La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más profundo rechazo y repudio a la ley de expulsión de extranjeros en situación irregular que fuera aprobada el día 18 de Junio de 2008 por el Parlamento de la Unión Europea (UE), exhortando asimismo al Poder Ejecutivo a que se pronuncie enérgicamente en contra de tan vergonzosa norma.-

Señor presidente:

Tras casi tres años de debate, el Parlamento Europeo aprobó el día 18 de Junio de 2008 la vergonzosa ley de expulsión de inmigrantes indocumentados de la Unión Europea (UE). La norma comunitaria, que ya recibió el visto bueno de los gobiernos de los 27 países miembros, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial.

La denominada "Directiva Retorno" fija reglas mínimas de aplicación para la expulsión de los extranjeros en situación irregular encontrados en territorio europeo, endureciendo drásticamente las condiciones de detención y expulsión de los migrantes indocumentados, cualquiera sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración.

La meta final del dispositivo represivo consiste en condicionar la regularización masiva de ilegales a la autorización de los otros Estados. En un espacio abierto de libre circulación como es la Comunidad Europea, los dirigentes europeos buscan evitar que el clandestino elija el país donde la legislación puede serle más favorable.

El Sr. Presidente de la hermana República de Bolivia, Evo Morales Ayma, en una ejemplar carta abierta dirigida a la Unión Europea, destacó que la inmensa mayoría de los migrantes va a la UE para contribuir a la prosperidad de la misma, no para aprovecharse de ella: "Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los europeos. Contribuyen al dinamismo demográfico del continente europeo, a mantener la relación entre activos e inactivos que vuelve posible sus generosos sistemas de seguridad social y dinamizan el mercado interno y la cohesión social. Los migrantes ofrecen una solución a los problemas demográficos y financieros de la UE".

Según cifras oficiales de la UE, el trabajo en negro de los clandestinos pesa entre 7 y 16 por ciento del PIB. La misma fuente calcula que hay entre tres y seis millones de extranjeros sin papales en Europa, es decir, 1 por ciento de la población (493 millones). Los estudios revelan que el número de extranjeros que ingresan anualmente a la UE en forma clandestina llega a medio millón.

Lo paradójico de esta situación reside en que, al mismo tiempo que Europa opta por un perfil represivo, sus necesidades en materia de inmigración son crecientes. En el año 2000, un informe de la ONU calculó que hasta el año 2015 Europa necesitaba recibir a 159 millones de inmigrados a fin de subsanar su déficit demográfico.

Sin embargo y a pesar de esto, el inmigrado ha sido convertido en los últimos años en el culpable del desempleo, la criminalidad y la perversión de los valores nacionales. La Directiva Retorno de la UE se enmarca en esta línea, consagrando definitivamente la figura del ilegal como un delincuente.

En respuesta a semejante aberración, el Sr. Presidente Evo Morales afirma que "Los problemas de cohesión social que sufre Europa no son culpa de los migrantes, sino el resultado del modelo de desarrollo impuesto por el Norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades de los hombres (...) Hacer de los migrantes, que sean documentados o no, los chivos expiatorios de estos problemas globales, no es ninguna solución. No corresponde a ninguna realidad".

Entre otras medidas, la Directiva Retorno permite que, antes de ser enviados a sus países de origen, los inmigrantes en situación irregular puedan ser detenidos por un período de hasta 18 meses sin la orden de un juez, e impidiéndole volver a cualquier país de la UE durante cinco años. Tal como ha sido votado en el Parlamento Europeo, la cuestionada norma viola claramente los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Asimismo, el artículo 13 de la Declaración reza:

"1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país".

Otro punto vergonzoso de la referida norma es que la misma no distingue entre menores y mayores de edad, posibilitando encarcelar a madres de familia y menores de edad también hasta por 18 meses, sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en centros de internamientos degradantes para la condición humana de los niños y sus madres.

Vale la pena destacar en este punto que los menores no acompañados son particularmente vulnerables. Debemos llamar la atención sobre el deber que tienen todos los gobiernos de otorgarles la debida protección. Para ello la directiva debería prohibir su detención, y asegurar que tengan acceso a asistencia legal.

No podemos más que visualizar en toda esta situación una profunda hipocresía por parte de los países europeos, la cual consiste en promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas a nivel global, mientras en su propios territorios se promueve encarcelamiento sin juicio para nuestros hermanos latinoamericanos, y de otros países con escasos niveles de desarrollo, que migran hacia territorio europeo en busca de mejores condiciones de vida. Evidentemente la única circulación libre que les interesa es la de los flujos de capitales que se dirigen en dirección a sus propias arcas.

Por todo lo anteriormente expuesto es que instamos al Poder Ejecutivo a que se pronuncie enérgicamente en contra de tan vergonzosa norma. No podemos quedarnos callados ante tanto desprecio, racismo, discriminación, detenciones arbitrarias y expulsiones injustificables.

Asimismo pretendemos recordar a los gobiernos europeos que el hecho de que una persona no tenga "papeles" no significa que no tenga derechos, lo que es lo mismo que decir que toda persona tiene derechos humanos, independientemente de su situación legal.

Reconocemos el derecho de los Estados a controlar sus fronteras y la entrada de extranjeros en su territorio, pero no a costa de socavar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Priorizar el control migratorio no ha de traducirse en dar la espalda a los derechos de tales personas, las cuales componen un grupo particularmente vulnerable y desprotegido.

La Unión Europea es una unión basada en la democracia y los derechos humanos. Tiene que estar a la altura de esos valores y proteger los derechos de las personas migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo estableciendo una política migratoria respetuosa de los derechos humanos y que permita mantener el dinamismo provechoso para todos los países al que hacíamos referencia más arriba. Dinamismo que, como bien se preocupa en destacar el Presidente Morales, "repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del Tercer Mundo".

Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a los Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Declaración.-