La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su más enérgico repudio ante la decisión del Gobierno español de denegar el trámite de extradición a la República Argentina de los imputados por la comisión de crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista, cuya comparecencia ha sido requerida por la justicia argentina.

Asimismo, solicitar al Gobierno español la inmediata implementación de todas las medidas administrativas y procesales a los efectos de dar curso al efectivo cumplimiento del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial vigente entre ambos países.

Señor presidente:

Las recientes declaraciones del Ministro de Justicia del Gobierno español, Rafael Catalá, en respuesta a la interpelación parlamentaria de la que ha sido objeto acerca de la negativa del Gobierno español a extraditar a la República Argentina a los imputados por la comisión de crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista, han causado enorme conmoción, no sólo entre los actores fundamentales del proceso, sino en amplios sectores políticos y de organizaciones de defensa de los derechos humanos en ambos países.

En efecto, en la comparecencia ante el Parlamento español, el citado funcionario justificó tanto la denegación de las extradiciones en la causa que instruye la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría, como la habilitación de los pasos procesales necesarios para la debida instrucción de la causa en la justicia española.

Esta denegación se ha fundamentado en dos argumentos centrales.

Por un lado, el supuesto "déficit democrático" (1) que la República Argentina padecería. Ante estas inquietantes aseveraciones, la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA)- integrada por más de cien asociaciones del Estado español- manifestó que en la Argentina no sólo se instruyen numerosísimos juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar argentina, sino que hay más de seiscientos represores sentenciados y más de mil procesados en todo el territorio nacional. Recuerda, además, que ello ha sido posible porque en Argentina fueron anuladas las leyes de impunidad y se inició una política de Estado fuertemente vinculada a la reparación, juicio y castigo por los crímenes cometidos durante la feroz dictadura que asoló al país. Mientras este proceso lleva su curso en la Argentina, en España- contrario sensu- no hay un solo responsable de los innumerables crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo que haya sido sometido a la acción de la justicia. Esta impunidad se ampara en una ley de amnistía que vulnera todos los tratados internacionales sobre derechos humanos y, por ende, la propia Constitución española.

En segundo lugar, el Ministro de Justicia español ha manifestado que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, como el cumplimiento de los tratados internacionales vigentes, impiden la habilitación del proceso de extradición requerido. En este sentido, es importante recordar que son innumerables las declaraciones de preocupación de distintos organismos de derechos humanos por la lentitud con que las autoridades políticas y la administración de justicia españolas se han avocado a la instrucción de estos procesos. Dichas "condenas" se han producido, precisamente, por vulnerar los convenios internacionales que según el ministro han impedido otorgar las extradiciones. Recientemente, desde las Naciones Unidas, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, han advertido severamente al gobierno español por no extraditar a los requeridos por la justicia argentina o acordar su juzgamiento por parte de la justicia española. En definitiva, ¿cuáles son los tratados internacionales que impiden extraditar o juzgar a los requeridos?

En concreto, las declaraciones del ministro de justicia español apuntan a desconocer el valor del juicio que tramita desde hace cinco años en Argentina por los crímenes del franquismo, mientras el gobierno español ignora los reclamos formulados por Naciones Unidas.

Es importante recordar, que, en marzo pasado (2) , los representantes de las víctimas se han reunido con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, para referirse a la querella y denunciar la actitud del Gobierno español, que rechazó el 13 de marzo del corriente año la extradición de los 20 imputados franquistas que solicitó la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso. En línea con este requerimiento, distintos sectores políticos españoles- Izquierda Unida, Iniciativa por Cataluña-Verdes, Chunta Aragonesista, entre otros-, han solicitado la revocación del acuerdo dado por el Consejo de Ministros el 13 de marzo pasado, por medio del cual se negó la extradición solicitada por las autoridades argentinas de aquellas personas acusadas de graves crímenes realizados durante la dictadura franquista.

Por otro lado, el Tratado de extradición vigente entre Argentina y España es incumplido por el gobierno español. Si no juzga debe extraditar, pero no cumple con ninguna de las dos alternativas. En efecto, el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial, está vigente desde 1990, no obstante lo cual, en mayo de 2013, el Gobierno español realizó una protesta formal ante el Gobierno argentino cuando estaban por producirse las primeras videoconferencias entre la jueza María Servini de Cubría y las víctimas. En aquel comunicado, España alegó que se estaba incumpliendo el Tratado entre ambos países porque interpretaba que se necesitaba su autorización para que pudieran presentarse testigos ante el consulado argentino. Esta podría ser una de las razones formales por las que España deniega hoy el efectivo cumplimiento del Tratado vigente entre ambos países.

El reconocido abogado argentino en materia de derechos humanos, Carlos Slepoy, manifestó que, por razones de urgencia- lo cual se corresponde con los casos de delitos de lesa humanidad-, se puede pedir la detención previa en el marco de un proceso de extradición y, por lo tanto, es obligación detener a esas personas y ponerlas a disposición judicial. (3)

Eso significaba que los seis exministros franquistas y los otros 12 imputados tenían que haber sido detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional. El mencionado jurista, manifestó que "El Gobierno español dio órdenes a la Interpol de España, además, para que no los detuvieran. Por eso pedimos al Ejecutivo argentino que eleve su protesta por el incumplimiento del Tratado ante un hecho tan grave como éste". (4)

Más allá del derrotero del proceso que es motivo del presente proyecto de declaración, es importante tener en cuenta que, en España, ya se han dado pasos efectivos para el comienzo de las investigaciones vinculadas al período del franquismo, a través del establecimiento de una comisión de la verdad, que ha tenido un apoyo masivo de la dirigencia política española, con la sola excepción del Partido Popular.

En conclusión, estimamos que la humanidad ha transitado- en las últimas décadas- un largo y sinuoso camino en la búsqueda de construir un consenso favorable a la vigencia de la justicia universal en los casos de crímenes de lesa humanidad que, como tales, son imprescriptibles y deben ser juzgados de manera irrevocable.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.