El Senado y Cámara de Diputados...

ACCESO A LA REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

Artículo 1º.- Modificase la Ley Nº 25673 en su Artículo 2º inciso f), que quedará redactado de la siguiente manera:

"f) Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable, incluido el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad mediante la aplicación integral de las técnicas de procreación humana asistida basadas en evidencias científicas."

Artículo 2º.- Agregase a la Ley Nº 25673 en su Artículo 6º, como inciso d) el siguiente texto:

"d) Desarrollar las acciones necesarias para la incorporación de la procreación humana asistida integral como parte de los procesos asistenciales habituales realizados por los prestadores públicos, de la seguridad social y privados".

Artículo 3º.- Agregase a la Ley Nº 25673, en su Artículo 7º, como 3er. párrafo el siguiente texto:

"Las coberturas abarcan también al conjunto de prestaciones de procreación humana asistida"

Artículo 4º.- Agregase a la Ley Nº 25673 en su Artículo 11º como inciso c) el siguiente texto:

"c) Implementar una instancia interdisciplinaria de seguimiento permanente de la problemática de la infertilidad en los aspectos epidemiológico, de validación científica, de difusión y educación para la salud, y de equidad en el acceso al abordaje integral de la reproducción humana asistida, en particular para la población sin cobertura."

Artículo 5º.- Agregase a la Ley Nº 25673 en su Artículo 11º como inciso d) el siguiente texto:

"d) Propiciar el desarrollo de centros de referencia de procreación humana asistida integral en efectores públicos, cuyo número y ubicación definirá la reglamentación con miras a facilitar el acceso a la población de todo el territorio nacional."

Artículo 6º.- De forma

Señor presidente:

Ponemos a consideración de este cuerpo el presente Proyecto de Ley, que modifica la Ley Nº 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, a los efectos de su ampliación al incorporar taxativamente las técnicas de reproducción asistida, considerando que estas herramientas son inescindibles del derecho de las personas a la salud reproductiva y está enmarcada en los objetivos establecidos en la citada ley, que señala: "alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia".

También la citada ley indica en el inciso f) del Artículo 2º: "garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable".

Por cierto los años de debate y búsqueda de consensos hasta el logro de la aprobación de esta ley estuvo orientado fundamentalmente a concretar el derecho a regular la fecundidad, a prevenir los embarazos no deseados y el aborto, a discutir y aprobar los métodos anticonceptivos; la mirada de los legisladores estaba puesta fundamentalmente en evitar las muertes maternas evitables que aún hoy permanece en cifras alarmantes, más de 300 por año y 100 por causa del aborto.

La ley no contempló ni se detuvo a discutir sobre la realidad de aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad para procrear. La información existente señala, para nuestro país y América Latina, que entre un 15 y un 20% de personas que están en edad reproductiva padece esta problemática.

Hoy aparece como necesario y oportuno avanzar en este terreno enmarcados en los objetivos generales planteados por la ley e incorporar la cobertura de las tecnologías específicas para hacer posible el derecho a procrear.

Los estudios, las técnicas, la medicación de reproducción asistida y toda la atención de esta problemática debe considerarse como parte integral de la salud reproductiva, donde debe primar una actitud totalizadora y de respeto por la mujer y las parejas.

A partir de los reclamos a la justicia, por diversas/os peticionantes, para que las obras sociales o prepagas reconozcan los tratamientos, se ha producido una importante jurisprudencia al otorgar el derecho de cobertura a los demandantes. Los legisladores debemos tomar en cuenta esta realidad y explicitarla a través de la modificación de la Ley 25.673 para posibilitar el acceso a todas y todos al derecho a la procreación.

Ya avizoramos los debates al respecto. Cada vez que se discute el tema de salud sexual y reproductiva pareciera que se quieren introducir todo tipo de debates que tienen que ver más con las creencias de cada uno y donde muchos de ellos ni siquiera están saldados en el mundo científico o académico. Nos parece trascendente y adecuado que el debate de este tema se centre en la mirada integral de los derechos sexuales y reproductivos y en uno de los ejes esenciales de estos derechos que es el derecho a procrear.

Al mismo tiempo teniendo en cuenta la velocidad de los avances y cambios en la ciencia médica, sería conveniente que la ley sólo exija el cumplimiento de las evidencias científicas, sin entrar en los detalles de la tecnologías y modalidades de las prácticas para que la ley que finalmente logremos plasmar tenga vigencia en el tiempo.

