La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar repudio por el derrocamiento del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fuera destituido coercitivamente por parte del las fuerzas armadas de dicho país el día 28 de junio de 2009.

Señor presidente:

El día 28 de junio del corriente año ocurrió lo que constituiría el primer golpe de Estado en América Central desde el fin de la Guerra Fría.

El ejército de Honduras derrocó al presidente Manuel Zelaya, que en los últimos días se había enfrentado con la Corte Suprema y los militares por su controvertido proyecto reeleccionista, y nombró en su lugar al presidente del Congreso, Roberto Micheletti.

Zelaya fue sacado por la fuerza por un grupo de militares que irrumpieron fuertemente armados en el palacio presidencial en las primeras horas de la mañana. Inmediatamente, el mandatario, aún en pijama, fue trasladado al aeropuerto de Tegucigalpa, donde abordó un avión que lo llevó a San José, capital de Costa Rica.

El mandatario dijo desde el aeropuerto de San José: "A mí casi me asesinan en la mañana; entraron a balazos; rompieron las puertas a balazos; entraron militares encapuchados y me sacaron amenazado de muerte".

El golpe de Estado, que provocó una fuerte conmoción en la región y despertó una unánime condena internacional, fue en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia. "El Poder Judicial deja constancia de que el origen de las acciones del día de hoy (por el día 28 de junio del 2009) están basadas en una orden judicial emitida por un juez competente. Su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales", señaló el comunicado del máximo tribunal del país. "Las fuerzas armadas, como defensoras del imperio de la Constitución, han actuado en defensa del Estado de Derecho, obligando a cumplir las disposiciones legales a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna", concluye el texto.

Zelaya había mantenido su voluntad de convocar a una consulta popular, pese a que ésta había sido declarada ilegal por la justicia hondureña y a que había despertado un fuerte rechazo en el Congreso y en los sectores militares, especialmente el jefe del ejército Romeo Vásquez, que fue depuesto por el presidente la semana pasada y al que la Corte Suprema ordenó restituir en su cargo.

El presidente pretendía obtener el apoyo de la población para convocar a un referéndum, el próximo 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales, para habilitar la reforma constitucional y permitir la reelección presidencial.

Horas después de la expulsión de Zelaya del poder, los diputados, convocados por los militares, designaron presidente interino del país al presidente del Congreso, Roberto Micheletti. Lo hicieron tras aceptar una supuesta carta de renuncia del mandatario.

El Parlamento decidió que Micheletti estará en el cargo hasta que termine el mandato que le correspondía a Zelaya, el 27 de enero de 2010. Micheletti fue elegido en virtud de una disposición constitucional que establece que, en ausencia absoluta del presidente y el vicepresidente (que renunció en 2008), el titular del Parlamento asume el cargo.

Asimismo, por lo menos ocho ministros del gabinete de Zelaya fueron detenidos por los militares, entre ellos la canciller, Patricia Rodas, que fue trasladada a una base de la fuerza aérea hondureña. La detención de la canciller coincidió con la presencia en la residencia de Rodas de los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los diplomáticos denunciaron haber sido "retenidos" y "golpeados" por "militares encapuchados", según reveló el embajador de Venezuela, Armando Laguna.

La destitución de Zelaya provocó una unánime condena internacional. Mientras que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos expresaban su rechazo a la "detención" del presidente hondureño, Venezuela, Bolivia, la Argentina y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros, denunciaban abiertamente un "golpe".

En paralelo, durante el proceso de este episodio, soldados y vehículos blindados en las calles de la capital se enfrentaron a golpes con los manifestantes, reportando así violentos arrestos masivos.

Consideramos que el derrocamiento de Zelaya es una violación del orden constitucional en Honduras, por ello es que como representantes del pueblo argentino, creemos que es importante condenar de forma unánime y enérgica el golpe militar que derrocó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y reclamar la pronta restitución del depuesto mandatario.

Es imperante que todos los líderes de América latina, una región con una larga historia de golpes militares, pero que en las últimas décadas logró restablecer el orden democrático, rechacen acciones coercitivas como esta, que atentan contra las instituciones democráticas porque sabemos que la época de las dictaduras militares en América latina ya pasó.

Por todo lo expuesto, es que pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de declaración, solicitándoles su aprobación.