El Senado y Cámara de Diputados...

Ley para regular los contratos que rigen las cajas de seguridad en los Bancos.

Artículo 1º.- El contrato de depósito en caja de seguridad bancaria se verifica cuando una persona, física o jurídica, en adelante el depositante, entrega para su guarda una cosa mueble o inmueble a un Banco estatal o privado, en adelante el depositario, el que deberá proceder a su cuidado para posteriormente restituirla en idéntica forma.

Artículo 2º.- No habrá depósito en caja de seguridad bancaria sin contrato. El que se arrogase la detención de una cosa ajena, no será considerado depositario de ella, y queda sujeto a las disposiciones de este código sobre los poseedores de mala fe.

Artículo 3º.- El contrato de depósito en caja de seguridad bancaria se regirá por las disposiciones de la presente Ley. Será considerado una forma especial de contrato de depósito, y será regular y voluntario. Así, serán de aplicación lo dispuesto en los Capítulos II del Título XV de la Sección Tercera del Código Civil de la Nación Argentina, con excepción de los artículos 2200; 2205; 2206; 2207; 2208; 2209; 2212; 2213; 2215 y 2216.

Artículo 4º.- Queda prohibida cualquier forma de depósito entre una persona física y una persona jurídica que no se adecue a los términos de la presente Ley. Toda persona que entregue uno o más bienes en depósito para que sea guardado en la caja de seguridad o en un sitio afín de una entidad bancaria, tanto pública o privada, como aquella persona que, en representación de un banco público o privado autorice o posibilite el depósito de uno o varios bienes muebles o inmuebles en la caja de seguridad o en un sitio similar de la entidad bancaria, sin dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos por la presente Ley, serán reprimido con la pena establecida por el artículo 248 del Código Penal de la Nación.

Artículo 5º.- Toda vez que uno o varios depositantes celebren el contrato de depósito en caja de seguridad bancaria, deberá completar en la entidad bancaria un formulario con carácter de declaración jurada, donde consten expresamente los siguientes datos: nombre y apellido; documento nacional de identidad; domicilio real; teléfono. En caso de que más de un depositante celebrare contrato con el depositario sobre la misma caja de seguridad, deberán realizarse tantos formularios como depositantes hubiere, en los cuales cada uno deberá dar cumplimiento por el/los bien/es de su propiedad.

Artículo 6º.- En el formulario aludido en el artículo anterior, deberá constar detalladamente una descripción del/ de los bien/es entregados al depositario, como así también una valuación actualizada del/ de los mismo/s. Asimismo, en el mismo formulario el depositante deberá justificar la adquisición del/ de los bien/es, dejando de manifiesto expresamente la fuente a través de la cual ha obtenido el dinero necesario para adquirir el/los bien/es objeto del contrato.

Artículo 7º.- En caso de que el/los bien/es objeto del contrato se traten de dinero en efectivo de cualquier moneda, la descripción a la que alude el artículo anterior deberá realizarse a través de la manifestación del importe total del dinero entregado en depósito, como así también la descripción de los billetes entregados, estableciendo la cantidad y valor de cada uno.

Artículo 8º.- El depositario deberá llevar un control de toda modificación sobre el/los bien/es que el depositante efectúe en la caja de seguridad, dejándola asentada en el formulario aludido en el artículo 6º. Cada vez que el depositante modifique el/los bienes que deposite en la caja de seguridad, deberá dar cumplimiento nuevamente a lo estipulado en los artículos 6; 7 y 8 de la presente Ley.

Artículo 9º.- El depositario responde por la destrucción, desaparición y/o inutilización total o parcial, o todo daño total o parcial que pudiera/n sufrir el/los bien/es, debiendo abonar al depositante todos los daños y perjuicios consecuencia de los hechos precedentemente enumerados. El depositario deberá responder por la totalidad del valor de/ de los bien/es, más los daños y perjuicios, en caso de ser desapoderado de los mismos. Para ello no es requisito constatación de un ilícito en la justicia penal. El depositario no responderá en caso fortuito o de fuerza mayor, pero en caso de alegarlas, le corresponderá la carga de la prueba.

Artículo 10º.- El depósito en caja de seguridad bancaria no se resuelve por el fallecimiento del depositante.

Artículo 11º.- El depósito finaliza:

1° Si fue contratado por tiempo determinado, acabado ese tiempo. Si lo fue por tiempo indeterminado, cuando cualquiera de las partes lo quisiere;

2° Por la pérdida de la cosa depositada, como así también por la destrucción, desaparición o inutilización total o parcial;

3° Por la enajenación que hiciese el depositante de la cosa depositada.

Artículo 12º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Señor presidente:

Este proyecto tiene como finalidad dar un marco regulatorio al depósito de bienes que efectúan los particulares en las cajas de seguridad de las entidades bancarias, actividad que se encuentra, en la actualidad, libre de toda regulación y control.

