La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la compraventa de inmuebles por extranjeros en áreas de frontera de las provincias de Corrientes y Misiones y de la zona andino-patagónica.

1. Qué medidas ha tomado o prevé tomar la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior para revisar o corregir los expedientes de Previa Conformidad observados por irregularidades durante la auditoría que realizó la Auditoría General de la Nación sobre compraventa de tierras por extranjeros en áreas de frontera de las provincias de Corrientes y Misiones, entre abril y octubre de 2008.

2. Qué medidas ha tomado o prevé tomar la Secretaría de Seguridad Interior para revisar o corregir los expedientes de Previa Conformidad observados por irregularidades durante la auditoría que realizó la Auditoría General de la Nación sobre compraventa de tierras por extranjeros en áreas de frontera de la zona andino-patagónica, entre septiembre de 2007 y marzo de 2008.

3. Si prevé extender esa revisión al resto de los expedientes aprobados por la Secretaría de Seguridad Interior y que no fueron revisados por la AGN.

4. Si es cierto que a noviembre de 2008 la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras (DATF), que depende de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, carecía de estructura para inspeccionar in situ la ejecución real de los Proyectos de Inversión en Zonas de Seguridad, tal como informó el organismo en Nota DATF Nº7-921/1. En caso de respuesta afirmativa detalle si desde esa fecha dotó a la DATF de una estructura organizativa, presupuesto y recursos humanos para poder cumplir con su tarea.

5. ¿Qué organismo se ocupó de inspeccionar la ejecución real de los proyectos de inversión de parte de personas jurídicas nacionales y extranjeras en las Zonas de Seguridad hasta noviembre de 2008?

6. Detalle a través de qué mecanismos el Estado nacional procura y garantiza una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable en las Zonas de Seguridad de todo el país.

Señor presidente:

Como un fantasma que sobrevuela nuestra soberanía como nación, la extranjerización de las tierras en Argentina ya es una realidad, favorecida por las urgencias económicas que en nombre del precio cancelan el valor. El desmantelamiento del Estado en los tiempos del mundo sin fronteras, simplificado como "la globalización", debilitó los controles y favoreció las relaciones incestuosas entre los negocios privados y funcionarios omisos, cuando no directamente implicados en el desmanejo de lo que es de todos: el Estado. La advertencia sobre el peligro de que tierras argentinas pasen a manos de dueños extranjeros ya ha sido blandida por dirigentes de todos los signos políticos, de modo que urge ponerle freno a ese proceso, actualizando tanto las leyes y normas que regulan la compraventa de inmuebles en las Zonas de Seguridad (1) de nuestro país como perfeccionando el trabajo de los organismos del Estado sobre los que cae la responsabilidad de aprobar o rechazar esos Proyectos de Inversión para defender lo que es patrimonio de los argentinos. Un control que demanda de organismos gubernamentales eficaces y activos para monitorear y controlar esos mismos compromisos, estipulados en esos Proyectos de Inversión.

La preocupación que expresa el presente pedido de informes surge directamente del contenido de los dos Informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el control o, mejor, la falta de control de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI) del Ministerio del Interior en la compraventa de tierras por extranjeros en áreas de frontera de las provincias de Corrientes y Misiones y de la zona andino-patagónica, presentados en abril de 2009 y noviembre de 2008 respectivamente.

En su Informe de noviembre de 2008 la AGN constató que solo el 48% de los expedientes aprobados por la Secretaría de Seguridad Interior y revisados por la Auditoría entre enero de 2003 y agosto de 2007 cumplían con toda la normativa vigente, mientras que el restante 52% cumplía con la normativa de manera parcial. Estas son algunas de las irregularidades que relevó la AGN para el caso específico de la zona andino patagónica:

- En el 81% de los 68 expedientes de Previa Conformidad aprobados y revisados no se adjuntaba información mínima sobre los accidentes orográficos o hidrográficos que dificultan o facilitan el tránsito de personas por el límite internacional, (tal como lo estipulaba el inciso d) del art. 14 de la Resolución 1751/95)

- El 15% de los Proyectos de Inversión presentados estaban incompletos.

En el caso específico de las provincias de Corrientes y Misiones, la AGN constató similares irregularidades, tal como refleja el Informe de Auditoría de abril de 2009:

- El 86% de los 62 expedientes aprobados y revisados cumplía en su totalidad con la normativa vigente y el 14% la cumplía de manera parcial.