Estas prácticas se realizan en nuestro país y en la región cada vez en mayor número. Nos dice Florencia Luna (1) "...el primer bebé de probeta, Louise Brown, nació en Inglaterra en 1978. En1984, sólo seis años después, nació el primer bebé con reproducción asistida en la región. Durante 1995, 7.000 ciclos de reproducción asistida que incluyen 351 con ovocitos donados se practicaron en 59 centros en América Latina. En el año 2000 se incrementó el número de centros registrados a 95. Y en el Iffs Surveillance Study del 2007 se informaba de la presencia de 263 centros en nueve países de la región"

Por supuesto que sólo acceden a estas prácticas quienes tienen medios económicos para costearlas o los pocos que han acudido a la Justicia y han esperado pacientemente el tiempo de su resolución.

Esta azarosa y sufriente situación para quienes buscan concretar el deseo de la procreación nos obliga a volver a replantearnos la significación de los derechos sexuales y reproductivos. Es preciso volver al contenido de la Ley Nº 25.673 toda vez que ella expresa adecuadamente la ampliación de los derechos humanos mediante el reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales como derechos fundamentales.

Este reconocimiento es el resultado de un proceso en el que nos hallamos inmersos, que se ha caracterizado por marchas y contramarchas en la conceptualización y re-conceptualización de los derechos, cuya complejidad abarca las cuestione de salud, de género, desarrollo, globalización, democracia, reflexión ética, entre otros.

Los derechos expresados en las leyes de salud sexual y reproductiva no son sólo el resultado de una lucha en el nivel local, en verdad cobra sentido en un marco más amplio, dado que resulta un emergente de las luchas libradas en la arena política internacional. De esto, queremos señalar algunos hitos importantes que también han sido señalados por los jueces en diversos fallos.

Se ha atribuido el origen de la expresión "derechos reproductivos" a Marge Beer e ingresa al espacio de la legitimidad social y política cuando es adoptada por la Reunión Internacional sobre Mujeres y Salud en Ámsterdam en 1984.

Desde tiempo atrás, en el contexto de Naciones Unidas, se venía construyendo una agenda de derechos en salud, en especial en el terreno de la reproducción. Esa trayectoria incluye las definiciones de la conferencia de Derechos Humanos de Teherán (1968), de la conferencia de Alma Ata (1978), y contenidos de la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) adoptada por la Asamblea General de naciones Unidad en 1979, que en su artículo 12 señala: "los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia".

El marco más significativo había sido la Conferencia de Población de Bucarest en l974 en la que se adoptó el principio general del derecho de las parejas e individuos a decidir sobre el número de hijos. Esta Conferencia afirmó que la planificación de la familia es un derecho fundamental de "todas las parejas e individuos".

Debe considerarse que entre 1984 y 1993 se produce un cierto estancamiento por la política restrictiva de los Estados Unidos.

En 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo (CIPD) el estancamiento se superó y el concepto de derechos reproductivos alcanzaría verdadera legitimidad institucional. Se aprobó el párr. 7ª.3, que establece una definición sobre derechos reproductivos como derechos de individuos y parejas de tener decisiones libres de coerción respecto del número y espaciamiento de los hijos y de cómo tenerlos y se afirmó la pertenencia de esa definición al marco más amplio de los derechos humanos.

El programa de Acción de la CIPD de 1994 define elementos esenciales a incorporar en la atención de la salud reproductiva: "Información, educación, y comunicación sobre sexualidad humana, salud reproductiva y paternidad responsable. Información y acceso a métodos de planificación familiar. (...) Prevención y tratamiento de las consecuencias del aborto, y acceso a servicios en los casos en que no es ilegal. Prevención y tratamiento adecuado de la infertilidad. (...) Alentar la responsabilidad masculina en todos los aspectos vinculados a la salud sexual y reproductiva".

En el Programa de Acción de la CIPD también se reafirman acuerdos anteriores relacionados con el aborto, incluyéndose en la sesión referida a la mortalidad materna un párrafo -el 8º.25- donde se reconoció que el aborto realizado en malas condiciones es un problema de salud pública de gran magnitud; y se agregó que las mujeres debían tener acceso a servicios de calidad para el tratamiento de las complicaciones derivadas del aborto.