El depósito es un contrato típico por hallarse regulado en el Código Civil de la Nación; empero, por la cuantía del valor de aquellos bienes que cotidianamente son depositados en las cajas de seguridad de las entidades bancarias, se ve necesaria su regulación a través de una figura que recepte esta especialidad.

Actualmente, aquellas personas que depositan sus bienes en las cajas de seguridad de los bancos, lo hacen sin ningún tipo de control por parte de la entidad sobre aquello que están depositando. Ello ha acarreado, por un lado, que en caso de robo o extravío se genere un vacío legal sobre los términos de la responsabilidad que incumbe a cada parte; pero, a su vez, la flexibilidad en la apertura de cajas de seguridad para las personas ha permitido una custodia institucional sobre un dinero muchas veces no declarado, producto de actividades que, en ocasiones, no respetan el ordenamiento jurídico vigente, principalmente en cuanto a la declaración y al pago de impuestos.

La evasión tributaria es un accionar ilícito que perjudica sobremanera la sociedad en general. De triste arraigada costumbre en nuestro país, poca cultura existe en la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas acerca de la necesidad del Estado, así sea este nacional, provincial o municipal, de contar con los ingresos provenientes de los tributos sancionados legalmente; ellos forman gran parte de los ingresos destinados a las obras públicas que incrementan la vida del pueblo todo, especialmente de aquellos y aquellas que más necesitan una ayuda externa. La falta de recursos económicos, o la ausencia de los recursos debidos, se corresponde con la falta de políticas públicas que podrían mejorar la calidad de vida de todos y todas.

Es por ello que este tipo de delitos, denominados "delitos de cuello blanco", son aquellos que de mayor medida perjudican al conjunto social, con repercusiones de gran alcance. Es por ello que, en la actualidad, se ha tratado de adecuar la legislación vigente de forma tal de evitar este tipo de injustos e injusticias; en este orden de ideas, y siguiendo recomendaciones internacionales, se han sancionado leyes especiales en materia penal, especialmente en cuanto al lavado de activos.

Sin embargo, esta legislación pocas veces ha contado con la aquiescencia de la doctrina, puesto que, en miras a dar cumplimiento a la finalidad declarada, los legisladores y las legisladoras han sopesado el detrimento de las garantías personales: la tipicidad difusa de las acciones a criminalizar, como así también la incorporación de sendos institutos de origen foráneo de dudosa adecuación con nuestra Constitución Nacional, han priorizado por demás la eficacia de la investigación criminal, sobre las formas por la cual el Estado logra arribar a la verdad de los hechos.

Entendemos que es necesario ejercicio más riguroso del control estatal para evitar este tipo de ilícitos; empero, las políticas públicas no deben estar orientadas hacia una flexibilización de las garantías procesales.

El objetivo primero de todo delito denominado "económico", es la obtención y posterior goce de un producto cuantioso: en este sentido, el norte que guía este tipo de ilícito es la posibilidad de adquirir numerosas sumas de dinero. Sin embargo, una vez consumado el delito, lo cierto es que puede verse necesaria la custodia sobre tales bienes, razón por la cual la falta de restricciones sobre los bancos para obtener una caja de seguridad se torna un elemento, ni no esencial, más que útil para preservar con escaso riesgo y con libre acceso el dinero obtenido. Es por ello que la declaración jurada sobre los bienes que se ingresen será un freno hacia el resguardo de dinero ilícito en entidades bancarias, como así también facilitará todo tipo de investigación criminal.

No se trata de ninguna restricción al derecho constitucional a la propiedad, sino solamente, y tal como sucede con otras formas de detentar el dinero en entidades bancarias, de regular y administrar las formalidades necesarias para acceder a los beneficios. Actualmente, se encuentran más obstrucciones para los requisitos y regulaciones relacionadas con la propiedad privada, que el cercenamiento de las garantías procesales hacia la libertad ambulatoria.

En otro sentido, el hecho de tener un control más riguroso sobre los bienes que son guardados en las cajas de seguridad, hará cumplir con mayor éxito el calificativo "de seguridad" que modifica a "las cajas", puesto que ante cualquier irregularidad o siniestro sufrido por el banco, o en ocasión de incumplimiento contractual ocasionado por la pérdida de los bienes, en caso de que sean imputable al depositario, los depositantes no se verán en la obligación de demostrar sus bienes para reclamar por ellos. De esta forma, encontrarán un mayor resguardo a sus bienes y una mayor protección, que es el fin que guía el hecho de guardar los bienes en la caja de seguridad de un banco, y no en el interior de sus viviendas.

Por todo lo expuesto es que solicito a los Señores y las Señoras Legisladores y Legisladoras que acompañen este proyecto.