La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su repudio absoluto ante el golpe de Estado contra el Presidente Constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya, y solicitar su inmediato reestablecimiento en el cargo.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento, el pasado fin de semana asistimos a un Golpe de Estado contra el Presidente constitucional de la República de Honduras, D. Manuel Zelaya, con el consiguiente establecimiento de un gobierno ilegítimo encabezado por Roberto Micheletti.

En este sentido, la posición del gobierno argentino y del conjunto de la comunidad internacional ha sido de unánime rechazo y condena frente a lo que constituye un retorno a los peores recuerdos y formas propias de las dictaduras latinoamericanas de siglos anteriores.

Tal como afirmó nuestro Canciller Jorge Taiana, "el repudio de la Argentina al golpe es completo y total. América Latina no tiene que aceptar este intento de retorno al pasado. Somos firmes, no vamos a reconocer un gobierno surgido de un acto de fuerza y apelamos a todos los hermanos latinoamericanos a repudiar, no dejar pasar y hacer retroceder este golpe en Honduras".

Es por ello que nuestro país no sólo ha condenado al golpe de Estado en forma clara y contundente, sino que también ha postergado la asunción del recientemente nombrado Embajador en la República de Honduras. La Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, se pronunció en el mismo sentido, expresando su preocupación ante la situación que "recuerda lo peor de la barbarie."

El conjunto de la comunidad americana de naciones y sus instituciones, así como la Organización de los Estados Americanos, han condenado esta alteración del proceso democrático y han solicitado que se respete la integridad física y constitucional del Presidente Zelaya y de sus ministros, los cuales han sido detenidos y exiliados en algunos casos, violándose todo tipo de garantías y derechos fundamentales.

Este tipo de acciones militares constituyen un atentado contra la democracia y no condicen con el desarrollo político de la región. Las cuestiones de orden constitucional deben ser resueltas de forma pacífica, por el diálogo y en el marco de la institucionalidad democrática, tal como sostiene la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos.

Por todo lo expuesto y por la gravedad de las circunstancias es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente Proyecto.