La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los Organismos que correspondan, informe sobre los puntos que seguidamente se detallan, relacionados con la adquisición de 11 mil hectáreas que conforman el campo de Hidden Lake en la provincia de Río Negro.

Informe detallado sobre los antecedentes dominiales de las parcelas que conforman las 11 mil hectáreas, desde 1980 al presente, los títulos por los que los sucesivos titulares de dominio accedieron al mismo; y si las respectivas parcelas están ubicadas en Zonas de Seguridad de Frontera.

Si se han solicitado permisos o autorizaciones a la Secretaria de Seguridad Interior (SSI), por parte de extranjeros, para comprar tierras en zonas de seguridad comprendidas en la región. Detalle y condiciones de las mismas.

Si ha tomado conocimiento del Informe del Defensor del Pueblo sobre supuestas irregularidades para la compra de estas tierras, en cuanto al ocultamiento del dueño final de las 11 mil hectáreas, así como sobre el manejo de los tiempos de la documentación, sobre los cambios en la sociedad anónima formada para la adquisición y los supuestos incumplimientos de funcionarios nacionales y provinciales en el ejercicio de las exigencias de la presentación de la documentación correspondiente.

En caso de afirmativo, si se han realizado investigaciones o tomado medidas al respecto, de ser así, detalle los resultados o estados de la misma.

Señor presidente:

La problemática relacionada a la extranjerización de tierras en nuestro país es una cuestión de suma importancia y exige una profunda reflexión y consecuente legislación sin dilaciones.

En el ámbito del Congreso de la Nación se han ingresado -hasta la fecha- nueve proyectos de ley sobre regulación de la compra de tierras rurales, que proponen de diversas maneras, limitar su compra por parte de personas jurídicas y físicas extranjeras.

En el marco del debate parlamentario, esta problemática será uno de los aspectos a analizar. En este sentido, existe el antecedente de los informes relacionados al tema presentados por la Auditoría General de la Nación

La Defensoría del Pueblo de la Nación, ha elevado un informe a la Auditoría General de la Nación y al Tribunal Superior de Justicia de Rio Negro, denunciando irregularidades en las operaciones que permitieron al inglés Joe Lewis la compra de 11.000 hectáreas en la zona cordillerana de la provincia de Río Negro. La propiedad, denominada por su dueño "Hidden Lake", incluye dentro de su perímetro al Lago Escondido, cuyo acceso público fue cerrado por Lewis. Esto ha derivado en una batalla judicial inconclusa con los vecinos de la región que se oponen a la privatización de los espacios públicos.

El Informe, tal como fuese mencionado en varios medios nacionales y provinciales gráficos, en mayo último, advierte que el terrateniente accedió a tierras vedadas a los extranjeros por estar situadas en Zona de Seguridad de Frontera. Además, alerta sobre una "sucesión de normas" en la que "se fue produciendo una importante flexibilización en las condiciones exigidas a personas físicas y jurídicas extranjeras para acceder a inmuebles" en estas zonas próximas a las fronteras.

En este informe se analiza el accionar de todas las dependencias públicas, tanto provinciales como nacionales, que intervinieron en la compra del Sr. Lewis de las hectáreas mencionadas anteriormente. Denuncia que existió flexibilización de los requisitos y deficientes o inexistentes controles; lo que representa un serio problema no sólo por la transparencia de las instituciones relacionadas con la gestión de la compra-venta, sino también porque es una cuestión de Defensa Nacional, ya que se trata de Zonas de Seguridad de Frontera.

En ese análisis, la Defensoría coincide con los informes antes mencionados de la Auditoría General de la Nación, en cuanto a que el control que ejerce el Ministerio del Interior en la compra-venta de tierras por extranjeros en áreas de frontera en la zona andino-patagónica como en la provincia de Misiones y Corrientes presenta irregularidades.

La compra de tierras en nuestro país por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras es una problemática que requiere urgente tratamiento en el ámbito del Congreso. Asimismo, resulta de igual importancia fortalecer la capacidad institucional entre las jurisdicciones provinciales y nacionales en los procedimientos de compra-venta de tierras, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Atento lo expuesto, solicito a los Sres. Diputados y Diputadas que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.