La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su preocupación y enérgico repudio ante los hechos, actos, agresiones y los diferentes tipos de violencia ejercida contra los miembros de las llamada "Asambleas por la Vida", que militan por causas ambientales, así como contra la comunidad de Famatina, en la provincia de La Rioja, y autoridades comunales de esa ciudad.

De la misma manera expresar preocupación por la violación sistemática a los derechos humanos sufridas por los miembros de esa comunidad, a pesar de las reiteradas denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes.

Señor presidente:

El sábado 11 de mayo de 2013, en la localidad riojana de Famatina, pasadas las 13 horas, un grupo de las fuerzas de seguridad de la provincia agredió de manera violenta a un grupo de asambleístas y de la comunidad del lugar que se estaban expresando en forma pacífica sobre los emprendimientos mineros.

Estas expresiones comenzaron en el año 2006, período en el cual los vecinos de dicha localidad se han mantenido en plan de lucha permanente para que no se instale allí el emprendimiento minero, dispuesta a comenzar la explotación de minería abierta en el cordón montañoso. La extracción de oro realizada de esa manera implica la explosión mediante dinamita de montañas enteras, la utilización de cianuro para el procedimiento extractivo, el uso del agua potable de la región -bien natural no renovable- en cantidades gigantescas, con sus consecuencias de contaminación, deterioro de los recursos naturales y muerte. La precariedad de la actividad estaría degradando el ambiente, haciendo prácticamente irrecuperable lo que hoy es un paraíso natural y un reservorio para las generaciones futuras.

El medio ambiente es todo lo que circunda y condiciona la vida de las personas. Debe ser hoy un tema ineludible e indelegable en la agenda de la gestión; por eso las políticas y proyectos que hacia él se orienten deben incluir la noción de hábitat del hombre, la naturaleza, la cultura ambiental, la educación y comunicación, para que cada vez sean menos los habitantes que convivan con un aire impuro, y cada vez más los que puedan gozar y disfrutar de un ambiente apto, saludable, orientado a una mejor calidad de vida.

A raíz de esto, la comunidad se ha organizado. Desde la primera muestra de movilización, ha habido una inusitada persecución, hostigamiento, atentados, amedrentamiento y quita de asistencia social a los vecinos en general, y especialmente a los que son activistas y máximos referentes de la causa.

El gobernador Luis Beder Herrera muchas veces ha dejado a la buena de Dios a la comunidad serrana y a la estructura de su intendencia, (opositora al emprendimiento) que en varias ocasiones no ha podido afrontar los gastos que demanda la administración y el funcionamiento diario de la comuna.

Ese sábado 11 de mayo, las escenas de violencia demostraron la creciente conflictividad que produce este tipo de proyectos mineros de gran escala y en particular el Proyecto Famatina que pretende ser desarrollado por privados. El gobierno riojano viene ignorando y reprimiendo la opinión y expresión de la comunidad.

Por eso es necesario que se realice una investigación exhaustiva de lo sucedido allí, de la actuación de la fuerza de seguridad y un replanteo de lo que se pretende para la zona. Es Prioritario que se escuche de manera efectiva la voluntad del pueblo, que se cumpla con lo que la constitución nacional y la provincial establecen con respecto al medio ambiente y al mal desempeño de la gestión de los funcionarios públicos, y que se haga sentir la voz de los integrantes de la Asamblea que en definitiva es el pueblo que se manifiesta contra los planes mineros de la multinacional Osisko -responsable de la explotación- y el gobierno provincial.

La libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente son dos pilares de la democracia. Los hechos acaecidos constituyen una clara violación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional y Pactos Internacionales de raigambre constitucional.

Cuando el estado impone a los pueblos decisiones que son incompatibles con sus formas de vida y avala proyectos productivos que ponen en riesgo su salud y los recursos naturales, los ciudadanos tienen derecho a expresar pacíficamente su disconformidad, a reclamar y ser escuchados por las autoridades y la respuesta no debe ser nunca la violencia.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a los señores Diputados que acompañen el presente proyecto.