado por el Ministerio de Salud de la Nación, abarcó las localidades de Bigand, carreras, Alcorta, Santa Teresa y Máximo Paz, además de la bonaerense Pérez Milán. La coordinación del proyecto estuvo a cargo del director de la Unidad de Medio Ambiente y Salud Reproductiva del Hospital Italiano, Dr. Alejandro Oliva.

En la provincia de Misiones cerca del 13 % de la población tiene alguna discapacidad, casi el doble de la media nacional. Por este motivo, el Dr. Juan Carlos Demaio, jefe de cirugía del Hospital Provincial Ramón Madariaga, presentó en el año 2005 los resultados de una investigación llevada adelante casi sin presupuesto, alertando sobre la utilización de plaguicidas en la actividad papelera y tabacalera: "Luego de visitar todas las zonas rurales y ver el consumo de agrotóxicos certificamos que nuestros pacientes venían de los lugares donde más agrotóxicos se utilizaban". El estudio señala que 5 de cada 1000 nacidos presentan mioelomelingocele (MMC), es decir, malformaciones del sistema nervioso central, enfermedad provocada en los 28 días de gestación en la cual los bebés nacen con la médula abierta, quedando con incontinencia urinaria, fecal y trastornos motores de miembros inferiores.

En nuestro país cada vez es más frecuente la detección de casos de intoxicación masiva por el uso del endosulfán junto a otros productos, utilizados en una amplia gama actividades a lo largo del país. Cada día son más los sectores de la sociedad que denuncian el impacto en la salud y los riesgos del uso de estos plaguicidas; en los hechos la movilización de estos sectores hoy se ha convertido en uno de los factores determinantes aquí y en Latinoamérica para hacer visible la gravedad del problema y lograr avances en torno a las medidas necesarias. Sin embargo, las políticas públicas respecto al control y/o actualización de la legislación vigente a nivel local y nacional siguen estando muy por detrás de lo que la realidad demanda.

El hecho de que el endosulfán se haya prohibido en numerosos países y cultivos demuestra que su sustitución es posible. En la Unión Europea la tendencia a su reducción y eliminación progresiva sobre todo en los países mediterráneos es particularmente significativa y digna de ejemplo para América Latina con cultivos similares. En ese sentido, el crecimiento de la agricultura orgánica y de de estrategias de manejo agroecológico incluidas las prácticas de manejo integral de plagas en el mundo demuestran que técnicamente es posible incluso ir más allá de la mera sustitución por otros plaguicidas químicos, sino diseñar de sistemas agrícolas ecológicamente más sustentables, estables antes los cambios y resilientes frente a las perturbaciones climáticas o antropogénicas.

De allí que es importante que nuestro gobierno y el Comité de Examen de los COPs del Convenio de Estocolmo contemplen al momento de sustituir este producto no sólo sustitutos químicos, sino que realicen un proceso de consulta amplia e incluyente que permita incorporar la experiencia exitosa de investigadores y de organizaciones de productores en manejo de la producción bajo modos agroecológicos y de la agricultura orgánica.

Por todo lo mencionado, solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución