El Senado y Cámara de Diputados...

INCORPORACIONES A LEY NACIONAL

DE ARMAS Y EXPLOSIVOS N° 20.429.

ARTÍCULO 1.- Incorpórese a la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 como artículo 3 bis el siguiente:

"Artículo 3 bis. Requisitos Mínimos. Los actos a que se refiere la presente ley y que comprendan material clasificado como "armas de guerra", "pólvoras, explosivos y afines" y "armas de uso civil", sólo podrán ser realizados por aquellas personas que acrediten los siguientes requisitos mínimos, a fin de obtener la condición de legítimo usuario en la categoría que determine la reglamentación:

Acreditar identidad;

Denunciar domicilio real en la República Argentina;

Denunciar domicilio de guarda del material controlado en la República Argentina;

Constituir domicilio especial en el cual serán válidas y vinculantes las notificaciones administrativas y judiciales que se le practiquen;

Ser mayor de VEINTIUN (21) años de edad;

Acreditar medio de vida lícito;

Acreditar inexistencia de antecedentes penales;

Acreditar aptitud física;

Acreditar aptitud psíquica;

Acreditar idoneidad para la operación y manejo del material controlado."

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

El proyecto puesto a su consideración tiene por objeto ordenar y regular en un mismo cuerpo normativo, con jerarquía de ley, los requisitos que todo ciudadano debe cumplir para acceder a la condición de "legítimo usuario de armas de fuego".

Como antecedentes, cabe mencionar que en el ámbito nacional es el Decreto N° 395 del año 1975, reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, la normativa originaria y de carácter global en materia de armas de fuego que especifica los requisitos del "legítimo usuario" de "armas de guerra" pero diferenciando los mismos de las armas de uso civil.

Los requisitos generales para acceder a la condición de legítimo usuario de "armas de guerra", de acuerdo a esta normativa, eran: ser mayor de 21 años, no presentar anormalidades psíquicas o físicas- siendo optativa la exigencia de un certificado médico que lo acredite- y la certificación de la identidad del interesado, su domicilio real y la inexistencia de antecedentes penales a su nombre, que debía ser expedida por la autoridad policial de su jurisdicción.

Por otro lado, los requisitos para acceder a la tenencia de "armas de fuego de uso civil", sólo exigían la mayoría de edad y el domicilio constatado por la autoridad de fiscalización local.

Con la sanción de la Ley Nacional N° 24.492 en el año 1995, se modifica esta división y se establece que toda persona para la transmisión de todo tipo de arma de fuego, cualquiere fuese su clasificación, ya sea a título gratuito u oneroso, deberá acreditar su condición de Legítimo Usuario por medio de la credencial oficial y única otorgada por el Registro Nacional de Armas.

Por otra parte en el año 2006, la Dirección Nacional del Registro Nacional de Armas, organismo competente en la materia, mediante Disposición RENAR N° 197/06, amplió los requisitos para acceder a la condición de Legítimo Usuario de armas de fuego, exigiendo, en forma obligatoria: denunciar un domicilio de guarda de armas; acreditar la inexistencia de antecedentes penales mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia dependiente de MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; presentar certificados emitidos por profesionales matriculados que acrediten, por un lado, la condición física y, por otro, la condición psíquica del solicitante, como así también la acreditación de la idoneidad en el manejo de armas de fuego mediante la presentación de un certificado suscripto por instructor de tiro habilitado e intervenido por la Entidad de Tiro donde se realizó el examen. Por último, se reguló el régimen para acreditar el medio de vida lícito.

La experiencia de los últimos 30 años en el ejercicio del control de armas, ha puesto en evidencia la necesidad de que cuestiones tan esenciales como las tratadas en el presente proyecto, no queden sujetas a regulaciones emitidas en simples actos administrativos cuya aprobación, modificación o revocación depende exclusivamente del funcionario, perdiendo así la riqueza obtenida en los debates parlamentarios.

Es en este sentido y en aras de la seguridad pública y jurídica, que resulta imprescindible que los requisitos necesarios para el acceso a la tenencia de armas de fuego sean reforzados al ser plasmados en una ley nacional obedeciendo a una política legislativa más clara y razonable, toda vez que se encontrarán integradas en un mismo cuerpo legislativo la totalidad de las normas fundamentales en materia de armas de fuego.

La importancia de la presente reforma requiere del enriquecimiento producido por el debate parlamentario que sólo se da en el marco del proceso de formación de las leyes. Por otra parte, el tratamiento de los proyectos en comisiones de temáticas específicas fortalecerá las prescripciones dispuestas en el presente proyecto, en atención a la composición plural del órgano legislativo y a sus competencias constitucionales, reforzando el carácter democrático de nuestro ordenamiento político, jurídico y social.

La posibilidad de acceder a armas de fuego debe ser esencialmente restrictiva, para ello, se torna imperioso fortalecer los requisitos de quienes están autorizados para tener un arma, entendiendo que la adquisición de las mismas implica una responsabilidad social mayor, atento el riesgo inherente al material.

La normativa nacional e internacional demuestra que nuestro país en los últimos 10 años, ha adoptado una postura tendiente al control del mercado de armas, combatir y evitar la proliferación de las armas de fuego, erradicar su fabricación y comercio ilícito, siendo conscientes de las implicancias nocivas que éstas tienen en el bienestar de sus habitantes.

Es por lo expuesto que, solicitamos a nuestros pares, nos acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.