La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio y profunda preocupación por la candidatura y propuesta de designación como fiscal federal del abogado Pedro Eugenio Simón en la provincia de Santiago de Estero.

Señor presidente:

El gobierno argentino solicitó al Senado que acuerde nombrar -como fiscal federal de la provincia de Santiago del Estero- no a la jurista Indiana Garzón, que ganó sobradamente la oposición, sino a un hombre que fuera simultáneamente diputado y representante legal de empresas que desalojaban a los campesinos de sus tierras.

De este modo, el gobierno nacional comete un error político y una triple injusticia: al beneficiar a quien no se lo merece, al discriminar a quien mostró ser más idónea para el cargo y al perjudicar al pueblo de Santiago del Estero.

La candidatura de Pedro Eugenio Simón para magistrado federal de Santiago del Estero fue categóricamente cuestionada e impugnada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo para la Diversidad (Copadi), Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), MOCASE y otras organizaciones campesinas y de Derechos Humanos, que sostienen que es inadmisible nombrar como magistrado federal a un violador de los derechos humanos.

Cabe recordar que algunos años atrás, se veía expulsando campesinos humildes al ahora propuesto para fiscal federal de Santiago del Estero por la presidenta, a pedido del gobierno que conduce Gerardo Zamora. Varias organizaciones campesinas y de Derechos Humanos fundamentan la impugnación a Simón en que, de ser nombrado, se estaría designando en un cargo institucional de alta relevancia para la Justicia Federal y la Provincia de Santiago del Estero a quien ha sostenido posiciones político- criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos y sostuvieron que rechazar este acuerdo es necesario, para conformar un Poder Judicial democrático e independiente en el territorio santiagueño.

El CELS y el Copadi objetan el proceso de designación advirtiendo que del análisis realizado al concurso para fiscal federal en esta provincia, surge que Pedro Simón obtuvo 30 puntos -sobre 60- en el examen de oposición, y en el examen oral 20 puntos sobre 40, remarcando que de los tres ternados fue el de menor puntaje (53 sobre 100), cuando en contraposición la postulante Indiana Garzón obtuvo 54 puntos sobre 60 en el examen escrito y en el examen oral logró 38 sobre 40, o sea que sus calificaciones fueron netamente superiores a las obtenidas por Pedro Eugenio Simón.

Remarcan que de Simón, cuentan con fundadas sospechas respecto de su falta de compromiso con la vigencia de los derechos humanos y de su falta de independencia del poder político y los sectores dominantes provinciales.

Pedro Eugenio Simón Proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Informan además que Pedro Simón fue, como diputado provincial, el impulsor de un proyecto de ley para restablecer los desalojos como medida cautelar en los juicios por supuesta "usurpación", sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo, normativa que resulta contraria a estándares constitucionales. También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales. Con esos antecedentes, Pedro Eugenio Simón se postuló para fiscal federal de Santiago del Estero.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional, a pedido del gobierno de Santiago del Estero, propuso su designación y pidió acuerdo al Senado. Diversas organizaciones, interpretando el clamor campesino de Santiago del Estero, solicitaron a la Cámara baja realizar audiencias públicas para evaluar su idoneidad moral y recomendaron rechazar su pliego para garantizar un Poder Judicial democrático e independiente.

El candidato proviene del estudio Sechi-Retondo de Spaini, que en tiempos de los Juárez y hasta la fecha se especializa en desalojar campesinos de sus tierras. El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario de apellido Sartor y del escribano Edmundo Gómez por defraudación y falsificación de instrumento público.

El Cels y Copadi recuerdan que el candidato era entonces abogado de la empresa Agroval, dueña de tierras en conflicto con campesinos, y consideran por demás sospechoso que como diputado haya promovido una ley que resultaba esencial en su estrategia como abogado.

Luego de que su proyecto se convirtiera en ley, Simón participó en persona del desalojo de la familia Guzmán junto a un grupo de elite de la policía de Santiago (Getoar). Hubo intentos de expulsarlo de Diputados, pero logró mantenerse en el cargo.

Repudiamos y exigimos la impugnación de la designación como fiscal federal del abogado Pedro Eugenio Simón especialista en desalojar comunidades campesinas e indígenas Nos hacemos parte de la lucha de las organizaciones indígenas y campesinas en defensa de nuestros derechos reconocidos por el sistema jurídico nacional e internacional.

Por todo lo expuesto, es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto.