La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo con el fin de solicitarle que instruya al Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para que reciba a la delegación de trabajadores de la Asociación Docentes de Santa Cruz (A.Do.Sa.C.) e interceda en la resolución del conflicto que mantiene dicho gremio con el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.

Señor presidente:

El pasado 24 de junio una delegación de docentes de la Asociación Docentes de Santa Cruz (A.Do.Sa.C.) arribó a la Ciudad de Buenos Aires con el conflicto de obtener la intercesión del Gobierno Nacional, la que se avizora como única alternativa posible para destrabar el conflicto que tienen con las autoridades provinciales, el cual va a cumplir 4 meses sin encontrar solución, lo que se expresa en la falta de dictado de clases durante este ciclo en la austral provincia.

Recordemos que su reclamo se limita a la obtención de un ajuste salarial que compense el impacto de la inflación sobre el salario, dado que los mencionados docentes sólo han tenido un aumento de un magro 18% el pasado año, y les es ofrecido tan sólo un 25% de aumento este año, lo cual en el acumulado de ambos años los deja muy por debajo de los porcentajes promedio acordados por la generalidad de los gremios a nivel nacional. Ésto es particularmente acuciante en una provincia como la de Santa Cruz, donde el costo de vida (superior a los $9000) es uno de los más altos a nivel nacional, y donde el sector público tiene una trascendental relevancia como empleador, por lo que una política estatal que deprede el poder adquisitivo del salario tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de la totalidad de los habitantes de la Provincia.

Esto debería ser evitado particularmente en la jurisdicción con el más alto PBI per cápita a nivel nacional.

Dicha delegación, lejos estuvo de poder acceder a una reunión con el responsable a cargo de esta cartera en la Ciudad, sino que el tratamiento que han recibido, por el contrario, parece asemejarse mucho al que recibieron los hermanos Qom el pasado mes (parece ser una metodología que comienza a ser habitual para recibir a quienes arriban a la Capital con reclamos desde los puntos más alejados de nuestra extensa geografía), con un tratamiento renuente de las autoridades nacionales a escuchar los reclamos (con un rol destacado en ambos casos del Señor Ministro del Interior, quién en este caso ha acusado públicamente de "vándalos" a los docentes), y una política de desalojo de los acampes que llevan adelante, con la consecuente criminalización de los involucrados y de quienes, viviendo en esta Ciudad, prestan apoyo a su causa.

Insistimos, (y éste Gobierno lo sabe muy bien, pues lo suele llevar como bandera y en otros casos bien lo supo llevar adelante) que dar la espalda y criminalizar a sectores que conducen reclamos sociales, muchos de los cuáles (como en este caso, como en el caso de los trabajadores tercerizados del ferrocarril) han sido perseguidos y atacados por patotas sindicales funcionales a quienes definen sus salarios, no es el modo de dar acogida y solución a dichos reclamos, mucho menos si se quiere fortalecer una concepción robusta de la democracia que entienda el conflicto como un motor propio de etapas de desarrollo a nivel económico y social, que permita a la clase trabajadora insertar y recuperar su lugar como un factor de poder (el cual desde hace más de un siglo ha sabido conseguir y defender a través de la movilización en pos de sus conquistas laborales).

Porque es mi más sentida vocación contribuir al diálogo para terminar con éste conflicto, y otorgar a los trabajadores las reivindaciones que por justo derecho les correspondes, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.