La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, tenga a bien arbitrar los mecanismos necesarios, para que a través de los organismos que correspondan, garantizar la distribución y precios accesibles del GLP (gas licuado de petróleo) en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, ya que no cuentan con distribución de gas en red (gas natural).-

Señor presidente:

La Ley 26.020 sobre la comercialización del GLP ( Gas Licuado de Petróleo) fue sancionada en marzo de 2005 y tenía el objetivo de asegurar el suministro a los sectores de escasos recursos y a las zonas que no cuentan con el servicio de gas natural por redes, principalmente las provincias del NEA: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

La problemática del gas envasado en garrafas debe ser una preocupación de todos, La gran mayoría de los habitantes del interior del país (particularmente de estas cuatro provincias) y de los cordones pobres del Gran Buenos Aires consumen gas licuado de petróleo (GLP), gas que se comercializa en garrafas.

Han, pasado casi nueve años de la sanción de la ley de Marco Regulatorio para el Gas Licuado De Petróleo, vemos que esta ley poco ha colaborado en la comercialización y distribución del GLP.

Los ciudadanos de estas provincias necesitan tener la certeza de que no les va a faltar el gas para calefaccionarse o cocinar. Debemos resaltar que los sectores medios y altos de la población gozan del gas subsidiado que le llega a través de las redes, mientras que los sectores de menores recursos carecen de tal beneficio, y además existen conglomerados urbanos completos en el interior del país que tampoco gozan de dicho subsidio puesto que carecen de conductos de gas. Esta inequidad entre distintos sectores de la población conlleva a la injusticia de que aquellos que más tienen pagan menos por un producto esencial, mientras que los que menos tienen abonan cifras altamente onerosas para sus bolsillos.

Debemos aunar esfuerzos para que este gas sea declarado servicio público, esto implicaría que el Estado se ajusta a lo establecido en nuestra Constitución Nacional, en donde el artículo 42 establece que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno."

Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución.