La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Condenar en los términos más enérgicos el golpe de Estado en contra del gobierno del Presidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales, como así también su detención y expulsión forzada del país.

2. Exigir la restitución inmediata del Presidente Zelaya en sus funciones, uniéndose en esta exigencia al conjunto de las organizaciones democráticas y organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

3. Repudiar cualquier intento de justificar esta inaceptable ruptura de la vida democrática de Honduras bajo cualquier pretexto o argumento, declarando que no aceptaremos el reconocimiento de ningún gobierno que intente reemplazar al legítimamente constituido.

4. Condenar cualquier tipo de violencia, incluyendo la detención arbitraria del Secretario de Relaciones Internacionales que fue expulsado a México, como así también la detención de otras figuras y la persecución contra la población indígena, demandando que sea respetada la libertad e integridad física de todas las personas y el restablecimiento de las comunicaciones, provisión de energía y servicios vitales.

5. Demandar el restablecimiento inmediato de la normalidad democrática e institucional en nuestra hermana nación centroamericana.

Señor presidente:

Tras el golpe de Estado perpetrado en Honduras por las Fuerzas Amadas contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales, en la madrugada del domingo 28 de junio, Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional, asumió la presidencia de la República. El golpe se produjo con el objeto de impedir una legítima consulta popular que decidiría sobre la instalación de una cuarta urna en las elecciones del próximo 29 de noviembre, en la que se determinaría la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en la República de Honduras.

Las primeras órdenes de Micheletti como mandatario fueron decretar toque de queda para imposibilitar cualquier intento de movilización. Pero miles de hondureños salieron a las calles para repudiar una nueva interrupción del proceso democrático, siendo brutalmente reprimidos por el Ejército y la fuerza especial de la Policía. Al menos dos muertos y decenas de heridos se reportaron luego de que contingentes policiales desalojaran por la fuerza con garrotes, escudos y gases lacrimógenos -aunque también se habla de francotiradores- a centenares de manifestantes apostados frente a la Casa de Gobierno, que exigían la restitución del presidente constitucional de esa República.

Por lo menos 36 manifestantes fueron arrestados y conducidos hacia la posta policial situada en el sector de El Manchén, en Tegucigalpa, donde, según difundieron distintos medios alternativos de comunicación, carecen de atención médica alguna. Asimismo se conoció que existen más de un centenar de órdenes de captura contra dirigentes de movimientos sociales y sindicales que expresaron su respaldo a la encuesta de opinión que pretendía realizar el presidente.

Además comenzaron las persecuciones a periodistas, tales los casos de Esdras Amado López, director de Canal 36 y Eduardo Maldonado, de canal 66. También fue detenido y agredido por un grupo de soldados un equipo completo de Telesur, aunque fueron liberados poco después. Otras violaciones graves han sido las de militarizar los canales 36 y 8, quebrantando el derecho de la población a ser informada y violentando el derecho a la libertad de expresión y del ejercicio profesional del periodismo. Incluso la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció las limitaciones a la labor de los medios en Honduras, la suspensión temporal de las señales de radio y televisión estatal, así como las nombradas agresiones a periodistas.

A pesar de que prácticamente hay estado de sitio en la capital y el resto del país, violencia, persecuciones y cortes de energía eléctrica, el pueblo hondureño se está manifestando con enorme combatividad frente de la casa presidencial. Incluso han instalado urnas y están ejerciendo su participación en la consulta como forma de manifestación pacífica. Por su parte las tres Confederaciones Sindicales del Honduras, el Bloque Popular y las Centrales Campesinas han llamado a una huelga general.

Luego de analizadas las circunstancias en que se ha producido este golpe de Estado, ante la gravedad de las violaciones al Derecho Internacional, los convenios multilaterales y los acuerdos de nuestro país con la República de Honduras, y en vista del tajante rechazo que ha manifestado la comunidad internacional frente al gobierno dictatorial que pretende imponerse, los países miembros del ALBA (entre los que se encuentran Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Dominica y Cuba) han decidido retirar sus Embajadores hasta tanto el gobierno legítimo sea restituido en sus funciones.

Asimismo los países del mundo y las organizaciones internacionales están denunciando tales acontecimientos y actuando en consecuencia, negándole el reconocimiento al nuevo gobierno y los mandatos operados por las Fuerzas Armadas. La OEA ha condenado el golpe de Estado, ha reafirmado al presidente Zelaya, ha declarado que no reconocerá ningún otro gobierno y ha comenzado las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho. Además, el gobierno golpista ha recibido la condena de la ONU y de la Unión Europea, mientras que las instituciones multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo han privado al gobierno de facto financiamientos internacionales, indispensables para Honduras, país donde el 70% de la población es pobre.

A pesar de esto, el presidente de facto ha repetido hasta el cansancio que no tiene nada que negociar con la OEA y que su gobierno no es producto de un golpe de Estado, sino que goza de toda la legitimidad, pues Zelaya fue destituido por el Congreso. Asimismo afirmó que si el presidente destituido regresa a Honduras, será arrestado.

En consecuencia Honduras fue suspendida como miembro de la OEA, hecho aprobado por unanimidad durante una Asamblea General extraordinaria reunida en Washington luego de que las autoridades golpistas no cumplieran el plazo de 72 horas impuesto por la organización la semana pasada. La OEA tomó esta decisión en virtud del artículo 21 de la Carta de la organización, que estipula que la suspensión de un país miembro puede realizarse debido a una "interrupción inconstitucional del orden democrático de un estado miembro y que los pasos diplomáticos se revelaron infructuosos". La resolución insta además a los "Estados miembros de la OEA y las organizaciones internacionales a revisar sus relaciones con Honduras".

Este honorable cuerpo legislativo, como máxima expresión del sistema republicano democrático, no puede dejar de condenar en los términos más enérgicos el intento golpista, exigiendo la restitución inmediata del Presidente Zelaya en sus funciones y demandando el restablecimiento inmediato de la normalidad democrática e institucional en nuestra hermana nación centroamericana, así como el juicio y castigo a los militares golpistas.

El pasado reciente de nuestro país y de América Latina, marcado y manchado por la violencia de los procesos dictatoriales, demanda un esfuerzo colectivo por sostener pacíficamente el desarrollo y mejoramiento de los sistemas democráticos, horizonte expresado en la voluntad popular de nuestros pueblos.

Por todo lo expuesto, y en el convencimiento que la democracia es la única vía para la liberación de los pueblos y solamente su profundización -y nunca su menoscabo-, dará soluciones a las expectativas de los ciudadanos de mayor bienestar y progreso, es que solicitamos a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-