Traemos a consideración el tema del aborto por una cuestión que desarrollaremos más adelante, ya que el aborto practicado en condiciones peligrosas lleva asociada una considerable carga de morbilidad: los estudios indican, por ejemplo, que al menos una de cada cinco mujeres que se someten a abortos peligrosos padece infecciones del aparato reproductor como resultado de ello; en algunos casos se trata de infecciones graves que causan esterilidad. (2)

La Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial (Beijing 1995) confirma el Programa de Acción de el Cairo y formula el siguiente texto: "Los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener control sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, y a decidir libre y responsablemente respecto de esas cuestiones, libres de coerción, discriminación y violencia".

Si bien estas definiciones carecen de la fuerza normativa de las contenidas en las convenciones internaciones, los dos Programas de Acción, tanto el del Cairo como el de Beijing operan como marcos normativos éticos; pues son textos laboriosamente consensuados por la comunidad internacional. Y que para los estados firmantes forman parte de la agenda construida al interior de la Naciones Unidas.

En este orden ha sido trascendente que la salud sexual y reproductiva se desarrollara en el marco de los Derechos Humanos.

El Derecho Internacional de los derechos Humanos ha reconocido y proclamado derechos individuales y colectivos en los ámbitos civil, político, cultural, económico y social. Enfatiza que todas las personas podrán gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición."

Los pactos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales desarrollan los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales prevé entre otros el Derechos a la igualdad entre el hombre y la mujer en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales; a la seguridad social; al más alto nivel posible de salud física y mental; a la participación en la vida cultural y a beneficiarse de los progresos científicos.

La afirmación de que "el disfrute del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de cualquier ser humano sin distinción de raza, religión, creencia política, ideológica, y condición social o económica" se consagró por primera vez en la constitución de la OMS (l946), en Alma Ata en 1978. En la Declaración Mundial de la Salud adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1998, se reiteró el concepto de salud como completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho fundamental y que el logro más alto de salud posible es un objetivo social muy importante que requiere la intervención de múltiples sectores sociales y económicos.

El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado en 1966 establece por primera vez en un tratado con carácter vinculante el derecho a la salud, diciendo en el párr. 1º de su árt. 12 que "los Estados parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", mientras que en el párr. 2º de ese mismo artículo se enumeran, a título de ejemplo, diversas medidas que "deberán adoptar los Estados... a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho".

El comité de los Derechos de la Mujer (CEDAW) realizó una recomendación en 1999 en el sentido de que el Estado elimine la discriminación en contra de la mujer en el acceso a los servicios de salud, particularmente en el área de planificación familiar y períodos pre y posparto.

En síntesis, señalamos que el derecho a la salud ha sido proclamado en numerosas declaraciones y recomendaciones de la comisión de Derechos Humanos. El derecho a la salud incluye el acceso a los servicios de salud pública universal sin discriminación para el hombre y la mujer, el respeto a la autonomía y libertad de las personas, que incluye el control sobre su cuerpo y salud. Así también son derechos que hacen a la protección integral de la salud y reconocidos en los instrumentos internacionales el derecho a la información y educación y a gozar de los beneficios del progreso científico, entre otros.

En otro orden, la jurisprudencia disponible en relación a las demandas a Obras Sociales o Empresas de Medicina Prepaga muestran que en todos los casos se hizo lugar a los demandantes ordenando la cobertura de las terapias de Reproducción; en ninguno se desdeña la acción intentada. (3)

Todos los fallos tienen un eje común que es el reconocimiento, para los peticionantes, del Derecho a la Salud, a los Derechos Sexuales y Reproductivos, ambos en el marco de los Derechos Humanos fundamentales.

El Juez doctor Víctor H. Sodero Nievas, en el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro (4) que condena al I.Pro.SS a la cobertura económica del tratamiento de microfertilidad asistida conocido como Método ICSI, señala entre sus aspectos más importantes: ... "el juez del amparo funda su fallo a la luz del principio rector que en materia de salud fija nuestra Carta Magna Nacional (...) Pacto Interamericano de Derechos Económicos, sociales y culturales (Art. 75 inc.22 de la CN), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer"; por los arts. 2,9,10,15, de la Parte II del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales de 1966 y la Ley N° 3450 que creó el programa Provincial de Salud Reproductiva y Sexualidad Humana". Siguiendo la jurisprudencia que se ha producido a favor de la cobertura de este tipo de prestaciones señala que "el hecho que la prestación no se encuentre contemplada en el PMO-Programa Médico Obligatorio de emergencia- no resulta de por sí causa suficiente para eximir a la demandada de su obligación de prestar adecuado servicio de salud. (...) La sociedad debe respetar todos los derechos enunciados en la Carta Magna y la necesidad de acompañar tales derechos con una normativa específica, legislación que deberá respetar el derecho a la Salud, que goza de raigambre constitucional y dentro del cual se encuentran la Medicina Reproductiva, que tal como hoy la conocemos, debe abarcar no sólo los métodos de anticoncepción sino los de reproducción en su totalidad; obligando a las obras Sociales y Prepagas a brindar cobertura para la utilización de la Biotecnología Reproductiva, para aquellos casos que por esterilidad o infertilidad no puedan concebir en forma natural".

