La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe a la brevedad, a través de los organismos correspondientes sobre los puntos que a continuación se detallan:

1.- Cuál fue el presupuesto de gastos ejecutado para publicidad de los actos de gobierno durante el curso del año 2011, con indicación de las partidas aprobadas y/o modificadas.

2.- Cuáles fueron los criterios utilizados para la distribución de la pauta publicitaria que destina a realizar publicidad en los medios durante el curso del año 2011.

3.- Informado los criterios, acompañe listado de empresas y/o personas comprendidas en la adjudicación efectuada, consignando los valores asignados por dicha pauta con indicación de modalidad de la percepción.

4.- Si de acuerdo a los puntos anteriores, se incluyen los mecanismos de auspicios a programas o el sostenimiento de productoras.

5.- Para el caso afirmativo, acompañe listado de programas y productoras con indicación de pauta asignada y modalidad de percepción.

6.- Si en el periodo 2011 fue computado como gasto de publicidad la organización de eventos y espectáculos de carácter público o masivo que compromete el aporte de recursos nacionales.

7.- Si en el periodo 2011 fue computado como gasto de publicidad, la organización de eventos y espectáculos de carácter público o masivo, realizado por productoras de comunicación contratadas por el Ejecutivo Nacional u otros organismos nacionales, ya de la administración central u organismos descentralizados.

8.-En función del presupuesto de gastos autorizado para publicidad de los actos de gobierno durante el curso del presente año 2012, si los criterios utilizados para la distribución de la pauta publicitaria que destina a realizar publicidad en los medios serán los mismos que los utilizados durante el curso del año 2011 o se prevén modificaciones.

9.- Para el caso de preverse modificaciones, acompañará listado con indicación de pauta asignada y/o propuesta, modalidad de percepción, así como empresas, personas, programas y productoras, incluidas para el presente año.

10.- Si en el periodo 2012 se computará como gasto de publicidad la organización de eventos y espectáculos de carácter público o masivo que compromete el aporte de recursos provinciales.

11- Si en el periodo 2012 será computado como gasto de publicidad, la organización de eventos y espectáculos de carácter público o masivo, realizado por productoras de comunicación contratadas por el Ejecutivo nacional u otros organismos nacionales, ya de la administración central u organismos descentralizados. Con indicación de partidas que serán afectadas.

12.- De forma.

Señor presidente:

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ha presentado hace pocos días un pedido de informes sobre el gasto en publicidad oficial del Ejecutivo provincial. Entiendo que el interés en conocer la forma en que se distribuyen los recursos públicos en la Provincia de Buenos Aires es sumamente legítimo y que hace a la transparencia y a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. De la misma manera, es necesario conocer los montos, los criterios utilizados y los beneficiarios de la publicidad oficial a nivel nacional. La distribución de la pauta ha sido siempre un recurso utilizado por los gobiernos para favorecer a algunos medios y "castigar" a aquellos que tienen una línea editorial más crítica a las políticas oficiales, una forma de "censura sutil" 1.

Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de un recrudecimiento del manejo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno nacional. Tanto es así que ha valido que en 2011 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara nuevamente sobre este tema, como ya lo había hecho en 2007 en el caso "Editorial Río Negro S.A contra el Gobierno de la Provincia de Neuquén". En el fallo sobre el caso "Editorial Perfil S.A. y otro contra Estado Nacional, Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Medios de Comunicación" el máximo tribunal entendió que el Estado no puede utilizar criterios discriminatorios en la distribución de la pauta oficial y que debe haber un relativo y razonable equilibrio entre las publicaciones como forma de garantizar la libertad de expresión. A pesar de que fue tomada de manera unánime, esta decisión de la Corte Suprema no alcanzó para que el Estado cumpliera con lo ordenado. Por el contrario, en declaraciones públicas, la Presidenta de la Nación sostuvo que no es sólo el gobierno nacional el que hace un manejo abusivo de la publicidad oficial ya que tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el de la Provincia de Buenos Aires también lo hacen, y sostuvo que "Lo curioso es que los jueces solamente miren al gobierno nacional". Asimismo, mencionó que "la publicidad oficial es el 10% de la torta total de publicidad privada, por lo cual su influencia es completamente nula" y agregó "nada es casual, nada es neutral, nada es inocuo. Todo tiene una razón de ser".2

