El Senado y Cámara de Diputados...

ARTICULO 1º.- Fíjase la alícuota del derecho de exportación, aplicable a las distintas variedades de trigo y maíz comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.M.C.), en un cero por ciento (0%).-

ARTICULO 2º.- Fíjase la alícuota del derecho de exportación, aplicable a las distintas variedades de girasol comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.M.C.), en un cero por ciento (0%).-

ARTICULO 3º.- Fíjase la alícuota del derecho de exportación, aplicable a las distintas variedades de sorgo comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.M.C.), en un cero por ciento (0%).-

ARTICULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene como objeto contribuir en la búsqueda de diferentes soluciones a la problemática actual del sector agrícola nacional, otorgando mayor certidumbre en un escenario internacional que se caracteriza por su volatilidad, generando gran incógnita y desaliento entre los productores agropecuarios.

Las retenciones han sido un tema muy discutido y mucho se ha dicho sobre las mismas, generándose en torno a ellas discusiones a distintos niveles de poder y los productores agropecuarios. Lo cierto es que la problemática en torno a este tema tan delicado, continua siendo una gran preocupación para el sector productivo.

En el año 2002, cuando las cuestionadas "retenciones" fueron restablecidas, la discusión era en torno a cómo debía distribuirse la renta, que en ese momento el Poder Ejecutivo Nacional consideraba, era extraordinaria debido a los altos precios internacionales de los granos, como así también, se las consideraba como un instrumento de control de precios de los alimentos para que de esta manera no se impactara sobre los niveles de pobreza e indigencia. Todo esto no pudo ser efectivamente demostrada que así sucediera.

Creemos ciertamente que debemos encontrar un equilibrio entre los legítimos intereses fiscales y redistributivos del Gobierno y los también legítimos intereses de los productores agropecuarios que, en algunos casos, siguen viendo como su rentabilidad se reduce a niveles insignificantes o hasta negativos.

Otro problema altamente preocupante es el referido al tema de los subsidios al precio de los alimentos (por ejemplo al pan), ya que los mismos terminan beneficiando a toda la población, así el setenta por ciento (70%) recae sobre los sectores no necesitados, no cumpliendo eficazmente con el cometido de beneficiar a quienes más lo necesitan.

Manifestamos que no estamos en desacuerdo con las retenciones como herramienta de política económica, pero creemos no es cierto que éstas sean un factor de equilibrio social, tendiente a mantener estables los precios internos en un escenario de altos precios internacionales, pues así ha quedado demostrado a través del paso del tiempo. Este mecanismo no contribuye de forma alguna a la redistribución de la mayor riqueza generada por estos precios, y por ende, entendemos que este impuesto a las exportaciones no es la forma de solucionar dicha problemática.

Asimismo, queremos resaltar que nuestras provincias hoy se encuentran con grandes dificultades financieras y debemos garantizarles los medios para que puedan generar recursos que consecuentemente repercutan en una mejor calidad de vida de sus habitantes.

Por otro lado, y enfocándonos en los actores principales del sector, vemos que resulta fundamental entender la situación en la que se encuentran, teniendo en cuenta los gastos que deben afrontar tanto el productor agropecuario a la hora de la siembra, como así también el costo de los insumos como ser: semillas, agroquímicos, fertilizantes, gas-oil; todos ellos impredecibles de determinar, teniendo en cuenta la variación de precios que los mismos sufren, y que en algunos casos los valores que se abonan son a precio dólar.

A todo lo expuesto, cabe agregar un dato más y es que la actividad agropecuaria es una actividad de riesgo, y que, actualmente los productores vienen reacomodándose de unas históricas sequías, de aquellas que se repiten una vez cada veinte años o más, que, entre otras consecuencias provocó, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, caídas en los rendimientos estimados por hectárea, superiores al 40% y casi totales para algunos cultivos. Hemos tenido un escenario bastante desolador para el productor y sin indicadores que permitieran vislumbrar una salida a esta simultaneidad de factores adversos, que como siempre los hombres de campo, con el esfuerzo, trabajo y sacrificio que los caracterizan, intentaron e intentan seguir adelante.

En este orden de idea, resulta necesario adoptar medidas que alivien, aunque sea en parte, la situación del sector agrario, resultando urgente y necesario contar con políticas acordes a las necesidades del sector.

La provincia de Santa Fe, por ejemplo, se caracteriza por estar muy ligada a la actividad agropecuaria y también a todo tipo de producción vinculada con el campo. En esta provincia se produce soja, maíz, trigo, girasol, sorgo, arroz y algodón. Existen consecuentemente industrias vinculadas al sector agropecuario, como la industria oleaginosa, cárnica, láctea, molinera y de maquinas agrícolas, que incluye cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras. Por esa razón, las medidas que afecten al campo, afectarán obviamente a toda la cadena productiva, repercutiendo de esta forma en todos sus habitantes. Como representantes de la misma, elegidos por el voto popular, somos testigos diarios y directos de la problemática diaria que enfrenta el sector.

Este proyecto tiene como cometido otorgar previsibilidad a la producción agrícola reduciendo a cero las alícuotas de los derechos de exportación para los distintos tipos de trigo, maíz, girasol y sorgo. De esta forma, se estaría dando la posibilidad al productor de no tener que optar siempre por la siembra de soja, cumpliendo con la rotación cultivos, contribuyendo así, al mejoramiento del suelo, evitando el deterioro de los nutrientes del mismo, respetando, en definitiva, el criterio de sustentabilidad incorporado a nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994, en el artículo 41.

Creemos que, hasta hoy, las medidas adoptada hacia el sector no han favorecido a la desojización, sino, por el contrario se han generado mayores incentivos al monocultivo de soja, lo que queda demostrado con sólo transitar por las provincias fuertemente agrícolas, donde la siembra es casi total de este grano.

Este proyecto, que propone eliminar las retenciones para el trigo, maíz, sorgo y girasol, tiene como finalidad dar un marco de certidumbre y confianza a aquellos que representamos.

Por las razones expuestas solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.