El juez de marras se refiere a lo dicho por la Sra. Procuradora quien remite a las citas jurisprudenciales ya expuestas por el Juez de Primera Instancia y ratifica el muy fundado criterio del Juez al sostener que debe primar sobre cualquier otro interés, el derecho a la salud de la amparista así como también su derecho a formar una familia, correspondiendo al Estado remover cualquier obstáculo que en ambos sentidos pudiera manifestarse. Expresa el fallo en otro pasaje: ... "La condición económica no debe configurar un obstáculo para obtener la prestación pues el derecho a la salud y a procrear es inherente a la condición humana y por ende ajeno a cualquier tipo de discriminación". También hace referencia a que la Fertilización In Vitro no está incluida en el Nomenclador Nacional, ni en el PMOE, ni en ninguna obra social del país pero que no se pueden desconocer los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios que sostienen lo contrario, soslayando además que la OMS determina que sí configura dolencia o enfermedad y de allí que en los países desarrollados es común que los sistemas de salud admitan su tratamiento.

La Dra. Web (5) , en los comentarios del Fallo AMR y otros contra Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires señala en algunos de los pasajes: "el 15% de la población en edad reproductiva posee problemas de infertilidad o esterilidad que les impone de la realización de algunas de las terapias desarrolladas por nuestros profesionales, estimando los expertos que en un futuro no muy lejano, dichos inconvenientes afectarán al 20% de dicha comunidad; motivo que nos impone a la sociedad en su conjunto la necesidad de enfrentar dicho conflicto y lograr en la medida de lo posible una solución que les permita a todos los individuos el pleno ejercicio del derecho a la reproducción (...) Los avances científicos, por su parte, cursan generalmente por delante del derecho, que se retrasa en su acomodación a las consecuencias de aquellos. Este asincronismo entre la Ciencia y el derecho origina un vacío jurídico respecto de los problemas concretos, que deben solucionarse, si no, es a costa de dejar a los individuos y a la sociedad misma en situaciones determinadas de indefensión".

En los comentarios de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás que confirma un fallo de primera instancia que hace lugar a la acción de amparo iniciado contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ordenando a la Institución mencionada en primer término cubrir el tratamiento de fertilización asistida, la autora señala que es muy alentador el fallo de Alzada, toda vez que es el primer antecedente que refiere a los considerandos de la Ley de Salud Reproductiva de la Provincia De Buenos Aires (ley 13.066). Resume que tanto el judicante de primera instancia como el órgano revisor, consideraron que la obligación de la demanda deviene de la ley 13.066, aconsejando una reforma de la misma que establezca con claridad qué se entiende por métodos conceptivos; ya que como se mencionara, la norma no lo reglamenta en este aspecto.

La Dra. Web analiza también un reciente fallo dictado por la titular del juzgado en lo Contencioso administrativo Nº 6 de la Ciudad de Buenos Aires valorando su importancia no sólo por la decisión positiva para la demandante, sino porque además menciona las diferentes terapias de reproducción humana de alta complejidad; continua el lineamiento que define la salud reproductiva, y realiza un pormenorizado análisis de todos los derechos reconocidos por nuestra Constitución, cuyo ejercicio es impedido por el proceder de aquellas entidades encargadas de brindar cobertura médica. El fallo señala que la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires cercena no sólo el derecho a la salud reproductiva, sino también a una mejor calidad de vida, perteneciendo estos a los derechos de tercera generación, incluidos en la Reforma Constitucional de 1994. Otro de los derechos, cuyo ejercicio se protege, es el de formar una familia, que configura una expectativa natural de toda pareja, exigiendo la mirada alerta a través de prestaciones positivas que eviten que la población de menos recursos vea incumplido su anhelo de progenie, eludiendo de esta forma discriminaciones. La sentenciante compara esta situación con la que aconteció no hace mucho tiempo con el síndrome de inmuno deficiencia adquirida, conocido como H.I.V., estimando la judicante que correrán la misma suerte las diferentes terapias de reproducción, y que plausiblemente traerá aparejado el abaratamiento de los costos que irroga la realización de los diferentes tratamientos, sin desmedro de la calidad al expandirse o difundirse a toda la población, a través de hospitales y servicios médicos, debido a que no puede quedar reducido a centros privados a los cuales sólo puede concurrir un grupo minoritario.

