La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Exhortar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a efectivizar al personal contratado de las dependencias de todos los fueros federales y nacionales del Poder Judicial de la Nación.

A su vez, instar a las Cámaras pertenecientes a los fueros federales y nacionales, una vez efectuada la efectivización por parte de la Corte, a que procedan a efectivizar al personal que revista en condición de interino como consecuencia de las contrataciones creadas por el supremo tribunal.

Solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en el caso de agentes interinos que se encuentren ejerciendo un reemplazo con motivo de licencia u otras causas, y cuya antigüedad supere los seis (6) meses ininterrumpidos en el Poder Judicial de la Nación se procederá a efectivizarlos mediante la creación de cargos efectivos de planta.

Instar al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, a que reciba a una representación de la Asamblea Permanente del Fuero Penal para abordar estos temas.

Señor presidente:

En el Poder Judicial se está expresando una situación laboral completamente anómala. Existen centenares y hasta miles de trabajadores judiciales que revistan como contratados. Estamos hablando de trabajadores que son obligados a aceptar contratos por seis meses de duración y que al finalizar los mismos vuelven a ser renovados una y otra vez, durante años.

Se trata de un caso clásico de inestabilidad laboral, de 'flexibilización' y superexplotación.

Es el reflejo de un país donde el trabajo en negro, 'flexibilizado', precarizado reina por completo. Al punto que esta precarización se ha infiltrado también en el Poder Judicial. Si un trabajador recurre a la justicia para defender su derecho a un mínimo de estabilidad laboral, encontrará en los juzgados a empleados que están igual o peor que ellos sometidos a la precarización laboral.

Este régimen que se está desarrollando en el Poder Judicial desde hace una década, crea una gran angustia en los trabajadores judiciales que no pueden estar seguros de tener un trabajo y un ingreso estable. Y que son azuzados a largas jornadas de trabajo, haciendo infinidad de horas extras, que ni siquiera son pagadas como simples; a presentarse a las oficinas en feriados y fuera del horario laboral, también sin ser recompensados por el esfuerzo realizado; a aceptar todo tipo de maltratos y arbitrariedades de jueces prepotentes. Hay jueces que consideran su juzgado como un feudo y a sus trabajadores como siervos de la gleba sin derecho a protestar por sus denigrantes condiciones de trabajo. Y si alguno protesta, sabe que puede ser cesanteado al finalizar el semestre de su contrato. Y ese despido será ocultado como un 'cese de contratación', incluso se trate de personal que trabaja desde hace una década.

El llamado contrato permanente, es en realidad, un verdadero fraude laboral. Y el objetivo es el disciplinamiento social de los trabajadores judiciales a un soberano Juez, que es señor indiscutido. Esto se evidencia en que la efectivización de los contratados no implica costo financiero alguno, porque los contratados, ganan igual que los trabajadores judiciales efectivos.

Por eso, más allá de que hay sectores políticos que consideren nociva o favorable la reforma del Código de Procedimientos Penales en marcha, es necesario YA, PREVIAMENTE a su implementación, normalizar la situación de miles de trabajadores judiciales pasándolos a la planta permanente, con un piso de iguales derechos y salarios que tienen al presente. Es un acto de justicia elemental.

Esto daría también una clara señal al conjunto de la clase obrera de la Nación, que es necesario encarar la abolición del trabajo tercerizado y precarizado.

Por estos argumentos solicitamos, señor diputado, su adhesión a este Proyecto de Resolución.