Sin embargo, en el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos se exhorta al gobierno nacional a cumplir con lo dispuesto por la justicia y sostiene que "La Relatoría Especial observa con satisfacción la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2 de marzo de 2011, que reitera la obligación del Estado de adoptar una política de publicidad oficial con criterios objetivos y no discriminatorios"3. Finalmente, se puede leer también que "La Relatoría Especial toma nota de la preocupación existente en Argentina acerca de la asignación de la publicidad oficial a los medios de comunicación."4

Según un reciente informe de la Fundación Poder Ciudadano sobre distribución de la pauta oficial, durante los primeros seis meses de 2011 el Gobierno Nacional ha gastado 100 millones de pesos más que en 2010 en publicidad oficial. Este significativo aumento es aun más preocupante si se tiene en cuenta que durante 2011 hubo elecciones presidenciales con la implementación por primera vez de las primarias obligatorias. Es cada vez más recurrente la utilización de la publicidad oficial como propaganda política, a pesar de que las leyes electorales lo prohíben en épocas de elecciones.

Otro dato que vuelve a repetirse como en anteriores oportunidades es el beneficio que se les otorga a empresarios amigos del gobierno que, entre otros negocios, poseen medios de comunicación. Entre los principales beneficiarios se encuentran el Grupo Szpolski, el Grupo Vila Manzano, el Diario Página/12 y el Grupo Hadad (que vendió recientemente todos sus medios a Cristóbal López).

A pesar de que la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación ha publicado en su página web información sobre el gasto en publicidad oficial en el primer semestre de 2011, es imposible acceder a ella de manera completa y acabada. No se puede conocer la distribución mes a mes ni los medios de comunicación particulares que fueron beneficiados, ya que no se encuentra discriminada. Esta forma de presentación pareciera corresponder a un interés en ocultar cierta información.

La publicidad oficial debe ser entendida como una forma de publicitar los actos de gobierno -nacional, provincial y local- y no de favorecer con sumas millonarias a aquellos que tienen una línea editorial afín. Tampoco debe entendérsela como una forma propagandística y por eso la restricción de publicar acciones del gobierno en épocas de elecciones. Sin embargo, en nuestro país -como en muchos otros de la región- el Poder Ejecutivo hace un uso abusivo y discrecional de los fondos públicos destinados a la pauta oficial.

Es necesario que esta facultad esté regulada y que pueda ser controlada por los otros poderes públicos como por la ciudadanía en general. Para ello es indispensable que se publique en tiempo y forma la información acerca cuánto, cómo y a quiénes va la publicidad oficial. Una distribución equitativa, no discrecional y democrática garantizará la plena vigencia de la libertad de expresión y el manejo de la pauta dejará de ser una medida coercitiva contra los medios de comunicación no oficialistas.

Advirtiendo que la fuerza política gobernante se ha mostrado predispuesta a exigir ese tipo de información en el ámbito provincial, estimamos que estará del mismo modo inclinada a brindar semejante información a nivel federal.

Hemos reproducido entonces, sin cambio alguno, el proyecto que impulsaran, más allá de que a nuestro entender inclusive debería ser más detallado.

Por todo lo expuesto solicito a los y las señores/as diputados/as que me acompañen en la sanción de este pedido de informes.

REFERENCIAS

Ver Una censura sutil: abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina, Asociación por los Derechos Civiles, Buenos Aires, 2005.

2 Diario Perfil 15 de marzo de 2012.

3 Ver Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Volumen II Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Washington, Diciembre 2011, pag. 27.

4 Ver Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Volumen II Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Washington, Diciembre 2011, pag. 28.