Concluye la Dra. Web en su trabajo que los pronunciamientos judiciales son muy alentadores debido al avance que significan en la recepción de los ejercicios de nuevos derechos, como por ejemplo el de poder disfrutar de los adelantos que nos proporciona la ciencia médica con la esperanza de que la labor desplegada por nuestros jueces será el puntapié inicial para lograr la regulación de todo lo referente a las técnicas de reproducción humana, imponiendo a las Obras Sociales y Empresas de Medicina prepagas la cobertura de las diferentes terapias existentes.

La Dra. Luna (6) argumenta a favor de la importancia de considerar las técnicas de reproducción asistida como parte integral de la salud reproductiva, visión en la cual prime una mirada totalizadora y de respeto por la mujer; y señala especialmente el tema de la prevención: ... "la falta de una adecuada educación y provisión de técnicas anticonceptivas tiene como consecuencia una gran cantidad de embarazos no deseados y abortos realizados en muy malas condiciones". En América Latina se estima que se realizan 4 millones de abortos clandestinos por año. Tales abortos constituyen gran parte de las causas de los problemas de infertilidad de la región. Además, la gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual (ETS) constituye una de las causas más importante de infertilidad secundaria, por ej. La gonorrea no tratada. Una investigación en Brasil muestra que el 42% de las mujeres que consultan por infertilidad padecen de obstrucción tubaria debido a las infecciones del tracto reproductivo. En Argentina, Brasil y Chile no se hace un testeo regular de clamidia, inflamación de las trompas de Falopio sin síntomas, que sin tratamiento puede llevar a la infertilidad femenina.

América Latina como África comparten altos índices de infertilidad secundaria, a diferencia de Europa y Estados Unidos. En América Latina se calcula el 40% de infertilidad secundaria.

Como vemos, la complejidad de este tema y su solución no se encuentra en una doble moral o en el doble discurso. Las modificaciones de base no dependen únicamente de implementar sofisticadas técnicas, sino de prevenir, respetar, educar y cuidar la salud reproductiva de nuestra población.

En 2002 la OMS dedicó un libro a esta cuestión después de 25 años de práctica y casi un millón de niños nacidos por medio de técnicas de procreación humana asistida.

Es imperioso que el Estado comience a jugar un rol activo en este campo. Es insoslayable, como lo hemos incluido en nuestro proyecto, el seguimiento permanente de la problemática de la infertilidad en sus aspectos epidemiológico, de validación científica, educación y difusión para la salud y equidad en la concreción del derecho a la reproducción humana asistida.

De la misma forma hemos planteado en el proyecto la obligatoriedad del Estado a través de la autoridad de aplicación de esta ley del desarrollo en el país de centros de referencia de procreación humana asistida integral en efectores públicos, para facilitar el acceso a la población en todo el territorio nacional, en particular a la población sin cobertura.

Como lo hemos señalado siempre, legislar sobre estas técnicas incorporándolas a los servicios públicos y a la cobertura de la seguridad social no obliga a quien esté en desacuerdo a someterse a ellas.

Al mismo tiempo, desde una perspectiva ética, creemos que quienes trabajan en reproducción asistida deben proponer un acercamiento amplio e integral a esas tecnologías, con un fuerte compromiso con la salud reproductiva de mujeres y varones como cuestión prioritaria.

El proyecto de ley que presentamos es la reproducción del Expediente 0680-D-2009, presentado por nuestro bloque el 11 de marzo de 2009 y que tuvo dictámen junto a otras iniciativas de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en octubre del 2010.

Para avanzar en la concreción de estos derechos, tan largamente reclamada por muchas y muchos es que solicitamos la aprobación del Presente Proyecto del Ley.