La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar en forma inmediata, para su interpelación, de conformidad con los artículos 71 y 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, a fin de que informen públicamente y den explicaciones sobre los anuncios oficiales acerca de la propuesta de “modificar la normativa vigente para involucrar a las FFAA en el apoyo logístico a tareas de ‘seguridad interior’. Lo cual abre el camino para grandes violaciones a los derechos humanos del pueblo trabajador.

Señor presidente:

Durante la conmemoración del Día del Ejército, el presidente Mauricio Macri, reafirmó su objetivo de reintegrar a las Fuerzas Armadas a las tareas de represión interna.

Estos dichos toman relevancia en el marco de las tratativas por el pedido de un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional que impulsa el gobierno y que traerá una profundización del ‘ajuste’ para la clase trabajadora.

Intentan redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en sintonía con las recetas del Departamento de Estado norteamericano. La compenetración del aparato represivo local con el imperialismo cobró renovado impulso de la mano de Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esto se expresa por ejemplo, en las gestiones para establecer bases militares norteamericanas en la Triple Frontera y en Neuquén.

Macri manifestó: "Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las necesidades del siglo XXI y preparadas a las amenazas que hoy nos preocupan”. Estas serían, según el discurso oficial y del imperialismo, el narcotráfico y el terrorismo. Si tenemos en cuenta que el gobierno define a la comunidad mapuche que habita la Patagonia de nuestro país, como “terrorista”, es claro que estamos ante la creación de “enemigos internos”, para justificar la represión interior. La comunidad mapuche defiende las tierras del acaparamiento por los verdaderos enemigos de la clase trabajadora que son los grandes terratenientes apropiadores y la multinacionales como las mineras a cielo abierto que destruyen el medio ambiente y los recursos naturales.

La supuesta lucha contra el narcotráfico es una farsa, ya que éste, en realidad, está garantizado por el aparato estatal y sus servicios de seguridad.

Por otra parte, es de destacar que, incluso formalmente, las Fuerzas Armadas no se preparan doctrinariamente para actuar de policía interior: su doctrina es la del aniquilamiento, la doctrina de la guerra, no la “corrección” o “reinserción de ciudadanos que delinquen”.

Estos acontecimientos se encuentran en sintonía con la política de reconciliación con las Fuerzas Armadas que comenzó durante el gobierno kirchnerista, que nombró a Cesar Milani, funcionario de la última dictadura militar, a cargo del Ejército. Se expresa a su vez, en el conocido fallo que otorga el beneficio del 2x1 a los genocidas, la propuesta de liberar a genocidas con el beneficio de la prisión domiciliaria, el decreto que otorga autonomía a las FFAA y llega hasta manifestaciones públicas por parte del gobierno y sus funcionarios dudando de la cifra de 30 mil desaparecidos víctimas del terrorismo de estado de la última Dictadura militar.

El kirchnerismo le allanó el terreno a este gobierno, con las leyes antiterroristas y manteniendo en el articulado de la llamada Ley de Defensa de la Democracia, el recurso de la intervención de los militares en caso de “conmoción interior”, previo dictado de estado de sitio, como lo han hecho todos los gobiernos “democráticos” desde Alfonsín hasta la fecha.

Es alarmante que esta medida prospere teniendo en cuenta que en la actualidad existen casos de intervención interna por parte de las Fuerzas Armadas que configuran graves violaciones a los derechos humanos, como lo fue el caso de Santiago Maldonado, en el cual la Gendarmería y la Ministra Patricia Bullrich no pudieron dar explicación alguna durante meses sobre su paradero luego de haber reprimido brutalmente una movilización de la cual había participado. Se suma a esto el asesinato por las mismas fuerzas represivas de Rafael Nahuel, miembro de la comunidad mapuche, en los días siguientes.

Los barrios más pobres ya cuentan con la intervención de las Fuerzas Armadas, a raíz de la disposición de la militarización de los mismos impulsada por el kirchnerismo durante su gobierno. Como consecuencia, son corrientes las represiones y abusos policiales, como la reciente razzia llevada a cabo por la Prefectura en la Villa 21 de la Ciudad de Buenos Aires contra vecinos y activistas del barrio, por denuncias de torturas en 2016 por la misma fuerza.

Para avanzar con las políticas de ajuste que impone el FMI, si fracasan las políticas de contención y cooptación, el gobierno necesita de las Fuerzas Armadas de su lado, reprimiendo los “asuntos internos”, es decir, a los trabajadores que se encuentran saliendo a responder en contra de estas políticas.

Llamamos a los/as disputados/as a apoyar el presente pedido de interpelación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, teniendo en cuenta las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo trabajador, que tendrá como consecuencia en caso de prosperar esta medida de reforzamiento de la represión.