La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Trasporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Transporte, se sirva informar sobre el cumplimiento, por parte de las empresas de transporte terrestre de larga distancia, de la obligación de entregar pasajes gratuitos a las personas discapacitadas que lo soliciten, tal como lo establece el artículo 22 de la ley 22.431 (texto según ley 25.635)

Asimismo, informe sobre la cantidad de denuncias recibidas por dicho organismo como consecuencia de incumplimientos a la normativa citada, precisando el curso dado a las mismas y las sanciones aplicadas a las empresas incumplidoras.

Señor presidente:

La ley 25.635, sancionada el primero de agosto del año 2002, introdujo una serie de modificaciones al Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, creado por ley 22.431.

En su Artículo 1º establece: " - Modifícase el artículo 22, inciso a), segundo párrafo, de la Ley 22.431, conforme redacción dispuesta por la Ley 24.314, que queda redactado de la siguiente manera:

Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada".

Esta normativa fue pensada por los legisladores a fin de garantizar que las personas con discapacidad pueden acceder a una plaza en forma gratuita en los micros de transporte de larga distancia de pasajeros en todo el territorio nacional; incluso prevé la extensión de la franquicia a un acompañante en caso de necesidad.

Sin embargo, esta no es la primera vez que tenemos que hacernos eco de denuncias de usuarios a quienes no se le brinda el beneficio que la ley establece, ya que las empresas de transporte oponen todo tipo de obstáculos, trabas y excusas a la hora de entregar los pasajes a las personas con discapacidad y sus eventuales acompañantes.

No obstante la claridad del texto legal, las empresas se niegan sistemáticamente a entregar los pasajes, esgrimiendo argumentos de lo más falaces para justificar su actitud. A esto se suma que muchas veces las empresas derivan a las personas que reclaman por este derecho a oficinas de reclamos que -casi como una provocación- se encuentran en sitios de difícil acceso para las personas con movilidad reducida.

Esta situación se repite en todo el país y la ciudad de Rosario no es una excepción. Con profunda indignación leímos hace muy pocos días la carta de una usuaria discapacitada a quien no sólo se le negó su derecho sino que, siendo discapacitada motriz, se la derivó a hacer un reclamo por escrito en una oficina ubicada en un lugar sin acceso para discapacitados y al que se llega por escalera. Las empresas que denuncia la usuaria en su carta de lectores son Chevallier, Urquiza, Empresa Argentina, El Rápido y Andesmar ("Triste historia", Diario La Capital de Rosario, 27/05/2011).

La Argentina no sólo posee una ley que establece un "Sistema de protección integral de los discapacitados" (Ley Nro. 22.431) que entre otras cuestiones protege a las personas con discapacidad para ocasión de traslados (articulo 22, texto según ley 25.635), sino que además se encuentra adherida a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad (Ley 25.280) y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378). Las empresas deben cumplir la ley y el Estado debe garantizar este derecho exigiendo y sancionando duramente a quienes no lo cumplen.

Por las razones expuestas solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de resolución.