La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la situación de las personas menores de edad condenadas a penas de prisión perpetua y por las graves violaciones a los derechos humanos constatadas por la Comisión Interamericana en su informe N° 172/10 (caso 12.651) y solicita al Poder Ejecutivo Nacional el urgente cumplimiento de las recomendaciones formuladas.

Señor presidente:

Desde 1996, al menos 12 personas fueron condenadas a prisión perpetua por delitos cometidos cuando eran menores de edad, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño que nos exige utilizar la pena privativa de la libertad como último recurso y por el plazo más breve que proceda[1].

Dos de los condenados fueron víctimas de actos de tortura durante su detención, y otro de ellos fue asesinado en una celda de aislamiento de la Penitenciaría de Mendoza. De los restantes varios no han tenido la posibilidad de recurrir su sentencia condenatoria, han sido sometidos a condiciones de detención infrahumanas o no han recibido la atención médica necesaria, lo que ha ocasionado que Lucas Mendoza, uno de los condenados, pierda la visión. Otros llevan más de 10 años privados de su libertad.

Muchas de estas violaciones han sido denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH luego de tras investigar cinco casos y constatar gravísimas irregularidades, ha recomendado al estado argentino disponer las medidas necesarias para garantizar que César Mendoza, Claudio Núñez, Lucas Mendoza y Saúl Roldán Cajal tengan la posibilidad de obtener una revisión amplia de su sentencia, para asegurar que reciban atención médica adecuada a sus necesidades y que sean indemnizados por los perjuicios sufridos, y para esclarecer la muerte de Videla Escalada y los hechos de tortura sufridos por Núñez y Mendoza.

La CIDH también ha recomendado a la Argentina adecuar su régimen penal juvenil a las obligaciones internacionalesen materia de protección especial de niños, capacitar al personal penitenciario para asegurar que las personas privadas de su libertad reciban un trato digno y garantizar condiciones de detención compatibles con la Convención Interamericana en la Penitenciaría de Mendoza.

Desafortunadamente, el estado argentino no ha cumplido aún con estas recomendaciones. El tratamiento proyecto para la creación de un nuevo régimen penal juvenil que ya cuenta con la media sanción del Senado y que impediría que este tipo de situación se repita, viene siendo postergado desde el año pasado. La grave situación de la Penitenciaría de Mendoza no se ha modificado, e incluso hemos tenido noticias de nuevos hechos de tortura. Y, por último, los condenados no han logrado que sus sentencias sean revisadas ni han obtenido una reparación por los perjuicios sufridos.

Debemos llamar la atención sobre el estado inconstitucional de cosas que, en general, gobierna la situación del régimen penal juvenil desde la dictadura, y que coloca a los niños en una posición aún más vulnerable que los adultos, y solicitar al Poder Ejecutivo el urgente cumplimiento de aquellas recomendaciones que le corresponden.

Por ésta razón, invitamos a los colegas diputados y diputadas a que nos acompañen en esta propuesta.