- El 86% de los expedientes aprobados y revisados por vía de excepción no contaba con la copia de la escritura, lo que dificultó conocer el nombre del titular del inmueble que se compró o arrendó.

Como la AGN sólo revisó la mitad de los expedientes aprobados por la SSI se impone conocer cuáles serán las medidas que tomará el Poder Ejecutivo Nacional en la materia: si revisará o no los expedientes de Previa Conformidad observados por la AGN y si extenderá esa revisión de expedientes al resto de los trámites de Previa Conformidad aprobados y que no fueron auditados por la AGN.

A su vez, la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera (DATF) informó por Nota DATF Nº7-921/1 que a noviembre de 2008 no contaba con la estructura mínima para inspeccionar in situ la ejecución real de los proyectos de inversión en Zonas de Seguridad. También en este caso se impone conocer si tal falencia fue subsanada.

En la medida en que los temas ambientales y la preocupación por el recalentamiento de la tierra se han convertido en prioridad de las democracias desarrolladas del mundo precisamos que el Estado Nacional explique cuáles son las políticas que desarrolla para garantizar el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en la Ley General de Ambiente Nº 25.675. En este sentido nos llama la atención que sólo se exija la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental en los expedientes de Previa Conformidad que se tramitan por vía de excepción: esta

obligación incluye a las personas físicas extranjeras con menos de 10 años de residencia en el país que desean comprar o arrendar inmuebles rurales dentro de las Zonas de Seguridad (art. 9 de la Resolución 166/09); a las personas jurídicas extranjeras que desean comprar o arrendar inmuebles rurales en las Zonas de Seguridad (art. 11 de la Resolución 166/09); a las personas argentinas naturalizadas con menos de 5 años de residencia en nuestro país (art. 18 de la Resolución 166/09) y a las personas físicas o jurídicas extranjeras que desean comprar o arrendar inmuebles en los centros urbanos o localidades de las Zonas de Seguridad (art. 18 de la Resolución 166/09), como si el daño al medioambiente resultara más dañino cuando lo realiza una empresa extranjera que una empresa en manos nacionales, o cuando lo realiza una persona física extranjera y no un connacional. En todo caso, las consecuencias del daño ambiental las padecemos todos los argentinos, sin importar quién fue el responsable de perpetrarlo.

Coincidimos con el espíritu del Decreto Ley Nº 15.385, reemplazado por el artículo 42 de la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional, respecto de la conveniencia de que los bienes ubicados en Zonas de Seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. Lo que pretendemos es alertar al Poder Ejecutivo Nacional respecto de cuáles son los recursos naturales que estamos poniendo en riesgo cuando exigimos la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental únicamente a las personas físicas y a las personas jurídicas extranjeras que quieran comprar inmuebles de naturaleza rural (arts. 9º, 11º y 24º de la Resolución 166/2009), y a los argentinos naturalizados y las personas físicas o jurídicas extranjeras que desean comprar o arrendar un inmueble en cualquier centro urbano o localidad de las Zonas de Seguridad (arts. 18º y 24º de la Resolución 166/2009).

La zona andino-patagónica es una región de gran importancia forestal y es la zona del país en la cual los bosques presentan menor estado de degradación. Se trata de la región con mayor porcentaje de áreas boscosas en zonas naturales protegidas, hoy en riesgo por el avance de la ganadería, los incendios y la actividad forestal cortoplacista. El bosque protege la estructura del suelo, evita la erosión hídrica y regula los cursos de agua, mientras que la deforestación aumenta de manera indirecta el efecto invernadero. Tal como consta en el Informe de Auditoría de noviembre de 2008, la posesión o tenencia de inmuebles en Zonas de Seguridad también se vincula con la presencia de agua dulce en cuencas altas de los ríos que atraviesan la región patagónica (2) , recurso estratégico para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la población actual y futura. Por último, en esta zona se

encuentran parques nacionales como el Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, que conforman un polo de atracción turística nacional e internacional.

Las áreas de frontera de las provincias de Corrientes y Misiones coinciden con el parque mesopotámico y la selva misionera. Como esta región en la actualidad ya está fuertemente antropizada y la actividad económica del área presiona a la vegetación original resulta imprescindible conocer las actividades que se proyectan realizar en los inmuebles para asegurar su sustentabilidad, cualquiera fuera la naturaleza jurídica y la nacionalidad del que concrete esas actividades.

Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.